Oaxaca y Guerrero • Un contingente de 20 mil profesores de Oaxaca de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación llegará a la Ciudad de México para manifestarse y exigir a la Federación la entrega de 200 millones de pesos de 3 mil millones para aplicar su plan alternativo de sustitución a la prueba Enlace; también exigirán la entrega de los fondos retenidos del acuerdo de rezonificación salarial pactado tras la revuelta social de 2006.

El Plan de Transformación Educativa, que reclaman los profesores oaxaqueños, contempla en una primera etapa una aplicación de fondos por el orden de los 200 millones de pesos y se tiene como opción suplir los alcances de la prueba que se canceló en Oaxaca, tras su última movilización en mayo pasado.

Con el instrumento, los maestros del estado serán evaluados con esquemas propios regulados y certificados por el Instituto Politécnico Nacional.

A la par de la evaluación se ejercerán acciones de corto y largo plazo para hacer valer un modelo educativo propio, que responda a las particularidades y necesidades pedagógicas, étnicas, lingüísticas, culturales, sociales, económicas y geográficas de la entidad.

Los educadores pretenden exigir a la Federación la validación del esquema y los fondos para ejecutarlo, que en una primera etapa podrían implicar una inversión de 200 millones de pesos hasta completar los 3 mil millones que se requieren para instrumentar el esquema logrado del consenso y último acuerdo entre el gobernador Gabino Cué y el propio gremio, que mantuvieron durante más de 17 días tomadas las principales calles del centro histórico y paralizaron las labores educativas en perjuicio de un millón 380 mil escolares, que acuden a más de 14 mil escuelas, en los 570 ayuntamientos oaxaqueños.

El líder del gremio, Azael Santiago Chepi, informó que el recurso y el compromiso de hacerlo efectivo en los términos se firmó ante las autoridades federales.

Mencionó que al parecer los fondos están aún retenidos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Educación Pública para su aplicación a favor de los profesores.

La minuta

El conflicto magisterial en Guerrero llegó a su fin tras la firma de una minuta de acuerdos que establece la aplicación de la evaluación universal en forma voluntaria, además se pactó que no habrá sanciones penales, administrativas ni económicas contra los profesores que participaron en el movimiento.

La tarde de ayer la disidencia magisterial desmanteló en forma definitiva el plantón que mantenía en el lado sur de Chilpancingo, luego de que su Comisión Política firmara un documento en el que se establecen cinco acuerdos fundamentales para conjurar el movimiento que generó el cierre de carreteras, toma de edificios públicos, plantones y hasta enfrentamientos con
la policía.

En la residencia oficial Casa Guerrero, el gobernador Ángel Aguirre Rivero, acompañado de la estructura de la Secretaría de Educación local, recibió a la dirigencia de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (Ceteg), que estuvo encabezada por su secretario general, Gonzalo Juárez Ocampo.

Los acuerdos

Silvia Romero Suárez, titular de la Secretaría de Educación de Guerrero se dio a la tarea de leer el cuerpo de la minuta firmada ayer, misma que en un primer punto establece que “en cuanto a los maestros integrantes de la Ceteg, se difiere la aplicación de la evaluación universal y pruebas estandarizadas, en tanto se lleva a cabo y se conocen los resolutivos del segundo Congreso de Educación Cultura y Deporte, que definirá objetivos y modelos de evaluación propios”.

Se indica que por ningún motivo o circunstancia habrá sanciones para los maestros que se mantengan firmes en la determinación de no ir a la aplicación de la prueba estandarizada.

En segundo lugar, el gobierno estatal se comprometió a financiar y reconocer los resolutivos que emanen del segundo Congreso que está previsto se desarrolle en octubre próximo.

El tercer punto de la minuta establece que el gobierno aguirrista promoverá una iniciativa de ley ante el Congreso local, encaminada a promover la creación de una subsecretaría de educación indígena.

Y en el cuarto punto se acordó dar seguimiento a las mesas de trabajo bilaterales, con la intención de que la administración pública local responda a los planteamientos de los mentores.