Nacionalización de cementera abre pelea legal en Bolivia

Negocios • 2 Septiembre 2010 - 2:08pm — Reuters

La Sociedad Boliviana de Cemento, que es 53% del político conservador, Samuel Doria Medina, y 47% del Grupo de Cementos Chihuahua, asegura que el presidente Evo Morales cometía un "abuso de poder" que contradice su discurso de apertura a inversiones.

La Paz, Bolivia • La empresa boliviano-mexicana afectada por la nacionalización de una fábrica de cemento en Bolivia informó que dará batalla legal contra esa decisión del gobierno, que a su vez anunció que definirá en seis meses una eventual indemnización.

La Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), - que es 53 por ciento del político conservador, Samuel Doria Medina, y 47 por ciento del Grupo de Cementos Chihuahua-, explicó que el presidente Evo Morales cometía un "abuso de poder" que contradecía su discurso de apertura a inversiones.

Soboce señaló que "defenderá su patrimonio y todos los derechos que la ley ampara y garantiza, porque la arbitraria expropiación (...) es un acto contra toda legalidad".

El gobierno replicó que su política de nacionalizaciones, que se inició en 2006 en el sector energético y se extendió luego a la minería, la generación eléctrica y las telecomunicaciones, sólo afecta a ex públicas que fueron privatizadas mayormente en la década neoliberal de 1990.

El gobierno sostuvo que Doria Medina cometió "tráfico de influencias" al adquirir en 1999 un tercio de la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa) utilizando una ley aprobada siete años antes cuando él era ministro de Planeamiento.

La reversión a dominio público de 33.34 por ciento de acciones que Soboce tenía en Fancesa desde la privatización fue decretada el miércoles.

Las acciones, por las que Soboce pagó 26 millones de dólares, volvieron a su antigua propietaria, la ex prefectura y actual gobernación del departamento de Chuquisaca, que deberá pagar la compensación que determine un estudio independiente.

La disposición no afectó a los otros dos socios estatales de la industria ubicada en la ciudad sureña de Sucre.

"Es un castigo a la gente que invierte", afirmó desde Estados Unidos Doria Medina, en una declaración publicada por el diario La Razón.

La Confederación de Empresarios declaró que Morales estaba dando "un mensaje desalentador (...), un golpe muy duro a una empresa nacional y por ende al sector productivo en conjunto".

En respuesta, el ministro de Economía, Luis Arce, aseguró que la medida formaba parte de una política de "recuperación" de empresas que no debería provocar inseguridad entre las inversiones privadas de origen.

"Dijimos con anticipación a todos que el Gobierno nacional iba a recuperar las empresas que le pertenecían y fueron privatizadas durante el período neoliberal", señaló Arce en conferencia de prensa.

"El resto de las inversiones privadas que se realicen no tenemos la menor intención de afectar", afirmó.

El decreto de expropiación dispone que la valuación de las acciones expropiadas tomará en cuenta los pasivos sociales, ambientales, deudas y otras obligaciones de la empresa.

Fancesa tuvo en 2009 una participación de casi 30 por ciento en el mercado boliviano de cemento, con una producción superior a 500 mil toneladas. La firma registró el año pasado ventas por 65.7 millones de dólares y una utilidad neta de 17.9 millones de dólares.