El robo de hidrocarburos tiene su origen en los años 90, en el estado de Veracruz a consecuencia del despido masivo de empleados de PEMEX, después que el ex presidente de la República Mexicana Carlos Salinas de Gortari rompe con el sindicato de PEMEX, al encarcelar a quien fue su máximo dirigente Joaquín Hernández Galicia, La Quina. Algunos de esos ex funcionarios encontraron en la instalación de tomas clandestinas, una nueva forma de obtener ingresos, los cuales dotan a los grupos delictivos los mapas de las redes de ductos, para identificar las zonas vulnerables como válvulas y conexiones necesarias para ordeñar, así, como los horarios, todo ello con la complicidad de sus compañeros que aún colaboran dentro de PEMEX, protegidos por los altos funcionarios dentro de PEMEX y la dirigencia de sindicato, a pesar de la desarticulación de varias células, dichos grupos protegidos, optan siempre por reaparecer en el tiempo electoral, contando con el mismo soporte logístico, operativo, financiero y de protección de la autoridad correspondiente; por ello, en los últimos seis meses y desde el inicio de la campaña presidencial, senadores y diputados federales el robo de combustible aumentó un 69% con relación a lo sustraído con fechas anteriores.

Según el Secretario de Energía, quien preside el consejo de administración del petróleo mexicano, dicha merma representa una pérdida diaria de aproximadamente setenta mil barriles que equivalen a mil cincuenta millones de dólares. Esta información proviene de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Por esta razón, se señala la dificultad de perseguir este delito porque las células de las bandas que operan tienen toda la protección necesaria para ejecutar su delito, aunado a su cooperación directa en los proyectos financieros y políticos en la Nación.

Nadie niega que por lo que toca en la extracción ilícita de combustible en los sistemas de ductos, que en lo que va del año se ejecutan proyectos y acciones para desalentar el robo de combustible en los diferentes estados de la República Mexicana, entre ellos Hidalgo, para continuar ejecutando estrategias integrales de abatimiento del mercado ilícito, no serán suficientes todos los esfuerzos que las empresas harán con las autoridades correspondientes, tampoco si el pleno del Senado aprueba o no, una reforma para sancionar el robo de combustible, o la considera grave, al sancionar a quien realice cualquier sustracción o altere los equipos e instalación de PEMEX.

Si no toman en cuenta que el futuro de PEMEX y del mercado nacional de combustible está en la rendición de cuentas que puede devolver la confianza en una nueva administración de los recursos petroleros del país. Cabe destacar que nadie podrá negar la trascendencia de PEMEX para el desarrollo económico y particularmente los notarios avances que ha tenido en productividad en los últimos años. No resulta aventurado que reforzar el programa de mantenimiento operativo y preventivo en las instalaciones y avanzar al hacer un uso más eficiente de los recursos y los múltiples diagnósticos sobre petróleos mexicanos y la industria del petróleo.

No se logrará nada si no dejan de lado el tema que pese al desdén político y sindicalismo, de notoria importancia; consecuentemente ningún instituto gubernamental o privado sería capaz de combatir este fenómeno, porque no es una simple cuestión de negocios, es un tema de sistema político. Ante este escenario, es indispensable reformar la ley del trabajo y el sindicalismo en México para optimizar los derechos de los trabajadores fuera del órgano sindicalista actual, para generar más eficacia en el profesionalismo laboral, y lo que falta para compartir esta fuga de información y acabar con la caja chica a lo que siempre ha sido PEMEX para los gobernantes en turno y las dirigencias sindicalistas.