¿Por qué se equivocaron las encuestas electorales? ¿Qué tanto se equivocaron? ¿Todas se equivocaron? ¿Ejercieron un efecto claro y definitivo en los resultados electorales? ¿Confundieron a los ciudadanos? Éstas y muchas otras preguntas, que son variaciones sobre el mismo tema, han propiciado mucha discusión en las semanas que siguieron al proceso electoral.

Sin lugar a dudas, y al margen de cualquier militancia política, la discusión pública se hace necesaria. Abordo el tema desde varios puntos de vista.

Primero: ante el evidente yerro de la mayoría de las encuestas publicadas resulta una verdad de Perogrullo decir que hay que hacer un análisis sobre por qué fallaron. Resulta indispensable separar “errores de buena fe” de aquellos malos resultados que pudiesen llevar una intención. Esto exige análisis científicos serios y multidisciplinarios, lingüistas, sociólogos, politólogos, demógrafos y matemáticos, entre otros, deberían hacer estudios al menos en cuatro aspectos: a) análisis del cuestionario (planteamiento de las preguntas); b) análisis de la muestra seleccionada (aspectos técnicos); c) auditoría al trabajo de campo, esto es, fidelidad o confiabilidad en el proceso de levantamiento de la muestra y, por último, d) estudio de los resultados y de la ponderación de los mismos, es decir, interpretación y asignación de quienes no contestaron o bien se reconocieron indecisos.

La cultura estadística electoral en nuestro país es tan débil como mala es nuestra formación matemática, por ello resulta necesario el análisis de expertos y separar los errores de la manipulación. La comprensión del fenómeno a cabalidad puede fortalecer a la industria seria de la demoscopia pero, principalmente, puede fortalecer a la democracia mexicana, que tanta necesidad tiene de vitaminas.

Segundo: se dice, con gran certeza, que los malos resultados de las encuestas no solo influyeron, sino que fueron determinantes en el resultado electoral. Los estudiosos —no los voceros de los partidos políticos— no tienen estudios concluyentes sobre la influencia de las encuestas hechas por compañías demoscópicas y publicadas y difundidas profusamente a través de la televisión, el radio y los periódicos. No hay unanimidad en la comunidad científica sobre si influyen o no, mucho menos si la influencia es determinante en uno u otro sentido. Esto debería ser materia de investigación seria y científica.

Tercero: hemos escuchado de diversos actores que la publicación de encuestas “erróneas” confundió al ciudadano y esto fue determinante en el resultado electoral. El discurso que ha venido armándose alrededor de un ciudadano siempre víctima de la manipulación es verdaderamente preocupante. El “paternalismo” de los partidos y, en ocasiones, de las propias autoridades electorales, cuando hablan de la incapacidad de los ciudadanos para entender, analizar y decidir es, por decir lo menos, lamentable. Se expresan del ciudadano como un ser interdicto, alguien a quien hay que proteger, tutelar, susceptible de ser confundido e incapaz de razonar.

Los ciudadanos son la materia prima de cualquier democracia, la construcción intelectual del individuo igual a todos los demás —con los mismos derechos y las mismas obligaciones—, es, pues, la conditio sine qua non para cualquier sistema democrático. ¿Qué democracia pretenden construir los partidos que desprecian de esa manera a los ciudadanos? Y se suma a esta línea de razonamiento un argumento profundamente clasista: mientras más pobre es una persona, más manipulable es ¿por definición?

Cuarto: a partir de la premisa sobre la incapacidad de análisis de los ciudadanos, se busca, en el proteccionismo puro, regular o inclusive prohibir la realización de encuestas durante el periodo electoral. Estas drásticas medidas pueden ser no solo ineficientes sino además contraproducentes. Pretender que el IFE regule a las compañías demoscópicas puede convertir a la autoridad electoral en supremo poder inquisidor, alguien que debe determinar quién dice la verdad (y merece ser publicada) y quién miente (y, por tanto, censurarlo). Nada más lejano a la concepción de la democracia y de la indispensable libertad de expresión que debe garantizar constitucionalmente el propio sistema democrático.

Quinto: en las críticas que se han hecho hasta ahora, no se toma en cuenta el trabajo realizado por el IFE y su utilidad. La ley electoral establece una serie de atribuciones que, básicamente, confeccionan una política de transparencia en las encuestas electorales. Así, el IFE registró a las personas físicas y morales que publicaron encuestas, les exigió que entregaran su metodología, la selección de la muestra, base de datos y quién financió el levantamiento, entre otros datos relevantes. Este material, por cierto, está disponible en la página de internet del IFE en espera de ser valorado y estudiado por cualquiera.

El sistema democrático mexicano es, sin lugar a dudas, inmaduro. No extraña pues, que varias de sus reglas e instituciones aún sean perfectibles. Sin embargo, ante cada demanda de equidad, justa o no, hemos agregado restricciones a las restricciones. Esto ha ido cercenando la posibilidad de crecimiento de una verdadera democracia liberal. Regular o eliminar encuestas electorales difícilmente abonará a la democracia y limitará la necesaria libertad.

*Consejera electoral