Guatemala • El líder opositor guatemalteco Manuel Baldizón viajó hoy a Nueva York para pedir a la ONU el envío de una misión que investigue la represión militar de una protesta en el oriental departamento de Totonicapán, que dejó ocho indígenas muertos y decenas de heridos el jueves.

Baldizón decidió acudir a Naciones Unidas por la "represión" en el desalojo de los indígenas, que protestaban por el alza de las tarifas de electricidad y otras políticas del gobierno de Otto Pérez, al enviar "unidades militares del Ejército, armadas con fusiles de asalto, así como agentes de la Policía Nacional Civil de antimotines y agentes encubiertos, lo que originó la masacre".

Ello "muestra el autoritarismo y despotismo del actual gobierno y su incapacidad por preservar los derechos humanos", consideró. El político guatemalteco perdió la Presidencia contra Pérez en segunda vuelta en noviembre pasado y presentó la denuncia ante la ONU en su calidad de secretario general del derechista Partido Libertad Democrática Renovada (Líder).

Baldizón también solicitó a la organización internacional el envío de observadores para verificar el respeto de los derechos humanos en Guatemala, con la sugerencia de que la misión tenga carácter permanente. De acuerdo con el líder opositor, desde que asumió el pasado 14 de enero, Pérez (un general retirado) implantó "toda una estructura militar" en las instituciones del Estado.

"Miembros egresados del Ejercito fueron ubicados en posiciones estratégicas para mantener el control y mando jerárquico del Poder Ejecutivo, creando y manteniendo una doble estructura de poder y control a las actividades del Gobierno y del Estado de Guatemala", según el comunicado.

Ello significa "la existencia de cuerpos paralelos de poder y un retroceso histórico" del país, aseveró. "La designación de militares en los espacios de poder gubernamental, tiene un récord nunca antes visto en la era democrática" de este país, que hasta 1986 vivió décadas de regímenes militares y una guerra civil de 36 años (1960-1996), afirmó el político.

Paralelamente, diputados de Líder interpusieron una denuncia ante la Fiscalía guatemalteca contra el presidente Pérez y el ministro de la Defensa, Ulises Anzueto, por considerar que en los disturbios hubo ejecuciones extrajudiciales.

El diputado de Líder, Edgar Ajcip, aseguró que llegó a esa conclusión después de una investigación en el área en que ocurrió el incidente, donde recolectaron testimonios de familiares de la víctimas.

Mientras, cientos de activistas y campesinos guatemaltecos recorrieron hoy, en una caravana de vehículos, más de 170 km desde la capital hasta el pueblo Totonicapán, en el oeste, para expresar su repudio al ejército por la muerte de los ocho indígenas.

Desde el amanecer, decenas de indígenas, campesinos, estudiantes y activistas emprendieron desde ciudad Guatemala la denominada "Caravana por la solidaridad", integrada por vehículos que portaban lazos negros en señal de duelo.

Conforme la hilera de autos avanzaba por la carretera Interamericana, se fueron sumando más y más participantes de poblados cercanos, hasta formar una hilera de cientos de vehículos. "La idea de la caravana nace por la violencia con la que actuó el gobierno de Guatemala contra los hermanos de Totonicapán", dijo Juana Batzibal, una de las organizadoras de la protesta.

Al llegar al sitio en que se produjo la matanza, manifestantes y líderes indígenas de Totonicapán realizaron un acto, colocaron ofrendas florales y denunciaron el proceso de militarización de las fuerzas de seguridad civil durante el gobierno del presidente Otto Pérez.

"Han vuelto los aparatos de la muerte a asesinar a nuestros hermanos y hermanas, así como lo han hecho históricamente desde que vinieron (los españoles) hace 520 años", expresó el máximo dirigente del Comité de Unidad Campesino (CUC), Daniel Pascual.

Pascual recordó que los pueblos indígenas fueron los más reprimidos durante la guerra civil que vivió este país entre 1960 y 1996, pues el 83.33% de los 200 mil muertos o desaparecidos que dejó el conflicto, según un informe de la ONU, eran miembros de las etnias autóctonas del país.

El dirigente del CUC -organización creada en 1978 por Vicente Menchú, padre de la Nobel de la Paz Rigoberta Menchú- consideró que durante el gobierno de Pérez se ha militarizado a las fuerzas de seguridad civil y se ha reprimido con violencia las protestas indígenas. Pérez es un general retirado del Ejército que combatió a la ex guerrilla izquierdista en el marco de una política contrainsurgente que dejó miles de civiles muertos.

"Siento un dolor en mi corazón, quiero llorar por mis hermanos que murieron (...). En su campaña el presidente Otto Pérez dijo que nos protegería. ¿Cómo nos va a proteger si ahora nos quiere matar?", señaló durante el homenaje a las víctimas el líder indígena Lucas García.

Al ingresar al centro del poblado indígena de Totonicapán, la caravana fue recibida con aplausos por los pobladores, que se mostraban entre asombrados y agradecidos por las muestras de solidaridad.

En la plaza central del municipio, familiares de las víctimas exigieron justicia p pidieron la renuncia de los ministros del Interior, Mauricio López, de la Defensa, Ulises Anzueto, y del Exterior, Harold Caballeros.

El pasado jueves, la policía y el ejército disolvieron por la fuerza una manifestación de grupos indígenas que protestaban contra el incremento al precio de la energía eléctrica y otras políticas del gobierno, dejando como resultado ocho indígenas muertos y unos 35 heridos, incluidos ocho militares.