Guadalajara • .- Su detención fue un hecho fortuito, pues los talamontes volcaron una de sus camionetas de tres toneladas y eso provocó que fueran advertidos por el personal de Inspección y Vigilancia del bosque La Primavera. Lo cierto es que por primera ocasión desde que existe la dirección ejecutiva del área natural protegida (1997), un presunto delincuente ambiental fue puesto a disposición del Ministerio Público federal, con un cargamento clandestino de madera.

Más sorprendente aún: a quince días de su captura, en un hecho inédito para la historia de la protección oficial de esta floresta, que cumplió 30 años el pasado 6 de marzo, el indiciado permanece bajo resguardo, en la cárcel municipal de Tala. La denuncia de los hechos acaba de ser ratificada por la dirección de la reserva ecológica, lo que obliga a la autoridad ministerial a concluir la investigación y consignarla a un juzgado de distrito.

El vuelco de esta camioneta permitió descubrir el talado ilegal y el robo hormiga de madera dentro del bosque. Foto: Cortesía Dirección Ejecutiva del bosque la Primavera

No obstante la mala fortuna de sus autores, no se trata de un hecho aislado. Durante años, por la zona de Tala, se ha advertido un modus operandi consistente en el robo hormiga de madera o la cacería ilegal, y posteriores cambios de uso del suelo para abrir potreros a los cultivos de caña de azúcar, que pese a la crisis, siguen siendo redituables para los campesinos de la región, pues tienen comprador seguro en el ingenio Tala, el segundo más grande de la república, enclavado en estos linderos.

¿Cómo fueron los hechos? Según el informe elaborado por los responsables de la reserva, “el día 2 de marzo del año en curso, al realizar un recorrido de vigilancia [a las 12:30 horas], se detectó una camioneta de tres toneladas accidentada, cargada de madera de pino y roble en el interior del bosque, antes del ingreso al predio denominado Mesa del Nopal, lugar en el cual se detectan [frecuentemente] actividades de tala clandestina, cacería, vehículos todo terreno —camionetas y cuatrimotos, prohibidos en el área protegida—”; además, se trata del área de mayor riesgo para brotes de incendios forestales, ya que la cosecha de caña de azúcar requiere aún del fuego como instrumento.

Ante el hallazgo, “se trasladó el personal de guardabosques [Miguel Campos, Lince 15] que arribó a las 13:20 horas y advirtió que la camioneta se había volteado sobre su costado izquierdo con la carga respectiva compuesta de trozos de pinos y encinos que llevaba; así mismo, se encontraba otra camioneta de tres toneladas cargada con leña; al cuestionar al responsable de los vehículos [de nombre Dagoberto Salinas Martínez], dijo ser trabajador y no traer el permiso, por lo cual se pidió el apoyo del director de Inspección y Vigilancia del bosque, ingeniero Martín de la Rosa Limón [Lince 3], así como el del guardabosque Leopoldo Calderón [Lince 12] y de la policía del municipio de Tala, para proceder por el delito de derribo sin la autorización correspondiente…”.

A simple vista, precisa el documento, fueron quince árboles de doce a quince metros de altura con diámetros de 30 a 50 centímetros, por lo que se calcula cuando menos la realización de cuatro viajes de madera extraídos del área natural protegida, [en un área] considerada como zona de recuperación”, y donde no se permiten, en consecuencia, actividades extractivas.

El detenido mencionó estar trabajando para un individuo de nombre Santiago y dijo no conocer sus apellidos, “y que éste tenía documentos expedidos por el municipio de Tala y Arenal donde se le otorgaba la autorización para realizar dicha labor”; pero “al no encontrarse en el lugar el antes mencionado [Santiago] y al no tener la documentación que avalara esta actividad, se remitió al presunto responsable, Dagoberto Salinas Martínez, ante las autoridades correspondientes, a las instalaciones de la policía municipal de Tala [14:50 horas], mismos que lo derivaron al Ministerio Público federal, que abrió la averiguación previa 1590/2010 para deslindar responsabilidades”.

Había al menos otros tres cómplices, que huyeron con el pretexto de ir por la documentación que ampararía la legal procedencia de la madera. Una revisión reciente de los daños, realizada bajo la guía del personal de la fiscalía de delitos ambientales de la Procuraduría General de la República (PGR) revela que ha sido considerablemente mayor el volumen de madera extraído bajo la responsabilidad de Dagoberto.

El director del bosque, José Luis Gámez Valdivia, espera que el combate a estos delitos no sea tampoco un hecho aislado, sino que sea sistemática, a partir de este momento, pues considera que la impunidad es uno de los lastres que arrastra la protección de los ecosistemas, en La Primavera y en todo el país.

No exagera. El próximo 25 de abril se cumplirá un lustro del acontecimiento más desastroso de los últimos años en esta reserva ecológica: el incendio de más de once mil hectáreas de bosque, bajo un patrón de intencionalidad que pese a que fue acreditado por la investigación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), no derivó en ningún detenido (curiosamente, en este caso de éxito la Profepa ha estado ausente). Así, el desastre de hace un quinquenio carece de rostro, de culpable y de sanción.

“Debemos mandar un mensaje claro a la sociedad: un área protegida debe ser resguardada por todos porque todos tenemos acceso a sus bienes; y para hacer la protección efectiva, necesitamos inspección y vigilancia también efectivas, además de resolver los grandes pendientes de desarrollo que tienen los dueños del bosque, que deben ser compensados de forma adecuada”, pone en relieve Gámez Valdivia.

Por lo pronto, con recursos de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder) ya está en proceso de edificación una caseta de vigilancia que permita cuidar toda la zona de Mesa del Nopal, por donde no es casual que ingrese tanto talador o cazador clandestino. Se trata de uno de los corredores faunísticos más importantes que se tienen registrados en el área de protección de flora y fauna de 30,500 hectáreas de superficie (cuenta de la que habría que descontar 586 ha que aproximadamente le logró extirpar el ejido Santa Ana Tepetitlán en julio de 2008).

No se sabe hasta qué punto Dagoberto es el principal responsable, o sólo un eslabón débil en una cadena de impunidad. Pero un depredador del ambiente por fin tiene rostro y deberá responder conforme a la ley. Mientras se hace costumbre el respeto al bosque.

El delito

Código Penal federal, artículo 418

“Se impondrá pena de seis meses a nueve años de prisión y por equivalente de cien a tres mil días multa [5,746 a 172,380 pesos, actualmente], siempre que dichas actividades no se realicen en zonas urbanas, al que ilícitamente: I. Desmonte o destruya la vegetación natural; II. Corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles, o III. Cambie el uso del suelo forestal.

La pena de prisión deberá aumentarse hasta en tres años más y la pena económica hasta en mil días multa [57,460 pesos], para el caso en el que las conductas referidas en las fracciones del primer párrafo del presente artículo afecten un área natural protegida”.