“Sin readaptación México perderá ante delincuencia”

Metrópoli •

Advierten perder la lucha si México no logra una verdadera reinserción social. La inseguridad en México no se va a solucionar sacando al ejército a las calles.

Durango • .- El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco, y Presidente de la Comisión Nacional de Tribunales –CONATRIB- Rodolfo Campos Montejo externó su preocupación ante el control que la delincuencia organizada mantiene en las cárceles de México y aseguró que mientras no se tenga un verdadero sistema de readaptación, el país habrá perdido esta lucha.

Pese al hermetismo que la mayoría de los participantes en el Encuentro Nacional de Procuradores mantuvieron en la ceremonia de inauguración, sólo el Presidente de la Comisión Nacional de Tribunales brindó una entrevista a medios nacionales y locales, en la que habló de su preocupación por el poder que la delincuencia mantiene en las cárceles de los estados.

“De nada sirve legislar los delitos, castigarlos, perseguirlos, si vemos que en realidad la delincuencia organizada se ha adueñado de las cárceles del país, creo que hay una deuda enorme dentro de los diálogos convocados por el presidente, pues se se esta atendiendo como prioritario el tema del sistema penitenciario y ahí hay un saldo completamente negativo”.

Aseguró que mientras México no tenga una verdadera reinserción social, una verdadera readaptación social y que quien esté en la cárcel pueda estar sometido, que no existan desde ahí llamadas de extorsión, que no se sigan planeado secuestros y se siga vendiendo droga; “mientras todo esto no se vea y se atienda como debe de ser y mientras no se les de a los custodios el salario que va acorde a su responsabilidad, equipamiento y seguridad que merecen, parte de lo que aquí se diga quedará como bandera y publicidad política”, reiteró.

El Presidente del Tribunal de Tabasco, Rodolfo Campos señaló que México merece y exige que se vean estos temas con responsabilidad, “la cual inicia con una sesión presupuestaria y con la inversión que se requiere”.

Afirmó que el problema de la inseguridad en México no se va a solucionar sacando al Ejército a las calles y aunque sólo están haciendo su trabajo, considera que la fuerza militar está entrando en un desgaste natural.

Sobre el narcomenudeo expresó que es absurdo que se considere así, hasta que una persona tenga medio kilo de cocaína o 5 de marihuana, “desde el punto de vista en el que se considera narcomenudeo es un absurdo, no estamos de acuerdo, es una mala planeación y vemos aquí con preocupación que eso hace más difícil el trabajo de las procuradurías de los Estados, urge un cambio”, afirmó.






Protestan en la reunión


Una protesta que se realizó frente a la sede de la reunión de procuradores, puso con los nervios de punta a los encargados de la seguridad del evento y aunque realizaron su manifestación de manera pacífica, los organizadores buscaron la forma de evitar que los inconformes se acercaran a menos de 20 metros del ingreso principal.

Con esta manifestación el dirigente de la Coalición Durango Nos Une, Juan Carlos Gutiérrez y el diputado federal, Marcos Cruz pretendían entregar un comunicado al Procurador General de la República.

“Nuestra presencia aquí obedece a que pretendemos tener una audiencia con el Procurador, pero también queremos entregarle este oficio”, acto seguido dio lectura al comunicado.

En este documento la Coalición dio a conocer lo siguiente:

“Deseamos hacer de su conocimiento que ante el desaseo generado durante el proceso electoral local 2010, presentamos ante la PGR, diversas denuncias por la comisión de delitos electorales y de carácter penal que se suscitaron el 4 de Julio, posteriormente a consecuencia de los hechos delictivos relacionados con el Centro de Readaptación Social número 2 de Gómez Palacio Durango, ante aquella subdelegación presentamos formal denuncia en contra de Ismael Hernández y funcionarios penitenciarios por los hechos vinculados al robo de urnas en Gómez y Lerdo”.

En resumen, este documento contiene una serie de irregularidades registradas durante y posterior al proceso electoral de Durango y que de acuerdo a su óptica constituyen delitos electorales y penales.