Ciudad de México • La Procuraduría General de la República incurrió en desacató, al violar una suspensión definitiva que una juez otorgó al ex subsecretario de la Defensa Nacional, Tomás Ángeles Dauahare, quien reclamó que no le han sido admitidas pruebas de descargo en la averiguación previa que se integra en su contra por presuntos nexos con el narcotráfico.

La juez décimo segunda de distrito de amparo en materia penal, Josefina del Carmen Mora Dorantes, declaró fundado el incidente de violación a la suspensión definitiva promovido por el general en retiro, dentro del expediente 557/2012, y ordenó a la PGR aceptar las pruebas e iniciar una averiguación previa, por el delito que corresponda, contra los agentes del Ministerio Público Federal que llevan el caso.

El militar ofreció pruebas para contrarrestar los dichos que han realizado en su contra diversos testigos colaboradores, como Roberto López Nájera, con nombre clave “Jennifer”, quien aseguró que el general en retiro y otros militares recibían dinero que les enviaba Edgar Valdez Villarreal, La Barbie, por proteger las operaciones del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

También ha intentado desvirtuar las acusaciones que formuló en su contra el narcotraficante Sergio Villarreal Barragán, El Grande, con nombre clave “Mateo”, y que declaró haber presenciado una reunión entre el general y líderes del narcotráfico en julio de 2008, además de que dicho testigo le entregó una maleta que contenía 5 millones de dólares.

Sin embargo, Tomás Ángeles ha afirmado que la fecha en que supuestamente recibió los 5 millones de dólares, él se encontraba en la República Federal de Alemania, pues como prueba tiene su pasaporte.

Funcionarios del Poder Judicial Federal revelaron que la impartidora de justicia concedió una suspensión provisional para el efecto de que el agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo), acepte los escritos del militar, con el propósito de que pueda ejercer su derecho humano a la defensa en la indagatoria y con ello evitar que se continúen vulnerando sus derechos.

En el considerando séptimo de la sentencia, a la que tuvo acceso Milenio, la juez puntualizó lo siguiente:

“…dese vista ale Ministerio Público Federal adscrito para que con copia certificada de las constancias que integran el incidente de suspensión, así como el de la violación del mismo, se inicie la averiguación previa por el delito que corresponda, contra los licenciados, Homero Torres Mares y Ana María Silva Ramírez, agentes del MPF adscritos ala Unidad de Investigación de Delitos contra la Salud de la Siedo”, quienes según no acordaron ni desahogaron las probanzas que Tomás Ángeles presentó.

En entrevista telefónica con Milenio, el abogado Ricardo Sánchez Reyes Retana, consideró que la resolución de la violación a la suspensión es una muestra clara de la parcialidad con que se ha conducido la Representación Social en el presente asunto, al no contestar las peticiones de la defensa ni desahogar los escritos de ofrecimiento de pruebas que se han propuesto durante el trámite de la indagatoria.

“Lo anterior se traduce en que, en su momento, el juez federal que en su caso resuelva sobre solicitud del libramiento de la orden de aprehensión, no tenga la visión completa o integral de la verdad de los hechos, sino sólo los elementos de cargo de la autoridad y no los de descargo que desvirtúan a los anteriores y demuestran la falsedad e imprecisión de la acusación”, expresó.