México destina 0.35 por ciento del producto interno bruto a ciencia y tecnología, el menor monto en comparación con los 30 países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE); y peor aún, la política para distribuir los escasos recursos es “equivocada”.

Mediante estímulos fiscales y asignaciones directas, el gobierno federal ha pretendido impulsar a la iniciativa privada para que desarrolle investigación. Así, 24 mil millones de pesos, equivalentes al monto asignado a la UNAM para este año, han parado en las arcas de empresas privadas.

Sin embargo, los recursos públicos no se traducen en aportaciones significativas por parte de la iniciativa privada en el ámbito científico y que, sobre todo, impacten en la sociedad como un bien público.

De acuerdo con el Estudio Comparativo de las Universidades Mexicanas, elaborado por especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) , por cada proyecto científico que desarrollan empresas o instituciones particulares, los sectores públicos generan diez.

Imanol Ordorika Sacristán, director general de Evaluación Institucional de la UNAM, afirma que la evidencia científica echa abajo la “lógica de que lo privado es mejor” y, por lo tanto, cuestiona si las decisiones de política científica son adecuadas.

Fondos para la iniciativa privada

La Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) permitía que las empresas dedujeran hasta 30 por ciento del gasto en investigación y desarrollo de tecnología. Al inicio de esta política, en 2001, el erario público dejó de percibir 414 millones de pesos; no obstante se multiplicó por diez hasta llegar a 4 mil 500 millones de pesos en el ejercicio fiscal de 2008.

En los ocho años de aplicación, empresas como Roche, General Motors, Bimbo, Hewlett-Packard, Boehringer Ingelmheim, Glaxosmithkline, Novartis, Medica Sur, Office Deppot, Pfizer, entre otras, se beneficiaron de los 18 mil 411 millones 857 mil 508 pesos que el gobierno federal condonó por concepto de ISR.

Tan sólo en 2008 se registraron más de mil 600 proyectos (cifra promedio en los últimos cinco años) de decenas de empresas y, de acuerdo con las reglas de operación, éstas tenían la obligación de “registrar a su nombre en México y, en su caso, en el extranjero, aquellos avances e innovaciones patentables que surjan de los proyectos autorizados”.

No fue así; de lo contrario, México ocuparía un mejor lugar en comparación con otros países. Por ejemplo, Brasil registra 5 mil patentes al año, nuestro país sólo 300 y España 20 mil.

En 2008 la comunidad científica criticó el programa de estímulos y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló las deficiencias, por lo que, finalmente, se derogó el artículo 219 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Sin embargo, se transformó en cuatro fondos de asignación directa a los que las empresas pueden acceder bajo el argumento de desarrollo de investigación, que en los últimos dos años se etiquetaron 6 mil millones de pesos, monto equivalente a 60 por ciento del presupuesto del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y seis veces que el de la Universidad Autónoma de Guerrero.

Se trata del Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación para Incrementar la Capacidad de Impulsar el Desarrollo Económico y Social de los Municipios, Estados y Regiones. En 2009 se etiquetaron 500 millones, mientras que para 2010 se destinarán 300 millones.

El Programa Innovación Tecnológica para Negocios de Alto Valor Agregado tuvo 600 millones el año pasado y podrá disponer de 700 millones para este año fiscal. El de Desarrollo e Innovación en Tecnologías Precursoras, tuvo 700 millones en 2009, mientras que este año aumentó a un mil 230 millones 622 mil 833.

Para el último, de Innovación Tecnológica para la Competitividad de las Empresas, se destinaron mil 200 millones y 700 millones en 2008 y 2009, respectivamente.

Inversión desigual a beneficios

La evaluación de desempeño del Programa Innovación Tecnológica para Negocios de Alto Valor Agregado concluyó que el proceso de selección de las empresas “no es expedito” y “se corre el riesgo de alentar la participación de empresas que sólo buscan rentas para las que el apoyo financiero otorgado por el programa es considerado un ‘bono de desempeño’, con probabilidad de ser obtenido al solicitar la participación al programa con proyectos que de todas maneras realizarán si no son seleccionados”.

De acuerdo con el Estudio Comparativo de las Universidades Mexicanas —cuya base de datos contiene las aportaciones científicas que realizan instituciones privadas y públicas—, en 2008, Pfizer, por ejemplo, no publicó algún artículo científico, lo mismo que Astrazeneca, Bayer, Grupo Roche, Alpharma. Mientras que Novartis, Eli Lilly y Baxter, sólo publicaron uno.

Estos números, obviamente, no contribuyen ni una décima en el porcentaje de investigación a escala nacional. Incluso, la Universidad Autónoma de Guerrero las supera, pues publicó 21 artículos científicos. Ni siquiera hospitales como Ángeles y Médica Sur superan a esta última, toda vez que publicaron 16 y 12 artículos, respectivamente.

Del sector público, incluyendo instituciones educativas y de salud, México produce 7 mil 406 artículos científicos, lo que representa 96.7 por ciento del total. Tan sólo la UNAM publica 2 mil 696 artículos (35.2 por ciento del total).

Ante esto, Ordorika afirma que existen decisiones de política científica y la asignación del gasto es “equivocado”, en “detrimento” de otras instituciones públicas que tienen más capacidad para generar productos y científicos de “alto nivel”.

Para Roberto Rodríguez, integrante del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, la estrategia del gobierno en esta materia debería “replantearse”, toda vez que “habrá algunas empresas que producen investigación, pero en conjunto, el peso de lo público sigue siendo más importante. Con ese tamaño de inversión y de producción a la iniciativa privada y la casi nula aportación, uno se pregunta qué está pasando”.

Nayeli Roldán Sánchez