Detectan más de 25 mil casos de acoso sexual en instituciones públicas

Tendencias • 5 Enero 2010 - 3:59pm — Blanca Valadéz / Milenio

En números absolutos la SEP, IMSS, ISSSTE y SEMAR presentan el mayor número de casos de acoso sexual considerando ambos sexos.

Ciudad de México • Los resultados obtenidos de una encuesta aplicada por el Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría de la Función Pública, en 258 instituciones públicas, reveló que por lo menos 25 mil 728 personas han sido víctimas de acosos y hostigamiento sexual.

“En números absolutos la SEP, IMSS, ISSSTE y SEMAR presentan el mayor número de casos de acoso sexual considerando ambos sexos, aunque en números relativos Presidencia, Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Salud, el ISSSTE, Secretaría de Energía y Secretaría de Relaciones Exteriores presentan los mayores porcentajes de personas que reportan haber sido víctimas de hostigamiento o acoso sexual, todos ellos entre un 11 y un 14.6 por ciento”.

El cuestionario de cultura institucional con perspectiva de género, que se aplicó en el 2008 y a penas se dio a conocer, contó con la participación de 277 mil 89 personas, de ellas 42 por ciento mujeres y 58 por ciento hombres.

Para INMUJERES los 25 mil 728 casos de acoso sexual detectados en la administración pública ameritan “una extrema atención”.

De las 25 mil 728 personas que reportaron haber sido víctimas de hostigamiento sexual, sólo siete mil 796 denunciaron su caso ante las autoridades y mecanismos competentes, de las cuales tres mil 65 fueron hombres y cuatro mil 731 mujeres.

“Sólo un 34 por ciento de las personas que declararon haber denunciado su caso quedaron conformes con la respuesta dada por su institución”.
Para el 50 por ciento de los hombres encuestados en su institución existen mecanismos para denunciar casos de hostigamiento o acoso sexual.

Para el caso de las mujeres, el 68 por ciento no está de acuerdo con que existen mecanismos para denunciar casos de hostigamiento o acoso sexual. Sólo el 32 por ciento está de acuerdo.

Otro aspecto importante que arroja esta encuesta es que cerca del 25 por ciento de las mujeres y hombres consideran las autoridades de su institución intimidan o maltratan a las personas por su condición de mujeres u hombres.

El 28.2 por ciento de la población consideró que en su institución no se previenen y sancionan las prácticas de intimidación y maltrato y este mismo indicador, desagregado por sexo, es de 35.6 por ciento para mujeres y 22.8 por ciento para hombres.

“Ocho de cada diez personas encuestadas están de acuerdo en que consideran necesario que exista un mecanismo para proteger a mujeres y hombres de hostigamiento o acoso sexual y sólo un cinco por ciento del total están en desacuerdo”.

Asimismo, ocho de cada diez personas encuestadas consideran que su institución debe promover políticas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal y sólo un cinco por ciento tiene una percepción contraria.

En la encuesta también revela que la mitad de las trabajadoras consideran que sus trabajos “se otorgan promociones al personal debido a relaciones afectivas, influencia o apariencia física”. El 41 por ciento piensa que el amiguismo priva por encima de lo profesional.

Otro aspecto importante es la licencia de paternidad que otorgan las instituciones a los varones como parte del compromiso adquirido con la mujer en el cuidado de los hijos durante los primeros días de nacimiento.

La encuesta reporta que el 92 por ciento de hombres no cuentan con licencia de paternidad. En general, el 30 por ciento de la población encuestada consideró que en su institución existe esta licencia.

Por institución, la Secretaría de la Defensa Nacional es la que registra porcentajes más altos en las respuestas favorables (33.4% muy de acuerdo y 13.1% algo de acuerdo), así como los menores porcentajes en las respuestas negativas (5.4% algo en desacuerdo y 23.9% muy en desacuerdo).

Para INMUJERES es fundamental contar con una administración pública federal basada en habilidades y aptitudes, sin discriminación; donde los salarios y prestaciones se otorguen de manera transparente; garantice la corresponsabilidad del estado en la conciliación de la vida familiar y laboral del personal, y establezca los mecanismos de denuncia para eliminar las practicas de hostigamiento y acoso laboral.