México • ¿Puede la apertura de datos de un gobierno disminuir muertes y delitos entre la población? La respuesta es sí.

En Reino Unido, la tasa de mortalidad en cirugías disminuyó 50 por ciento luego de que el gremio de médicos publicó sus estadísticas.

También se pusieron en línea los mapas de delincuencia en distintas zonas de las ciudades, incluido el número de arrestos y el tipo de sentencia que recibieron.

La apertura de datos es la tendencia del futuro de la transparencia, pero no únicamente como un instrumento de información para combatir la corrupción, sino como acciones que de manera directa influyan en la calidad de vida de las sociedades.

En México este modelo de gobiernos abiertos ya empezó a desarrollarse, luego de que el mismo día que asumió la presidencia de Estados Unidos, en 2008, Barack Obama firmó el Memorando sobre Transparencia y Gobiernos Abiertos.

Posteriormente, la ONU impulsó la Alianza para el Gobierno Abierto, que ya integra 57 países, incluido México desde 2011.

A pesar de que no se trata de una obligación legal, México se ha convertido en un “muy buen referente” de gobiernos abiertos en Sudamérica y Europa, además existe una buena apertura de la autoridad con la sociedad civil, aseguró Ricardo Corona, coordinador del tema de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad.

Aclaró que esta alianza a la que se sumó México únicamente obliga al Ejecutivo federal a atender las solicitudes de organizaciones civiles para que la información sirva como insumo para realizar análisis o estudios.

Corona explicó que el gobierno abierto en México se basa en una relación en la que participan el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, la Secretaría de la Función Pública y la sociedad civil que está regulada por lineamientos, sin la necesidad de imponer reglamentos o leyes.

Y a pesar de que no están obligados, Ricardo Corona comentó que también existen esfuerzos de gobiernos abiertos que ofrecen información en archivos que pueden modificarse, los cuales están a disposición en portales de internet, y que mantienen una relación horizontal y abierta con organizaciones sociales para brindar información en los gobiernos municipales de Puebla y Metepec, y en los estatales de Oaxaca, Veracruz y el Estado de México.

El Distrito Federal ya cuenta también con este mecanismo en su portal de internet, al que puede accederse con una contraseña.

En el gobierno federal, además de publicar información sobre contratos, remuneraciones, concesiones, permisos y autorizaciones, se han difundido datos sobre la producción de petróleo, las bases de datos sobre las muertes por enfrentamientos entre grupos delictivos, los resultados de la prueba Enlace, el padrón de beneficiarios del programa para la organización productiva de mujeres indígenas, centros educativos que participan en Escuela Segura y las encuestas nacionales de empleo, ingreso y gasto y adicciones.

Se trata de información que cualquier persona puede copiar, distribuir, adaptar, mostrar o incluir los datos en otros documentos con fines comerciales y no comerciales.

Como parte de esta estrategia de gobierno abierto, en la administración federal se trabajó en simplificar y poner a disposición en internet 300 trámites que se realizan con mayor frecuencia, pero también se busca ir más allá y diseñar servicios de transparencia útiles para el ciudadano.

En septiembre, el titular de la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Joel Salas, anunció el próximo lanzamiento por parte de la Procuraduría General de la República de un sistema para que las víctimas del delito puedan conocer el estatus que guarda su averiguación previa.

En la pasada Semana de la Transparencia que organizó el IFAI, el titular del Programa de Transparencia y Datos abiertos del Reino Unido, Simon French, dijo que en su país los programas de transparencia se basarán en el futuro en datos abiertos como un impulsor económico.

También aseguró que la apertura ha influido en la mejora de los servicios públicos, como la reducción de la mortalidad en cirugías y la divulgación del mapa delictivo para que los ciudadanos conozcan qué tipo de ilícitos se cometen en distintas zonas.