México • Como jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador puede presumir de tener el programa de expropiación de predios para viviendas más ambicioso de los últimos años y al que se le ha dado continuidad en la administración de Marcelo Ebrard.

De diciembre de 2000 a diciembre de 2006, López Obrador y Alejandro Encinas, sucesor en su último
año de gobierno, expropiaron a través del Instituto de Vivienda capitalino (Invi) mil 107 predios para beneficiar a miles de familias.

Sin embargo, hace 12 años, David Barrios pagó 8 mil pesos para apartar un departamento en Artesanos 22, colonia Guerrero, y que le costaría cerca de 400 mil pesos a mensualidades de casi mil pesos, pero ya pasaron dos administraciones y la casa que soñó para vivir con su familia se ha convertido en una pesadilla.

“Estoy muy molesto, harto, fastidiado por tantas mentiras y engaños de los que hemos sido objeto. No sólo yo, sino los demás vecinos de este predio. Molestia que va dirigida hacia el director general del Invi, José Antonio Revah, y demás servidores públicos que nos han traído a vueltas para la demolición y reconstrucción del inmueble”, expuso.

Si bien en el periodo de López Obrador como jefe de Gobierno se expropiaron más de un millar de predios, de acuerdo con la consejería jurídica y de servicios legales del GDF, poco más de 300 terrenos no se han pagado a sus dueños.

Además, en 120 los dueños promovieron juicios de amparo y las autoridades cayeron en desacato.

De acuerdo con la organización Campamentos Unidos, 30 inmuebles ya tienen sentencia aprobatoria de reversión.

“Tenemos 300 inmuebles que tiene el DF expropiados sin pagar. Son del tiempo de Andrés Manuel (López Obrador) y no se los quieren pagar a los dueños que es lo peor. Tenemos un problema muy serio con el DF que no quiere cumplir los acuerdos ni quisiera la ley que le corresponde cumplir”, acusa Dora María Robles, representante de vivienda e integrante del Frente Revolucionario de Organizaciones en Movimiento.

Algunos de los predios que han ganado orden de reversión, de acuerdo con el Frente Revolucionario de Organizaciones en Movimiento y publicados en el Diario Oficial de la Federación, son el de las calles Mina 204 y Talavera 24, colonia Guerrero, Tonalá 125, Roma y Miguel Shults 48, 50 y 52 en la colonia San Rafael.

De acuerdo con el dueño del predio de la calle de Mina, Jacobo Coja Pérez, su terreno de mil metros cuadrados tiene que ser devuelto porque está valuado en 15 millones de pesos.

Él pide 10 millones como último precio, “pero el GDF quiere pagarme 3 millones de pesos”, dice.

“El predio de Mina fue expropiado por el GDF hace 10 años, de los cuales el dueño metió juicio y no le han querido pagar; lo demolieron, lo construyeron y hasta lo entregaron y todavía no se lo pagan al dueño (Jacobo Coja Pérez)”, denuncia Dora María Robles, del Frente Revolucionario de Organizaciones en Movimiento.

En esa misma situación se encuentra el predio de la calle Artesanos 22 de la colonia Guerrero, el cual desde hace tres años fue declarado de alto riesgo, expropiado y abandonado. Los vecinos recibieron un certificado del Invi con el que aseguraban una vivienda.

La desesperación para David Barrios ha llegado a su punto máximo, porque lo que alguna vez le prometieron como su casa, ahora está a punto de derrumbarse y en peligro de que la invadan.

“Después de tres años y de estar desocupado el predio como pueden ver ya se convirtió en basurero, está inhabitable. Pero no entendemos porque el Invi nos hace esto, si hemos cumplido con cada uno de los requisitos y hemos aportado dinero”, dice David, de 54 años.

En los últimos 12 años durante las administraciones, el Invu ha invertido 3 mil 501 millones 372 mil 350 pesos de pesos en el programa de mejoramiento de vivienda, el cual ha entregado 88 mil 32 créditos. Ninguno de ellos para David Barrios y los 15 vecinos de Artesanos 22.

Miguel Montero, de 62 años, es otro de los afectados. Llevaba cuatro décadas de vivir en ese vieja construcción de principios de siglo 20 de la calle de Artesanos. Es maestro y pintor de acabados y hace tres años tuvo que salirse de su casa, porque el Invi había autorizado su demolición para comenzar la construcción.

Pero como todo se ha atrasado, don Miguel está dispuesto a regresar a ese lugar, pese a que las condiciones sean deplorables y que la construcción esté a punto de caerse.

“Si no tiran en este año lo arreglo y me regreso, porque yo ya no aguanto, porque es engaño tras engaño”, dice don Miguel con lágrimas en los ojos.

Actualmente, Don Miguel paga dos mil pesos de renta en Cuautepec barrio bajo, pese a tener un predio aprobado como su casa y que ha pagado al INVI para su demolición y la construcción de su nuevo departamento, pero para él todo ese proyecto ha sido un fraude y la desilusión más grande de su vida, porque le hubiera gustado pasar los últimos años de su vida en lo que supuestamente sería su casa: “aunque está inhabitable, no tiene caso morirme en otro lado, aquí viví toda mi vida”.