Ciudad de México y Guadalajara • Samuel Meraz Lares, juez Séptimo de Distrito con sede en el estado de Jalisco, ordenó el pasado 12 de agosto la liberación de Roberto Sifuentes Cadena, alias El Chagy, uno de los presuntos involucrados en el homicidio de José Eduardo Moreira, informó personal de la Procuraduría General de la República (PGR).

Victoria Pacheco, subprocuradora de Control Regional, señaló que El Chagy fue detenido el 3 de agosto por delitos contra la salud y posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, por lo que fue consignado ante un juez penal, ordenándose su reclusión en el Centro Penitenciario de Puente Grande, sin embargo, Meraz Lares reclasificó los delitos que se le imputaban y no tomó en cuenta la posesión de las armas por lo que concedió la libertad bajo caución.

La PGR apeló la decisión del juez y solicitó que el tribunal unitario con sede en Torreón, Coahuila, revocara la libertad de El Chagy y se ordenara la reaprehensión.

Las investigaciones que realiza la fiscalía federal señalan a El Chagy como uno de los involucrados en el homicidio del hijo del ex gobernador de Coahuila y ex líder del Partido Revolucionario Institucional, Humberto Moreira, ocurrido el 3 de octubre.

Polémico historial

De acuerdo a registros periodísticos, Meraz Lares ha tenido un polémico historial, ya que también ordenó la liberación de Napoleón Rodríguez de la Garza y Eduardo Rodríguez Berlanga por considerar que la PGR no había acreditado su responsabilidad como prestanombres del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba.

En este caso, Meraz Lares también reclasificó los delitos atribuidos a los dos hombres y sólo les dictó auto de formal prisión por portación de arma de fuego, además de concederles la libertad bajo fianza, ya que el calibre era menor y el delito no era grave, según consta en el expediente 322/2012.

El juez Séptimo de Distrito también concedió un amparo el 16 de febrero a José Manuel Garibay Félix, El Gordo o El Manuelón, por considerar que el sujeto no era peligroso, pese a formar parte de la banda de secuestradores y narcotraficantes conocida como Los Garibay y ser considerado por las autoridades carcelarias de Puente Grande como un interno conflictivo.

Meraz Lares es también uno de los seis jueces federales que está habilitado para resolver y atender en cuestión de horas las solicitudes que realice la PGR para obtener órdenes de cateo, arraigo e intervención de comunicaciones.

Imagen negativa ante la ciudadanía

En su edición del 4 de octubre, MILENIO JALISCO informó que la percepción que los jaliscienses tienen del Poder Judicial es negativa, ya que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad (Envipe), los ciudadanos ven a los juzgadores como poco efectivos y corruptos.

El documento elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señala que los jueces se encuentran en el último lugar, en cuanto a las autoridades en las que los habitantes del estado depositarían toda su confianza, pues en primer lugar se encuentra el Ejército y la Marina, en quienes el 57 por ciento de los jaliscienses mayores de 18 años sí confía. El listado continúa con la policía federal, estatal, ministerial, agentes de la Secretaría de Vialidad y Transporte, policía preventiva y al final los jueces.

Según la Envipe, los jueces son las autoridades a las que menos identifica la población.