Ciudad de México • El presidente Felipe Calderón negó que en México exista un régimen de excepción y que se hayan cancelado derechos humanos derivado de la lucha contra el crimen organizado. Las acciones del gobierno respetan la ley vigente, sostuvo.

Ante la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, aseguró: “Estamos haciendo un esfuerzo extraordinario pero, debo aclararlo, sobre las normas ordinarias. No hay un régimen excepcional en nuestro país, por el contrario, estamos enfrentando este insólito desafío con un esfuerzo extraordinario, pero sin normas extraordinarias, así sea que estén previstas y desde hace mucho tiempo en la Constitución mexicana: esta diferencia es fundamental compartirla”.

Calderón insistió en que el crimen organizado “se ha convertido en la principal amenaza de los derechos humanos en el país”, e indicó que “son los criminales, más que el Estado, los que están permanentemente atentando” contra periodistas, activistas, migrantes y ciudadanos honestos en México y América Latina.

El mandatario recibió ayer el documento de la ONU que valora el estado que guardan los derechos humanos en México.

Afirmó que su gobierno enfrenta a los criminales “con firmeza, porque no hay otra manera de hacerlo eficazmente (...) pero siempre, siempre, con la plena conciencia de que nuestra primera obligación es observar la ley y proteger y respetar los derechos humanos”.

El jefe del Ejecutivo aseguró a Pillay que el objetivo de esta lucha es lograr que prevalezca el estado de derecho y hacer de México un país de leyes.

“Si queremos que se protejan los derechos de todos debe ser ejerciendo, precisamente, una actividad pública que proteja los derechos de las personas”, dijo el mandatario. Agregó que la instrucción a las fuerzas federales es proteger los derechos humanos de las personas, y cualquier violación debe ser investigada, perseguida y castigada.

“No se trata de una convicción profunda de respeto al marco legal que tenemos, el cual no hemos alterado, es un marco legal que ha continuado vigente y donde no se ha hecho ni declaratorias extraordinarias, ni situaciones excepcionales, ni suspensiones o cancelaciones de derechos que, aunque están previstas en la Constitución, no se ha recurrido a esa figura porque tenemos la convicción de que este esfuerzo tiene que darse en el marco de plena vigencia de las garantías de las personas”, dijo.

Acompañado del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia, el presidente Calderón afirmó que “la violación a tales derechos por cualquier autoridad debe ser perseguida y castigada”.

Firman acuerdo

Durante la visita de la Alta Comisionada de la ONU se firmó el acuerdo de protección a los defensores de derechos humanos, que incluye un protocolo ante situaciones de riesgo o amenaza.

La Secretaría de Gobernación coordinará a las dependencias federales, incluida la PGR, y emitirá acuerdos, lineamientos y manuales para proteger a los activistas. En el mecanismo participarán representantes de ONG.

“El tipo de medida administrativa se verificará según la evaluación de riesgo de cada caso” y Gobernación dictará las medidas para proteger los derechos humanos de otras personas.