Buenos Aires • En la quinta escala de su gira oficial por América Latina, iniciada el pasado 17 de septiembre en Guatemala, el presidente electo de México Enrique Peña Nieto encuentra una Argentina inmersa en un acalorado debate que ha partido literalmente en dos a la población.

Los ejes de esta contienda que ha enemistado a viejos amigos y ha distanciado a miembros de las familias como si se tratara del fanatismo del futbol entre River y Boca, fueron enunciados hace poco más de una semana en un multitudinario cacerolazo que se escuchó en las ciudades más importantes del país para protestar por la inseguridad en las calles, la corrupción, la inflación, los intentos de reformar la Constitución para posibilitar un tercer mandato presidencial y las restricciones a la compra del dólar.

A solo once meses de ganar la reelección presidencial con un histórico 54 por ciento de los votos, en la noche del jueves 13 de septiembre, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner afrontó la mayor manifestación popular contra su gestión: decenas de miles de personas de diversa procedencia, autoconvocadas a través de las redes sociales y sin ningún líder visible —de hecho no existe una oposición política con capacidad de aglutinar voluntades—, blandieron contra ella sus cacerolas y pancartas.

De nada sirvió que el día anterior, hubiera anunciado una medida de gran impacto social: el aumento del 25.9 por ciento de la Asignación Universal por Hijo (un subsidio por cada niño de familia carenciada), que pasó de esta forma de 270 a 340 pesos (de 58 a 73 dólares). El cacerolazo ya estaba en marcha desde hacía semanas y la mayoría de sus manifestantes pertenecían a sectores de las clases media y alta.

Un punto central en las protestas es la enorme distancia existente sobre los dichos del gobierno sobre el índice de la inflación y los registros de la mayor parte de los analistas económicos y del propio bolsillo de los ciudadanos. Mientras que para el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) la inflación interanual fue de 9.9 por ciento, los registros privados sitúan la cifra entre 22 y 25 por ciento, algo que coincide con los aumentos logrados por los diferentes gremios en las últimas convenciones colectivas de trabajo.

Por estas diferencias, el FMI acaba de dar un ultimátum a Argentina poniendo un plazo hasta el 17 de diciembre para que el INDEC “mejores sus estadísticas en torno al índice de inflación y evolución del crecimiento” bajo la amenaza de considerar “medidas adicionales” de sanción.

A esto se suma el descontento por la política oficial para controlar la salida de dólares del país, iniciada en octubre del año pasado para frenar una fuga de capitales de cerca de 70 mil millones de dólares, monto equivalente al de las reservas del Banco Central.

Conocido como “cepo cambiario”, la medida no discriminó entre el trabajador de clase media que materializa sus ahorros en la forma de billetes verdes en el colchón y la multinacional que comercializa granos y sub declara ventas dejando la diferencia en una cuenta bancaria en el exterior y fue in crescendo desde la negativa de los bancos a cambiar, sin autorización de la agencia impositiva, AFIP —Administración Federal de Ingresos Públicos—, de acuerdo con el capital declarado por el contribuyente, pasando por la venta solo en casos —justificados— de viaje al exterior, hasta la decisión de recargar 15 por ciento en las compras realizadas con tarjeta de crédito fuera del país, una medida anunciada días previos al cacerolazo.

La Argentina que recibió ayer al futuro presidente Peña Nieto no tiene los enormes problemas vinculados con el narcotráfico que padece México, pero el tema de la inseguridad tiene un alto impacto social no solo por el crecimiento del delito en las grandes ciudades del país sino por la peligrosa concurrencia de tres factores: la falta de difusión de las estadísticas oficiales, desde el año 2008; la negativa de Cristina Kirchner a referirse en sus discursos al tema de la inseguridad y el fogoneo de noticias con detalles escabrosos que hacen cada día los grandes medios de comunicación opositores al gobierno.