México • A pesar de que ya se aprobó una ley y fue uno de los compromisos del gobierno federal con los representantes de las víctimas de la violencia, el registro nacional de personas desaparecidas no se ha concluido.

Mientras la intención del presidente Felipe Calderón era contar con dicho listado a más tardar en junio, en la próxima sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública apenas se informará de los avances.

Para María Elena Morera, presidenta de Causa Común, el primer punto para la reconciliación que se necesita en México es saber quiénes son las víctimas, pero después se debe conocer lo que pasó con ellas: “¿Realmente son del crimen organizado? Porque nos vamos a dar cuenta que puede ser que pase como en Colombia, que a la hora que empiezan a recabar datos se va a notar que muchos no eran delitos del crimen organizado, eran entre vecinos peleados, entre amantes, problemas que llevaban mucho tiempo y todos se los iban adjudicando al crimen organizado, porque así nadie investiga”.

Consideró que “no va a alcanzar el tiempo, porque no es un tema sencillo ni depende del gobierno federal, en gran medida, depende de los estados”, los cuales después de un crimen se encargan de investigar y preservar la escena, “entonces no se va a resolver, desgraciadamente es un dolor tremendo, pero aún tenemos que ver cómo nos reconciliamos a pesar de eso”.

En todo caso, afirmó, le tocará a la próxima administración concluir los pendientes que persistan en la materia, “por supuesto todo eso se queda para el siguiente gobierno y al final el que tiene que responder, el que esté”, dijo.

El registro de desaparecidos a causa de la violencia ha encontrado diversas dificultades en su elaboración, a cargo de la Procuraduría General de la República, porque el gobierno federal no cuenta con esa información y depende de los datos que le proporcionen las fiscalías estatales. La PGR tuvo que crear un protocolo de registro para las fiscalías estatales para seguir después de que se tiene conocimiento del reporte de la desaparición y ante el hallazgo de personas muertas, de manera que se proceda a investigar la causa de cada una de estas muertes y desapariciones.

“No puedo más que exhortar a los gobernadores y al jefe de Gobierno a que aceleremos el paso de manera que construyamos una base de datos creíble de personas no localizadas, que puede estar listo el primer o el segundo trimestre de este año”, dijo en febrero de este año Calderón.

Hace unos días, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, informó que la PGR ya ha trabajado con la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, para que en cada una de las entidades integre sus reportes a un padrón nacional, porque al final del día las denuncias son del fuero común y a escala federal “necesitamos integrar ese listado y validarlo, evidentemente, con los datos que tengamos de otras entidades donde se pudiera haber identificado a estas personas”.

El pasado 4 de mayo, la titular de la Procuraduría de Atención a Víctimas, Sara Irene Herrerías, informó que cuenta con 600 expedientes de denuncias sobre personas desaparecidas, aunque la cifra total que posee es de 900, pero dejó claro que no se trata de los números finales, sino de registrar sobre quienes acuden a dicha instancia.

La única cifra relativa a los desaparecidos en el país es la revelada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual refiere que entre 2006 y abril de 2011 integró un total de 5 mil 397 expedientes de personas reportadas extraviadas o ausentes y recabó datos de 8 mil 898 fallecidas que no han sido identificadas por las autoridades, es decir, 14 mil 295 en total, de acuerdo con su informe de labores.

En octubre de 2011, después del segundo diálogo con los integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en el Castillo de Chapultepec, el presidente Felipe Calderón admitió que “no sabemos el tamaño de este problema” y expresó su preocupación porque “el número de personas desaparecidas es muy alto en el país, y que mucha de esa información está dispersa en las distintas instancias, sobre todo, de carácter local, que es donde la gente va a denunciar, a pedir información”.

Pidió “encarecidamente” a la procuradora Marisela Morales y a la propia Herrerías a que “llevemos a cabo el registro nacional de víctimas de la violencia, de homicidios concretamente”.

Hace nueve meses, el mandatario ya refería que la PGR “recaba y empieza a procesar sistemáticamente esa información” relacionada con las víctimas de la violencia, pero aún no existe ese registro.

La Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas fue publicada en el Diario Oficial el pasado 17 de abril y crea una especie de buzón para recibir los 365 días del año reportes de desapariciones.

La norma crea el registro como un instrumento para organizar la información electrónica sobre personas extraviadas o desaparecidas, así como de aquellas “que se encuentren en establecimientos de atención, resguardo, detención o internación y de las que se desconociesen sus datos de filiación, identificación y domicilio con el objeto de proporcionar apoyo en las investigaciones para su búsqueda, localización o ubicación de su familia y lugar de residencia”.