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Ex edil sampetrina, a favor de revocar licencia a Walmart

Locales •

Fue hasta después de concluir la administración 2006-2009 cuando Cecilia Rodríguez Valdez, la también esposa de Ugo Ruiz, se enteró del permiso concedido; pide tomar consecuencias legales si es que se descubre que existió corrupción.

San Pedro • De verificarse que fue un acto de corrupción comprobado, la ex síndica segunda de San Pedro, Cecilia Rodríguez Valdez, aprobó que la actual administración de Mauricio Fernández revoque el permiso ilegal que se otorgó para construir un Walmart.

La esposa de Ugo Ruiz, actual candidato del PAN a la alcaldía de San Pedro, revela en entrevista con MILENIO Monterrey que fue una ”tomada de pelo” la fe de erratas ilegal firmada por algunos ex funcionarios que permitió la instalación del supermercado.

Igual que el ex alcalde Fernando Margáin y la ex regidora Rebeca Clouthier, la ex colaboradora de la administración anterior señaló que tampoco estuvo enterada del permiso otorgado a la empresa norteamericana sino hasta terminar la gestión en el municipio.

¿Y más cuando se supo que fue a espaldas del Cabildo?

“Si, ahí se hubiera establecido que algo se había aprobado mal. Lo correcto era volver a correr todos los trámites de consulta para hacer una modificación. De esa salida de la fe de erratas yo no estuve enterada”.

¿Crees que tenga relación el caso Walmart en San Pedro con el de los sobornos que reveló el New York Times en México?

“Yo lo que he sabido aparte de mis compañeros regidores (es) que la autorización fue a pesar de esta fe de erratas. Creo que no está tan relacionada; no tengo a la vista la autorización para la construcción del Walmart, por lo que creo que estaríamos hablando de dos temas, pero no tengo una prueba para decir que alguien estuvo involucrado. Si alguien tiene una prueba que denuncie y que se persiga.

¿Por qué no interpusieron una denuncia si presentaron varias quejas e inconformidades contra otras cosas y en el caso Walmart no?

“La firma de la representación del municipio se ejerce directamente con el alcalde y la Secretaría del Ayuntamiento; como síndico segundo no. Hay un departamento jurídico, pero lo que se firma se tiene que revisar, no somos los abogados litigantes; en octubre de 2009 el caso Walmart no existía, no sabíamos ni siquiera que se habían firmado las licencias”.

¿Moral o éticamente hablando, como ciudadanos por qué no interpusieron una denuncia?

“Yo no tengo ninguna prueba más lo que te estoy diciendo que fue lo que aprobamos y en ese sentido en el inicio de la administración actual y como parte de la administración anterior dimos las pruebas”.

¿Crees que les tomaron el pelo estos ex funcionarios?

“Yo no sé quién, pero sí hubo algo que no nos dimos cuenta, para mí en el sentido de la fe de erratas, yo considero que sí; como abogada, una fe de erratas es para hacer una aclaración porque faltó un acento, porque te faltó una palabra, porque se movió la impresión, pero no el de sustituir un artículo por otro, o una tabla de compatibilidad por otra. Es algo que no se debió haber hecho”.

¿Escuchaste alguna ocasión sobre dinero de por medio en el caso Walmart?

“Sí escuché, ni cuánto, ni a quiénes y que pudiera haber habido algún acto de corrupción, pero si yo hubiera tenido las pruebas, hubiera presentado (una denuncia) en la Contraloría o en el Tribunal, pero no las tengo”.

¿Crees que este caso de presunta corrupción pudiera pegarle a tu esposo como candidato?

“Cada quién debe hacerse responsable de sus actos. En ese sentido le pudiera afectar a los involucrados y a los que se compruebe que algo tuvieron que ver (…) No creo que le afecte, en virtud de que no estuvo presente ni fue parte de esa administración”.

¿Crees que aún es tiempo de que la actual administración de Mauricio Fernández pueda revocar?

“Sería irresponsable de mi parte decirte que sí, porque no conozco todos los expedientes…”

¿No sería un buen punto que se revocara ante un hecho de corrupción?

“Pues yo lo vería bien, si realmente está comprobado. No conozco el expediente, y la resolución donde se dice que es un acto de corrupción comprobado, como tú dices. Pero si es así, el municipio tiene que atender lo que los tribunales estatales o federales ordenen: si establecen que se debe revocar el permiso, el municipio debería de actuar en consecuencia”.