La bomba de las placas
El país de las maravillasHoracio Salazar
El explosivo asunto de las láminas desaparecidas del Instituto de Control Vehicular tiene tres mechas muy cortas: se llaman Mario Alberto Medrano Ramírez, Arnulfo Téllez Zavala y Luis Gildardo Pereo Hurtado, que desde anoche dejaron su condición de arraigados para convertirse en aprehendidos.
Las diligencias hasta ahora han arrojado dos puntos fundamentales. El primero todavía dará mucho qué hablar mientras no caiga en poder de la ley el fugitivo Santiago Adrián González López, y consiste en que dicho ex funcionario tenía pleno conocimiento de las sustracciones de placas desde el año pasado.
Dos de los procesados dijeron que ellos mismos notificaron el asunto a González López, y que éste se comprometió a pasarle el dato al mandamás del ICV, Pedro Morales Somohano. Quién sabe si el ahora prófugo le avisó a su jefe, pero sus antiguos subordinados dicen que sí les ordenó cumplir las órdenes de los malandros.
El tercer ex funcionario sometido a proceso dijo, según asientan las pesquisas, que él acudió ante sus superiores sindicales para avisarles de las amenazas, y que en su presencia se notificó a Morales Somohano.
Este último habría dicho que desde hace cuatro años está al tanto de estas maniobras de sustracción comandadas por los delincuentes.
Hasta ahora el asunto tiene muchas declaraciones, a cual más explosiva y riesgosa. Lo que la comunidad necesita son certidumbres, evidencias, pruebas, claridad, candados, transparencia. Nada de eso ha salido de las latitudes del ICV.
Los próximos días serán clave no sólo para el destino de este proceso en particular, sino para las estructuras vinculadas formalmente a la operación del ICV. Se ha comentado que este y otros asuntos podrían marcar el ocaso del gobernador Rodrigo Medina, pero, de nuevo, son palabras.
El problema que enfrentan las autoridades va más allá de encontrar la verdad: también tienen que encontrar la forma de recuperar la credibilidad, que hoy por hoy sigue haciendo agua.









