Ciudad de México • La Secretaría de Desarrollo Social informó que todas las oficinas de sus delegaciones a nivel nacional fueron tomadas por alrededor de 200 trabajadores sindicalizados liderados por Cristina Olvera, a partir de las 5 de la mañana del lunes, afectando la entrega de programas de ayuda, como son recursos para alimentos, de 44 millones de personas en situación de vulnerabilidad, entre estos niños, indígenas y ancianos.

La dependencia informó a Milenio Diario que en las 32 entidades del país, incluyendo la sede principal ubicada en Reforma, donde despacha el secretario Heriberto Félix Guerra, se encuentran completamente clausuradas, algunas con cadenas, candados y bloqueos para impedir la entrada del personal, inclusive colocaron pancartas en las que exigían como trabajadores se respeten los derechos labores.

En las instalaciones, de hecho dejaron encerrados al personal de comunicación social, el cual, después de negociaciones fue liberado horas más tardes. Sólo en Yucatán y en Hidalgo, debido a la intervención de la policía estatal, las oficinas permanecen parcialmente operando.

Los beneficiarios que llegaron a las oficinas de la delegación de Desarrollo Social Federal, fueron atendidos en la calle, sobre la banqueta colocaron las mesas con una sombrilla, donde atienden a los ciudadanos que son beneficiarios del programa Oportunidades, 70 y Más, Hábitat, Vivienda, Acciones Productivas y Estancias Infantiles.

Algunos reciben a beneficiarios de programas en cafeterías, papelerías o tiendas, habilitadas como oficinas alternas a la Sedesol. “Son aproximadamente 40 oficinas tomadas ilegalmente”.

La dependencia federal dijo estar abierta al diálogo, pero aclaró que no aceptará la restitución del delegado, Guillermo Hernández León que fue cesado, por haber maltratado a un niño.

Ante esta situación, el sindicato independiente de la Sedesol se opuso a la toma de las instalaciones y consideró reprochable que se paralicen los apoyos por gente cono Hernández León.

En Hidalgo la Secretaría de Desarrollo Social interpuso demandas ante la Procuraduría General de la República que, por el momento, consignó a 18 personas por delitos de motín y obstrucción de servicio público, a disposición de un juez federal. Se encuentran actualmente en la cárcel.

Algunas entidades afectadas son Zacatecas. Ahí alrededor de 40 trabajadores de base de la Sedesol tomaron desde el pasado jueves las instalaciones de la dependencia federal en demanda de que se contrate a sus familiares en las plazas de honorarios y se les paguen horas extras.

Chihuahua se sumó a las protestas bloqueando la avenida Pacheco y acceso a oficinas, en protesta por las agresiones recibidas durante una exigencia laboral.

En Hidalgo, la Sedesol fue agredida por trabajadores en sus instalaciones. Según la dependencia federal “sin justificación alguna un grupo de personas, en días pasados, tomaron y ocuparon las instalaciones en el estado.

“No se puede permitir que un grupo reducido de personas entorpezca la atención a 185 mil beneficiarios directos con apoyos por 900 millones de pesos anuales a las personas más pobres y vulnerables del estado”, de acuerdo a la Sedesol.

En Puebla, integrantes de la sección 20 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Social Federal mantienen un plantón indefinido en las instalaciones de la delegación para exigir la reinstalación de 40 trabajadores despedidos de manera injustificada así como la demanda de que se nombre al nuevo delegado de la Sedesol.

Lourdes Jurado Romero, secretaria general de la sección 20 del sindicato de la Sedesol Federal denunció que además personal del estado de Hidalgo fue despedido por lo que advirtió que ante la falta de respuestas por parte de las autoridades federales, se irán a paro nacional indefinido, además de que efectuarán movilizaciones .

La Sedesol interpondrá denuncias ante la PGR contra quienes resulten responsables de la toma ilegal de instalaciones federales y no dudas solicitar ayuda policiaca para desalojar a los manifestantes que, a su juicio, sólo es una minoría y sus solicitudes están fuera de las demandas laborales.