Ejido Morelos, Tomatlán • .- Esta es una tierra que fue defendida a punta de pistola por sus actuales habitantes, hace medio siglo, cuando arribaron a formar ejidos con el mandato presidencial de conquistar la feraz, bronca y remota costa mexicana del Pacífico. Ahora, desde las esferas gubernamentales, la jugada cambió, pues llegó la hora de los negocios, contra lo cual se levantan las primeras voces: campesinos se dicen engañados con la compraventa de terrenos y prometen tomar acciones para defenderlas.

La nueva lógica de negocios se ha generado con el megaproyecto Chalacatepec, denominado como el “nuevo Cancún” por el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, quien lo lanzó oficialmente hace una semana, en una coinversión del Instituto de Pensiones del Estado y el fondo de inversión Rasaland, con la bendición del gobierno federal a través del Fondo Nacional de Fomento Turístico (Fonatur).

El capital para arrancar asciende a 183 millones de dólares, la mayor parte invertido en terrenos (unos 157 millones de dólares). Pero ni siquiera 10 por ciento del monto llegó a manos de los ejidatarios de José María Morelos, según denunciaron integrantes del núcleo agrario que tuvo por 40 años la posesión de las 1,200 hectáreas que alojarán el desarrollo.

Ya vendieron como 60 campesinos. Habría al menos otros 20 que se niegan a ceder, aunque el comisariado asegura que en el caso de las 1,200 hectáreas, sólo dos están pendientes. Los pagos podrían promediar cien mil pesos por hectárea, aunque a últimas fechas, las ofertas se han ido a un tope de 250 mil pesos, sin excluir las advertencias de perder todo si no se recapacita (en la Riviera Nayarit, la hectárea se cotiza entre 100 mil y 600 mil… dólares —ver Público, 29 de enero de 2008—).

La presión a los posesionarios, denuncia, se las aplica personal del gobierno de Jalisco, comprometido con la empresa desde al menos 2004, así como los propios compradores privados, quienes aluden a una escritura de pequeña propiedad (llamada Xola-Paramán) que echaría abajo el régimen ejidal justamente en esa demarcación situada frente al mar, coinciden testimonios de diversos campesinos .

“O vendes ahora o te quedas sin nada”, cuentan que les dijo Cola de caballo, un agente de bienes raíces llamado Ignacio Moreno, a decenas de posesionarios, quien trabaja para el empresario Ricardo Santacruz. A los que se aferran a su parcela, la amenaza de perderlo todo los mantiene sumidos en la preocupación.

Así, se ha comenzado a organizar una creciente disidencia interna que ve con recelo esta Jauja prometida, con sus miles de empleos y su derrama económica. El enclave turístico, que incluye casi trece mil cuartos, marina, campo de golf, entre las lagunas de Chalacatepec y Paramán, tiende a excluirlos, se queja el secretario del ejido, Elías Sánchez Vázquez.

La idea cada vez más dominante es que se les ha despojado de una tierra que les pertenece, y que el recién aprobado Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) de Tomatlán fue “traje a la medida” para favorecer a los grandes inversionistas sobre los intereses de los pueblos. “Vamos a defender en los dos frentes los derechos del ejido”, les prometió el asesor del núcleo agrario, Pedro León Corrales.

Para el presidente del comisariado, Ricardo Vázquez Nájar, el caso de las ventas a bajo precio fue inevitable. “Nos llegaron con datos desde el gobierno del estado, de que esto era parte de una pequeña propiedad, y qué le hacemos, la gente mejor vendía antes de perderlo todo”. Reconoce que se sacó poco dinero, aunque en lo que va de sus casi tres años de gestión, ingresaron a las arcas del ejido cinco millones de pesos por concepto de un cobro de 5 por ciento con que se carga a cada operación de compraventa.

“Lo que yo hago es aconsejar que no vendan, porque están dando muy barato […] que se esperen a que se termine el proceso de certificación del ejido, para que puedan vender a buen precio. Pero ya de esto, ni modo, no podemos hacer nada…”.

—¿No cree que se debió defender esa tierra con tantos años de posesión?

—Lo que pasa es que todos los comisariados de antes decían, hay que defenderse de la pequeña propiedad, pero hubo un juicio que se perdió, y ya no había forma. Les dijeron que o vendían barato o se iban a terminar quedando sin nada.

Según León Corrales, el “truco” es que los promotores de la supuesta pequeña propiedad lograron en un juicio que no fue atendido en su momento por el comisariado ejidal, echar abajo la ejecución del ejido, bajo el argumento de que se había afectado de forma incorrecta una superficie privada ajena al latifundio de la hacienda La Nance o La Nanci, la cual fue entregada por el general Roberto Fierros Villalobos para la dotación de ejidos.

“Pero la resolución presidencial, que marca 12,400 hectáreas para Morelos, no ha sido cambiada; debo decir que en ningún sitio de esa resolución se habla de que la ex hacienda colinde con una propiedad llamada Xola-Paramán o algo parecido […] nosotros creemos que se trata de una escritura que puede ser genuina, pero corresponde a una zona distinta, y allí está la trampa”, afirma.

De hecho, el 26 de junio de 2009, la Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de la Reforma Agraria ordenó a su delegado estatal intervenir para que se inscribiera el decreto presidencial que dotó a Morelos el 12 de abril de 1960, en el Registro Público de la Propiedad y Comercio, delegación de Puerto Vallarta, lo que implicaba reconocer la resolución en plenitud y cancelar escrituras que contravengan ese decreto. La citada oficina se negó a hacerlo. Los ejidatarios ahora prometen no quedar con los brazos cruzados, ayer ordenaron a su asesor establecer una estrategia legal para hacer valer su decreto, lo que los llevaría a comparecer ante la justicia federal.

El avance del proyecto turístico se ha dado de forma discreta desde 2004, cuando el gobierno de Francisco Ramírez Acuña lanzó su agresiva campaña para desarrollar la costa de Jalisco, retomando el concepto de Costalegre de Guillermo Cosío Vidaurri, cancelado trece años antes. El mandatario dio recursos a tres proyectos carreteros, dos de los cuales sólo ocasionaron los daños ambientales de rigor, pero no se concluyeron. También adquirió la propiedad de un conjunto de parcelas para edificar una aeropista de dimensiones notables: se habla de al menos 2.7 kilómetros de longitud. Esa infraestructura, junto con las ampliaciones de la carretera federal 200, es la base para que los turistas de alto nivel socioeconómico lleguen a Chalacatepec, el Cancún del Pacífico.

Las obras de la aeropista están avanzadas, y se enclavan a unos pocos metros de la laguna Paramán, lo que lleva a la ambientalista Raquel Gutiérrez Nájera a atisbar un indudable daño en el estero.

Además, “nos están dificultando el paso a nuestras parcelas”, se queja Adelaido González. El tránsito de las trocas es ahora por otros caminos que permanecen en mal estado, pese a la promesa gubernamental de darles mantenimiento.

En la adquisición de ese terreno se repite el patrón: compensan a ejidatarios por una presunta pequeña propiedad, que además, les dona la SRA, asegura León Corrales.

De este modo, los ejidatarios de José María Morelos no son los nuevos millonarios de la costa de Jalisco. Aunque en algunas casas ha entrado más dinero de lo que imaginaron nunca. Hay campesinos que recibieron de tres a tres y medio millones de pesos. Si pensaban que sería su felicidad, ese recurso ha tenido también un efecto perverso: incentivar la pequeña industria del secuestro. En los últimos meses se acumulan cuatro víctimas en esta zona. “Son gentes que habían vendido sus tierras, ellos lo sabían y decidieron aprovecharlo”.

Así termina un largo periodo de tranquilidad. Fue en 1978, recuerda Elías Sánchez, cuando se dispararon las últimas balas en la pelea con los posesionarios de Higuera Blanca, por tierras dotadas al ejido. El enfrentamiento venía desde 1960, y había cobrado varias vidas de migrantes. “Los soldados detuvieron al presidente del ejido y se lo llevaron a la penal después de la balacera […] fue para ablandar a la gente, después se firmó un convenio y todos tranquilos”. Entonces se acabaron las viejas y enconadas rencillas por la tierra. Esas que hoy parecen resucitar.

Pescadores, en incertidumbre

Han vivido más de 30 años de lo que cosechan en los esteros y en las bahías, pero ahora su oficio está en riesgo ante la llegada de un megaproyecto que significa su reubicación.

“Somos 36 familias las que vivimos de la pesca, algunos son ejidatarios, otros sólo vecinos, pero tenemos derechos, permisos en regla como cooperativa y fuimos dados de alta ante la asamblea del ejido […] se produce lobina, mojarra, robalo, camarón, y muchos productos más, fundamentalmente para nuestras familias, no para comerciar, por eso nos preocupa tanto”, señala Adán Magaña Licea.

Ahora con el cambio de posesionarios en el entorno de las lagunas de Xola-Paramán y Chalacatepec, así como de la zona que colinda con la playa, les anunciaron que se deben cambiar de sitio, lo que ocasiona gran incertidumbre.

“No se les va a impedir su actividad; se trata solamente de que se reubiquen, pero podrán seguir pescando en toda el área, son zonas federales”, asegura el presidente ejidal, Ricardo Vázquez Nájar.

“Cancún jalisciense”

“Vamos a hacer un nuevo Cancún, pero bien hecho”, fueron las palabras que utilizó el gobernador Emilio González Márquez, el 26 de enero pasado, para anunciar el proyecto de 1,200 hectáreas.

El megadesarrollo turístico estaría ubicado en Tomatlán, en el litoral del Pacífico, en las inmediaciones del estero protegido de Chalacatepec, al sur del santuario tortuguero de Mismaloya y al norte de la reserva de la biosfera Chamela-Cuixmala. Entre las ventajas que mencionó el Ejecutivo, se halla la cercanía de este lugar con el aeropuerto de Costalegre y la ampliación de las carreteras de la zona.

La inversión sería financiada por el Instituto de Pensiones del Estado (como tal, es la primera vez que realiza una inversión) y el desarrollador privado Rasaland (RLD). Pensiones aportaría inicialmente 89 millones de dólares, mientras que RLD pondría 94 millones. A largo plazo, la inversión prevista es de 1,300 millones de dólares.

El proyecto arrancó oficialmente el 26 de enero, ya con la totalidad de los predios del ejido José María Morelos adquiridos, según informó el gobierno. Se pagaron 157 mdd por ellos, y la infraestructura para las primeras 450 hectáreas requerirá inversión de 27 mdd en los próximos años.