México • 111 países en el mundo permiten que sus ciudadanos voten aun viviendo en el extranjero. En todos los casos se trata de democracias que tienen en este derecho un reconocimiento explícito de que los derechos ciudadanos se preservan más allá de la geografía nacional. En tiempos de la mayor movilidad humana del planeta (230 millones de personas radican en un lugar distinto al que nacieron), considerar que una persona preserva su condición de ciudadano aun cuando emigre, parece obvio. Ciertamente no lo es para todos y no siempre es un asunto evidente. Hay países donde el tema suscita un debate profundo, rasga las vestiduras de más de uno y saca las entrañas nacionalistas más decimonónicas de muchos.

En otros, el asunto es un problema de trámite, de financiamiento, de reglamentación adecuada. De esta manera, mientras hay países donde la práctica del voto en el exterior es un simple refrendo de la ciudadanía por la vía más simple, esto es, ser parte de la comunidad que elige el futuro de su país, al cual la mayoría de los expatriados del mundo se sienten vinculados pese al tiempo de vivir fuera y de la distancia en kilómetros, en otros, es un trámite engorroso y hasta molesto que hay que cumplir. Es preciso señalar que en ningún caso, en ninguno, el voto en el exterior ha sido un voto definitivo para el resultado de una elección nacional. Puede llegar a serlo a nivel local donde realmente radica la fuerza de las comunidades de migrantes.

Si bien cada voto cuenta, y de ahí la importancia de que voten, su mayor peso es simbólico ya que evidencia el hecho de que “las naciones dejaron de ser hace tiempo una geografía acotada y “donde está un nacional de cada país, la patria se extiende”.

De esta manera, es posible ver franceses desde México votando por el futuro presidente de su país, largas filas de ecuatorianos en Madrid para votar en más de una elección, o peruanos rozando los 400 mil votantes radicados en el exterior, éstas son tan sólo imágenes cada vez más recurrentes de un paisaje previsible y deseable de la norma democrática internacional.

Lo que actualmente sorprende, en realidad, son los casos donde sigue habiendo resistencia o intentos de acotar este derecho, por ejemplo, en Chile y Uruguay donde explícitamente el voto en el exterior sigue sin aprobarse pese al estado democrático de sus sistemas y la demanda por este derecho sostenida a lo largo ya de bastante tiempo.

En México el voto en el exterior se consiguió luego de una larga lucha contra la discriminación del sistema político mexicano que, al excluir, por ausencia de norma, a la comunidad de emigrantes más grande del planeta, que actualmente es de 12 millones de mexicanos que radican en el extranjero; 94 por ciento en Estados Unidos el resto en por lo menos 130 países del planeta. El derecho a votar en el exterior se aprobó en 1996, pero dado que no se reglamentó sino hasta 2005, durante un largo periodo se impidió, administrativamente, que se pudiera ejercer este derecho ciudadano.

Las elecciones de 2006 fueron la primera experiencia del voto en el exterior en México, exclusivamente para presidente. En 2012 este derecho se amplió al permitir que los residentes oriundos de la Ciudad de México voten, desde el extranjero, para elegir al jefe de Gobierno de la ciudad (voto chilango). Con esta experiencia, inédita en el mundo, México dio un paso en ampliar las posibilidades de participación trasnacional. Ahora bien, pese a la importancia que para la democracia mexicana tiene el permitir que sus ciudadanos voten desde el exterior, el sistema electoral mexicano y específicamente la modalidad de voto que se aprobó desde 2005 es de tal nivel de complejidad procedimental que de facto se vuelve una forma de exclusión por la vía administrativa. Con la cantidad de candados que tiene la modalidad con que se vota en México desde el extranjero, el propio sistema se vuelve una limitante para propiciar lo deseable, ampliar las posibilidades de que efectivamente los mexicanos en el exterior pudieran votar en números representativos a su propia magnitud demográfica, que aun en los casos más modestos pudiera llegar a uno por ciento (lo que equivale a 120 mil), cifra que dobla el número de los inscritos en esta elección que rebasa ya los 62 mil registrados para votar, que si bien mejoraron frente al registro de la elección pasada, sigue siendo un número muy bajo frente al universo potencial de votantes. ¿Dónde está el candado más obvio? En este momento y dado que el IFE hizo un par de ajustes para facilitar la votación en esta elección (simplificó el llenado del formato de registro, el envío postal, el pago por el envío del voto), hay una coincidencia de prácticamente todas las partes para señalar que es la credencial del IFE como requisito para votar donde se “atora” la posibilidad de sumar votantes. La credencial del IFE es un requisito que usamos los mexicanos de manera habitual para muchas cosas más que votar, por lo mismo, para los migrantes no tiene el mismo uso e importancia y muchas veces no la encuentran, la perdieron o simplemente la dejaron en México —razones sobran—, de tal forma que no tener la credencial del IFE se ha vuelto el impedimento más obvio que hay para poder votar desde el extranjero. Pero no es un asunto fácil de resolver ya que es esta credencial el elemento central en que se basa la credibilidad democrática, punto nodal del sistema electoral mexicano. Sin credencial del IFE no hay voto y sin ésta, por lo menos bajo los procedimientos actuales para votar en México, es imposible ampliar efectivamente la base de potenciales votantes mexicanos en el extranjero.

La propuesta que parece obvia es que dicha credencial pueda obtenerse no solo en México, sino justamente en el extranjero —embajadas y consulados mexicanos que son territorio nacional.

Sin embargo, cuando lo obvio no se hace en tiempo y forma, como es en este caso, puede prestarse a un uso electorero que abusa del desconocimiento y buena fe de los propios migrantes mexicanos y también, claro está, de los que radicamos en el territorio nacional. Para muestra basta un botón: el pasado 23 de marzo los diputados Norma Leticia Salazar (PAN), Jorge Humberto López Portillo (PRI), y Alejandro Encinas (PRD) declararon que presentarían una iniciativa de ley para aprobar, en periodo extraordinario, el que la credencial del IFE pueda obtenerse en el extranjero, esto, dijeron, “con la intención de evitar la doble discriminación de los paisanos por no contar con dicho instrumento que permitiría votar en mayor número”.

Esto que suena interesante y hasta plausible dada la crítica por el alto costo que representa el voto en el exterior en relación al número de votantes registrados, es una propuesta tardía e irresponsable, que, de haberse presentado hace uno o dos años hubiera cambiado las posibilidades de participación electoral de millones de mexicanos. Hacerlo cuando incluso el registro de electores mexicanos ya cerró como lo sabe cualquier diputado (15 de enero) es simplemente demagogia.

De esta manera, si bien México se incluyó ya en la lista de países que preservan la ciudadanía de sus connacionales sin menoscabo de la opción de emigrar que cada uno pueda tener en algún momento de sus vidas, lo que se cuestiona con el ejercicio electoral concreto es que, con una sobrerreglamentación y dada la desconfianza como base de nuestro acuerdo político, el voto en el exterior sigue siendo, aun aprobado y reglamentado, una situación de discriminación política, y de uso electorero irresponsable sin demasiadas consecuencias políticas que pagar por quienes tienen larga cola que pisar.