Las cuentas públicas de Juvenal Hernández Llanos no han sido aprobadas por el Congreso local, debido a que la Auditoría Superior del Estado todavía no concluye la investigación de sus manejos financieros durante el trienio 2005-2007 en el municipio de Altamira.

El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, el diputado Enrique Blackmore Smer, sostuvo que ese ejercicio no ha recibido aprobación de la Legislatura, debido a que el titular del organismo fiscalizador, Gerardo Robles Riestra, aún no entrega el informe de resultados correspondiente.

Explicó que la auditoría sigue su curso, y que continúan solventándose las observaciones que en su momento se hayan hecho a Hernández Llanos.

A diferencia de Ciudad Madero, Tampico y Altamira continúan pendientes de aprobarse; pero es este último municipio el que más ha estado bajo la lupa, por encontrarse inconsistencias en la aplicación de los recursos.

Ahí, la Auditoría Superior de la Federación detectó desorden e irregularidades administrativas en la aplicación de fondos de programas federales de 2007.

Por su parte, el 27 de marzo del año pasado, el entonces auditor Superior del Estado, Raúl Hernández Chavarría, señaló que en Altamira se estaba examinando la obra pública para determinar si la calidad de la misma correspondía a los recursos que se reportaron como ejercidos. En ese momento, dijo que también se estaban fiscalizando el soporte de las compras realizadas a lo largo de la administración y el padrón de proveedores, aunque se negó a dar detalles.

Y es que tras vencer el plazo de 60 días que marca la Ley de Entrega-Recepción para que las autoridades municipales entrantes reportaran las posibles anomalías que hubieran encontrado, surgieron observaciones en torno a las deudas dejadas por los ex alcaldes de Altamira y Madero. Por lo anterior, se habría de determinar si los pasivos estaban sustentados, en medio de señalamientos de los diputados de oposición que sospechaban de obras fantasma y otras irregularidades en el manejo financiero.

“Son administraciones que traen problemas en sus pasivos, pero la Auditoría Superior no puede dar la información porque apenas estamos en proceso de revisión, no podemos anticiparnos”, dijo en aquél entonces Hernández Chavarría.

El mes pasado recibieron luz verde del Pleno Legislativo las cuentas públicas del ahora diputado local Guadalupe González Galván, quien también heredó un fuerte pasivo a su sucesor; sin embargo Altamira continúa pendiente, sin que se conozcan los avances de las investigaciones.

Observó órgano de fiscalización irregularidades
La Auditoría Federal halló inconsistencias en la cuenta pública 2007 de Altamira.

Al auditar los fondos del FISM y Fortamun, se detectó la aplicación de recursos en obras no autorizadas, laxitud en fianzas a contratistas, disposición indebida de dinero para pago de pasivo, entre otras situaciones.

En el Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), la ASF emitió ocho observaciones y dos solicitudes para fincar responsabilidades administrativas contra aquellos funcionarios que incurrieron en actos u omisiones.

En 24 obras, el Ayuntamiento no presentó la notificación de inicio y terminación de trabajos por parte de los contratistas, quienes además no entregaron debidamente las fianzas de cumplimiento y de vicios ocultos. No se integraron de forma correcta los expedientes técnicos, violando con ello la ley. Además, en 11 obras no se tuvo evidencia de que la gente las hubiera solicitado.

En lo que respecta al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun) se emitieron 9 observaciones y 2 promociones de responsabilidad administrativa. Con la revisión de los estados de cuenta bancarios, auxiliares contables y pólizas de diario, se detectó que se destinó 1 millón 946 mil pesos a obras, acciones y pago de pasivos de 2005 y 2006, los cuales no se encuentran dentro de las prioridades que señala el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal; asimismo, no atienden el cumplimiento de las funciones y servicios públicos de los municipios.

Además, en 16 obras del Fortamun, el municipio no proporcionó la autorización del Cabildo para su ejecución, y tampoco la notificación de inicio y terminación de los trabajos y el importe total autorizado.

Hubo obras que no se comprobó que estuvieran incluidas en el programa anual del municipio, por lo que se pidió a Contraloría proceder en consecuencia.
La Auditoría de la Federación dictaminó que el 3.8% del monto ejercido a través de Fortamun, se aplicó en renglones que no corresponden a los fines del fondo.

El 14.9% del gasto se usó en el pago de pasivos y el 34.6% en alumbrado público, lo que restó al municipio la posibilidad de disponer mayores recursos para la realización de proyectos para el fortalecimiento municipal.

La Auditoría Superior de la Federación ordenó que los recursos que no fueron debidamente aplicados se reintegraran, para ir solventando así todas y cada una de las observaciones que se emitieron al municipio.

Todavía están pagando deuda
Afirma tesorero que las observaciones fueron solventadas y la cuenta se aprobará

La actual administración municipal todavía está pagando la deuda que dejó Juvenal Hernández Llanos en Altamira. El pasivo heredado fue de 80 millones de pesos, mismos que aún no son cubiertos en su totalidad, reconoció el tesorero Ciro Hernández Arteaga.

“Aún tenemos algunos pendientes de la deuda de cuenta corriente, y la de Banobras está liquidada entre un 90 y un 95 por ciento”. Señaló que aún con esta herencia, el municipio salió adelante y no se vieron afectados por esta situación los programas de obras y servicios.

La presente administración adeuda entre 35 y 40 millones de pesos, que incluyen tanto el resto del débito de Juvenal Hernández como el pasivo propio, y planea gestionar un nuevo crédito por 50 millones a pagar en cinco años.

El responsable de las arcas municipales aseguró que concluyó favorablemente la auditoría efectuada el año pasado por el órgano federal de fiscalización. “Por espacio de casi un mes estuvieron revisando documental y físicamente los programas federales ejercidos en el 2007, y el balance fue positivo”. Dijo que se trató de recomendaciones meramente administrativas, que se han atendido en un 90 por ciento y no implicaron sanciones.

El tesorero afirmó que por parte de la Auditoría Superior del Estado ya se cerró también la revisión y se hicieron un promedio de 30 observaciones que se han ido solventando, por lo que no considera que haya problemas para que el Congreso apruebe las cuentas públicas.

“Fueron detalles normales por el cierre del ejercicio, por el proceso de entrega-recepción, saldos, etcétera, que en su momento se solventó y ya sólo se está esperando la aprobación del Congreso”.

Concluyó que no se puede considerar que existan irregularidades en los manejos de Juvenal Hernández, pues todo se fue aclarando a raíz de las observaciones realizadas.

Básicamente, dijo, la Auditoría pidió a Contraloría cuidar los aspectos normativos para la operación de los programas. El auditor del Estado, Gerardo Robles Riestra, se negó a ser entrevistado.

Cristina Gómez

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