Envían ONG´s carta a la SCJN para pedir justicia por fuero militar
Los organismos exigen que sancione a los militares que violaron a dos mujeres indígenas en Guerrero, ya que el hecho ocurrió en 2002 y no se les ha dado solución.
Chilpancingo • Organismos de derechos humanos de las mujeres, dirigieron una carta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que agilice la resolución de sanción en contra de los militares que violaron a dos mujeres de ascendencia indígena de Guerrero.
A través del Centro de derechos Humanos de la Montaña (CDM), organizaciones como el Consorcio para el Dialogo Parlamentario y la Equidad, Equis, Justicia para las Mujeres y Jazz, Asociadas por lo Justo, dirigieron la misiva al ministro presidente de la SCJN, Juan Silva Meza
En el texto llaman a emitir la sentencia relacionada con el Acuerdo 06/2012, en virtud de que varios de ellos fueron iniciados por familiares de víctimas de graves violaciones a derechos humanos cometidas por elementos castrenses, mismos que impugnaron la extensión del fuero militar en su agravio y que mientras no se dicte sentencia, las víctimas se encuentran en una situación de incertidumbre jurídica.
“Si bien consideramos indispensable que la inminente discusión sean cumplidas las obligaciones que tiene el Estado mexicano, surgidas del bloque de constitucionalidad que conforman la Carta Magna y los tratados internacionales en materia de derechos humanos según la nueva redacción del artículo 1 constitucional, como defensoras de los derechos de las mujeres hemos constatado que la extensión del fuero militar a casos donde no se vulneran primordialmente bienes jurídicos castrenses afecta de manera diferenciada y particularmente grave a las mujeres”, señala el texto.
Plantean como ejemplo los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, indígenas del pueblo Me’phaa (tlapaneco) que en 2002 fueron víctimas de violación sexual y tortura por parte de miembros del Ejército mexicano, cuyos casos permanecieron por casi diez años en el fuero militar, circunstancia que las revictimizó y que sirvió para encubrir a los responsables.
Indican que la SCJN también tiene conocimiento de los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, luego de que ambas defensoras de derechos humanos solicitaran a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la apertura de un expediente varios, del cual fueron notificadas el 28 de noviembre de 2011, que el expediente registrado ha sido turnado para su estudio al Ministro Guillermo I. Ortíz Mayagoitia bajo el número 1396/2011 y el cual hasta la fecha se mantiene pendiente de discutir.
Y señalan que hay la confianza de qué, en los trabajos que el ministro presidente iniciará, sabrá valorar la importancia de atender a la brevedad la solicitud de las Señoras Inés Fernández y Valentina Rosendo, “a quienes por más de diez años la justicia les ha sido negado”.








