Monterrey • "Es duro confirmar que la traición, la corrupción y la complicidad de algunos pueden entorpecer el trabajo y la entrega de buenos policías, militares y marinos que a diario arriesgan su vida por la seguridad de los neoloneses", subrayó un molesto Rodrigo Medina de la Cruz, gobernador del estado de Nuevo León, tras la fuga de 30 reos y la masacre de otros 44 en el Penal de Apodaca la madrugada del domingo 19 de febrero.

El pasado 20 de octubre del 2010 Milenio Diario de Monterrey publicó un especial titulado: Penales de Nuevo León, una bomba de tiempo. Luego de este hecho suscitado el domingo, el de mayor magnitud en cuanto al número de muertos, nuevamente uno vuelve a decir, "y la bomba estalló"; y lo vuelve a decir porque ya se había dicho cuando en ese mismo centro penitenciario 14 reos perdieron la vida al ser incendiados por sus rivales. Y se dijo también luego de la mayor cantidad de reos y celadores muertos en el lapso de un año. Y la pregunta que queda en el aire es si ya en el estado se tocó fondo en cuanto al control e inseguirdad en el sistema penitenciario o qué más falta por ver.

De acuerdo con el Diagnóstico del Sistema Nacional Penitenciario, elaborado por la CNDH, en el año del 2010 decía que: se han detectado oficialmente formas de autogobierno (en los Centros de Readaptación Social), al menos en el penal del Topo Chico.

Hoy Joaquín López Dóriga en su columna En Privado opina que: "En los sistemas penitenciarios estatales lo que priva, además del hacinamiento y sobrecupo, es el autogobierno de los internos y la corrupción, hablar de readaptación es un ejercicio inútil: no la hay a ningún nivel".

Los medios lo perciben, la CNDH lo anuncia, lo confirma, y al gobierno, aunque con molestia, no le quedó de otra que aceptar el hecho de que no existe control en los penales debido, en general, a la corrupción.

Faltan mil 442 celadores en Nuevo León

Pero también como dice Eduardo Mendieta en su nota del 21 de febrero: A los penales de Nuevo León les hace falta mil 442 celadores ante la sobrepoblación de hasta un 40 por ciento de reos.

Es decir, desde hace un año y medio los penales del Estado cuentan con dos mil 300 reclusos de más y sólo la mitad de custodios de los que necesita.

Según establecen los estándares de Naciones Unidas, el de Apodaca donde fueron asesinados 44 reos, debería contar con 754 custodios en los tres turnos por los 2 mil 750 internos con los que cuenta, situación similar a una bomba que la autoridad ya conocía, como lo explican los expertos.

“La mecha, que, sin embargo, estaba encendida, la mecha, ayer (el domingo) cuando se fugaron 30 internos y causaron la muerte de 44, igualmente el resultado pudo ser mayor”, afirmó el presidente ejecutivo del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Nuevo León, Alfonso Verde Cuenca.

Complicidad

Además, nueve celadores ya aceptaron participar activamente en la fuga y masacre del domingo.

"Presumiblemente ha sido la complicidad de algunas autoridades penitenciarias lo que explica la forma y el momento en que se realizó la fuga", señaló Rodrigo Medina de la Cruz la mañana posterior a la tragedia.

Por ello, Ernesto García Guerrero, Comisario General de la Agencia de Administración Penitenciaria, Gerónimo Miguel Andrés Martínez, director del Penal de Apodaca, Juan Hernández Hernández, subdirector del Penal de Apodaca, y, Óscar Deveze Laureano, jefe de seguridad del Penal de Apodaca, fueron separados de sus cargos.

Sobre el tema, el ex secretario General de Gobierno de Nuevo León advirtió que es indispensable conocer los detalles en torno a los acontecimientos registrados en el Cereso de Apodaca, sobre todo por la colusión de la autoridad, que deja de manifiesto la corrupción que priva al interior de los centros penitenciarios.

“Los responsables de la seguridad en el estado es el mismo gobierno del estado, quién tiene que rendir ante nosotros, (las cuentas), los responsables son los funcionarios del estado, a ellos se les encomendó los penales del estado, ellos son los responsables de garantizar la seguridad de los internos y de quienes somos los ciudadanos, que en ese sentido han dejado mucho que desear.

“Creo que de excusas ya estamos cansados, lo que queremos es que el gobierno se ponga a trabajar y que investigue y que no vaya a parar nadamás esto solamente en la detención o la inhabilitación de algunos celadores”, expresó el director de la Coparmex en Nuevo León en entrevista con María de Jesús López.

En fin, 44 familias quedaron enlutadas, 30 reos se fugaron, 9 celadores aceptaron su complicidad en los hechos, cuatro funcionarios de menor nivel fueron cesados, pero el aroma a descontrol es el que sigue presente en el ambiente.