México • Mucha gente piensa que hacer la maleta es muy simple, algo aprendido, pero es mi último verano aquí. Estoy nerviosa y siento que se alarga mi retorno a casa.”

Con esas palabras Giovanna comienza a relatar su estancia en la Comunidad de Mujeres, de menores infractoras. Su vida cambió cuando a los 16 años de edad ingresó a la sección de tratamiento por cometer un homicidio, pero justifica que fue en defensa propia.

Le gusta bromear y al preguntarle sobre las galletas que fabrica en el taller de gastronomía que le proporciona la institución ríe y dice “son recetas de la abuela, que no se pueden compartir.”

Mira con firmeza y le cuesta trabajo decir lo que pasó el día de su detención, pero lo comparte siempre y cuando recordarlo no la lastime. “Fue por homicidio, maté a alguien a los 16 años y nunca hablo de eso, es un caso familiar que está guardado.”

Luego de tres años 8 meses, sentencia determinada en su caso y ya con 20 años de edad, asegura que está lista para reintegrarse a su familia, retomar el ritmo de la vida y ajustarse nuevamente a la sociedad.

“Me siento muy ansiosa por salir. El principio fue lo más difícil, no quería hacer las cosas, dejaba que el tiempo se pasará y dormía. Lo que aquí viví aquí se queda, me llevo mucho, pero saliendo habrá que vivir el otro presente, el nuevo” afirma.

Como ella, en México cada año son detenidos alrededor de 40 mil menores por cometer violaciones a la ley, de los cuales menos de 10 por ciento son mujeres. De acuerdo con cifras de la Dirección General de Tratamiento para Adolescentes en el Distrito Federal, actualmente existen 5 mil 14 varones infractores en tratamiento y apenas 285 féminas. De estos, 656 varones están internados con una sentencia dictada y sólo 36 mujeres en la única comunidad para el género en el Distrito Federal.

Entre las menores, la causa más común es el robo agravado en pandilla, seguido por delitos contra la salud, homicidios y secuestros. Emilia Flores Melo, directora de la Comunidad para Mujeres de adolescentes en conflicto con la Ley, señaló que “el nivel de gravedad sigue siendo el mismo, pero han aumentado los delitos menores, donde el ingreso como el egreso se mueven muy lentamente”.

Agregó que la mayoría de las jóvenes infractoras se involucra en delitos “por amor”, es decir, influenciadas por sus parejas.

“El querer a alguien implica lealtades, fidelidades y acompañamientos y a veces eso las pone en riesgo. El novio, el amigo o la misma familia hacen que ellas se involucren en delitos. Son raros los casos de iniciativa, generalmente son acompañantes” explicó.

Así ocurrió con Mariana. Días antes de cumplir 18 años fue remitida a la agencia 57 del Ministerio Público, especializada en delitos cometidos por niños, niñas y adolescentes.

Su delito fue complicidad y robo agravado en pandilla. Convencida por su novio de 16 años de edad, comenzó a asaltar.

“Nos detuvieron porque robábamos coches, casas, comercios y yo era cómplice de mi pareja, incluso menor que yo, de 16 años, junto con su familia”.

Para Mariana, arrepentirse no solucionaría nada. Ve hacía adelante y concluye su proceso como un aprendizaje y enseñanza. “No es malo estar aquí, a nadie se le desea, pero es una gran lección. Lo más difícil es el entenderme a mí misma, llegué por ignorar mi intuición y con esto aprendes a conocerte y entenderte.”

Lo que para muchas internas representaría una derrota, para Mariana significa revivir anhelos que dejó pendientes cuando ingresó. Una vez cumplida su condena quiere reiniciar su vida y convertirse en bailarina.

“En casa quieres hacer tu santa voluntad y es cuando hay problemas. Eso me pasó, me confundí”.

En el 2008 la Comunidad de Mujeres, ubicada en Periférico Sur, contaba con 29 adolescentes en internamiento. Durante 2009 subió a 63 sentenciadas y en los últimos tres años el número se mantiene entre 35 y 40 internas.

Una vez detenidas, las jóvenes son trasladadas al Ministerio Público. Ahí se determina su proceso ya sea en calidad de internamiento, o bien, pueden llevar un tratamiento de externación.

En caso de tener hijos, a petición de las madres, la Comunidad realiza un estudio socioeconómico para revisar las condiciones de vida y vivienda de las infractoras para valorar si los bebés son ingresados con ellas.

Flores Melo explicó que el modelo de atención comunitaria integral para adolescentes se fundamenta en un programa de actividades estructurado. Este programa va de acuerdo con la vida exterior para que las jóvenes encuentren su desarrollo personal.

“La ley nos obliga a dar una actividad educativa y socio-laboral que les brinde herramientas de calidad técnica salgan”, explicó.