Guerrero • Momentos antes de la presentación de 54 presuntos integrantes del crimen organizado ante una “asamblea del tribunal popular”, el párroco de Tlapa, Mario Campos Hernández, asegura: el hecho de que pueblos y comunidades enteras estén tomando las armas para defenderse de la delincuencia “no es llamarada, ni una cuestión mágica, ni mero azar, ¡mucho menos estamos al margen de la Constitución!

“Llevamos años y años organizándonos, preparándonos, y en este momento tan delicado que vive la nación y el descrédito de las autoridades, hemos decido movilizarnos para restituir el estado de derecho y hacer justicia con base en nuestros usos y costumbres”, añade.

Ante unos 10 mil comisarios, delegados, directores de escuelas y líderes comunitarios, el párroco de la diócesis de Tlapa manda un mensaje a los mexicanos, en particular a quienes habitan regiones donde la violencia ocurre cada día:

“Tenemos que organizarnos en todo el país, con disciplina, principios y apegados a una cultura del servicio gratuito, porque estar armados es una experiencia clara, nítida y transparente del Evangelio, pero las armas no son suficientes sin la fortaleza de la organización de los pueblos.”

El aplauso es tronante y prolongado. Acto seguido son presentados los delincuentes, a quienes se les acusa de secuestro, homicidio, violación, extorsiones y cobro de piso. La policía comunitaria los denomina “resguardados”.

Con ayuda de decenas de pobladores encapuchados y armados, van pasando uno a uno los “acusados”. Todos fueron aprehendidos por los pobladores a partir del 5 de enero en distintos puntos de la Costa Chica y dentro de unos momentos serán juzgados por los vecinos.

En este grupo hay cuatro mujeres, media docena de jóvenes que no rebasan los 16 años, pero también adultos mayores de 50 o familias enteras que supuestamente se sumaron a las actividades de la delincuencia organizada.

La Asamblea del Tribunal Popular se celebra en la comunidad El Mezón, ubicada en este ayuntamiento. Se trata del primer encuentro de pueblos y comunidades desde que en 1995 decidieron adoptar la figura de policía comunitaria y regirse por usos y costumbres en materia de seguridad.

Desde temprana hora sobresale en los retenes establecidos en la carretera y el acceso al municipio la presencia de los encapuchados, cuyo rostro, complexión física, color de ojos y tono de voz hacen pensar que se trata de gente ajena a este poblado.

Son ellos quienes registran los nombres de los representantes de los medios de comunicación nacionales e internacionales, así como la matrícula de los vehículos en los que llegan para dar cobertura del juicio contra los “resguardados”.

Al internarse en la comunidad, reporteros, camarógrafos y fotógrafos son advertidos sobre la posibilidad de ser arrestados si filman, fotografían o usan sus teléfonos móviles sin autorización de los pobladores.

A los periodistas se les confina en una zona donde se desarrollará la asamblea popular, pero se les recogen sus credenciales de medios, incluidos los pasaportes de los reporteros extranjeros (al final del juicio popular todos las identificaciones serán devueltas a sus propietarios).

El púlpito imaginario

En cierto momento el párroco de Tlapa, Mario Campos Hernández, ocupa el púlpito imaginario y toma el micrófono. El cura es recibido por los presentes con un nutrido aplauso y a todos los reporteros se les ordena no grabar ni filmar esa participación.
Y entonces suelta el sermón:

“Esta movilización que se da en las comunidades de Guerrero no es una llamarada, es un largo proceso en que se ha invertido mucho tiempo, mucho dinero y se ha arriesgado la vida propia en la organización que, por cierto, no cuenta con armas de fuego sofisticadas, pero sí fortaleza organizativa”, abundó.

Y así, bajo la idea de “un territorio con seguridad es un pueblo con justicia”, se va presentando a los presuntos integrantes de la delincuencia organizada en la explanada de la comisaría municipal, donde se ha dispuesto de una gigantesca carpa y miles de sillas de plástico.

El final de la historia se sabrá en unos días, cuando la “asamblea popular” delibere sobre las acusaciones y penas que debe imponerse a cada acusado.

Por lo pronto, resuenan nuevamente las palabras del cura: “No estamos fuera de la Constitución”.

“Me fueron a tirar a un basurero”

Durante el juicio popular que se sigue contra 54 personas presuntamente vinculadas al crimen organizado, dos afectados directos de la violencia en la Costa Chica ofrecieron sus testimonios

Un comandante de la policía comunitaria de El Paraíso fue levantado y torturado tras ser confundido. Ante cientos de pobladores de Ayutla, contó que le apuntaron dos veces a la cabeza.

“Me desmayé y me fueron a tirar a un basurero; ahí estuve varios días y las hormigas me picaron”, contó.

Eusebio Alberto García, comisario de Rancho Nuevo, fue secuestrado por un grupo de transportistas, quienes pedían 150 mil pesos por su libertad.

El plagio fue porque “andaba aconsejando a la gente de las comunidades para que no pagaran las cuotas”, dijo ante el asombro de los asistentes.

En tanto, el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, Bruno Plácido Valerio, sugirió al gobierno del estado y a la CNDH contactar a familiares de las víctimas para idear juntos una solución y reparar el daño.

“Hoy vamos a iniciar el tema de la justicia; es el primer paso: vamos a revisar el origen del delito, a revisar por qué lo cometieron y cómo hacemos la reparación del daño”, dijo. (Javier Trujillo/Guerrero)