Oaxaca • La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) inició un proceso de investigación para conocer si hubo un exceso uso de la fuerza pública durante la incursión que hicieron las fuerzas estatales de seguridad al municipio indígena de Santiago Amoltepec, para rescatar al menos unos 9 elementos de la policía estatal y varios mandos de la Secretario de Seguridad Pública Estatal que se encontraban retenidos y en calidad de rehenes para presionar la presencia en la zona de funcionarios de alto rango del gobierno de Gabino Cué.

El titular del organismo Arturo Peimbert Calvo indicó que también se dictaron medidas cautelares a favor de los habitantes del municipio, el cuarto más pobre del país y de los más rezagados en América Latina, para que se responsabilice el gobierno estatal de la seguridad de los lugareños.

Adelantó que en la indagatoria que realizan buscarán verificar si los cuerpos de seguridad estatal habrían cometido algún exceso. “Vamos a entrevistarnos con los familiares de los detenidos y de algunos otros pobladores en la zona que admiten haber sido reprimidos para conocer su sentir y elaborar un expediente, también se buscará revisar si hubo omisiones o conculcación de derechos por parte de funcionarios estatales para dar atención y solución al conflicto.

“Nosotros vemos en la comunidad de Santiago Amoltepec una descomposición grave del tejido social, creemos que se tiene que analizar las causas que originaron el conflicto en la misma, desde su contexto político, social y económico,

Observamos un grado de conflictividad muy agudo, donde ha existido un crecimiento armamentístico en la zona, que aunado a su grado de pobreza, genera un caldo de cultivo de insurrecciones.

Nosotros estamos preparando un informe de fondo sobre el contexto que priva en esta comunidad y también estamos analizando el proceder de las instituciones en la atención de este problema.

Hemos enviado una misión de visitadores para recabar información y quejas y elaboraremos un informe que permitirá que se presente una recomendación por presunto abuso de autoridad”, precisó el ombudsman oaxaqueño.

Indicó que el gobierno estatal y federal tiene una responsabilidad histórica en la agudización de las condiciones de miseria que padecen los pueblos étnicos, principalmente aquellos que radican en poblaciones de extrema pobreza como Amoltepec.

Precisó que el municipio recibe menos de 50 millones de pesos anuales para atender sus problemas de infraestructura y desarrollo, los cuales son insuficientes asumiendo que carecen de lo más mínimo.

El titular de la DDHPO adelantó que también se enviará una recomendación a la Auditoria Superior del Estado por el mismo caso Amoltepec, por que no solo basta con auditorias de papel para atender una petición de presuntos desvíos de fondos, exigió que se haga una revisión de campo para constatar físicamente la aplicación de fondos por parte la autoridad en funciones en acciones y obras de desarrollo.

Peimbert Calvo aceptó que el problema en la zona radica en una disputa de los fondos públicos por parte de los miembros del cabildo y urgió al alcalde en funciones cumplir con su misión.

Detallóque jurídicamente hubo un proceso viciado para mantener en el cargo al edil sustituto Pedro Luis Jiménez, quien no ha sabido cumplir con su deber de gobernar a su pueblo.

“Creemos que hubo una decisión más jurídica política para imponer como alcalde sustituto en Amoltepec a un ciudadano que no estaba ni incluido en las planillas y de ahí que haya una disputa por el control del ayuntamiento”.

Adelanto que la DDHPO exigirá un informe al pleno de la Legislatura Local para conocer los criterios bajos los cuales se impuso como edil sustituto en Santiago Amoltepec a Pedro Luis Jiménez, cuando no había fundamento legal para elegirlo.

En tanto el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura Local Pavel López, adelantó que en la próxima sesión del Poder Legislativo harán entrega de un informe respecto a la violación de derechos humanos que se cometió en el caso Amoltepec.

Adelantó que el informe será imparcial, sin buscar culpables, solo para darle una salida al conflicto anticipó la posibilidad que se exija la desaparición de los poderes municipales para que sea nombrado en el poblado a un administrador provisional.

Adelantó que hay razones jurídicas para actuar por que la violación de derechos humanos es causal de que en cualquier ayuntamiento se tenga que proceder a la destitución de la autoridad y en consecuencia a la desaparición de los poderes municipales.