Un problema mayor del país, común en pobres y ricos; políticos y ciudadanos; del norte, centro o sur; ilustrados o iletrados es la deficiente cultura de legalidad. Mucha gente no cree en las leyes, tampoco en los tribunales. No solo es efecto de lo que sucede día con día, también es un legado del México de ayer en el que la ley era instrumento a modo del poder. La herida es profunda y los episodios remotos o cercanos de manipulación de la ley son frecuentes. Que policías de élite se enfrenten en la zona pública del aeropuerto de la Ciudad de México por la disputa del botín es ejemplo de esta crisis de legalidad que ya a nadie sorprende.

Noticia: no hay democracia ni justicia sin legalidad. La democracia es procedimental, es la secuencia de eventos que concluyen con el voto regulados con instituciones, etapas, normas e instrumentos que son los que hacen una contienda auténticamente democrática. La democracia representativa, con todas sus restricciones y demonios, es el mejor y más inteligente método para resolver la lucha por el poder. La democracia plebiscitaria es una seducción propia de demagogos. Su lugar es la plaza y su razón el insulto inquisitorial. Está mal, pero la democracia hasta para eso debe dar espacio; lo que no es admisible es que eso se imponga.

La democracia formal es la mejor garantía para frenar las tentaciones autoritarias. La democracia supone libertades y, entre éstas, la de pensar y actuar distintos. La democracia mexicana, como todas, es imperfecta, pero hace valer la voluntad ciudadana manifiesta en votos y ha funcionado para sancionar al mal gobierno, como lo muestra el México de la pluralidad y la alternancia.

También la democracia da cauce para resolver las diferencias y las quejas que resultan del proceso electoral. En términos de irregularidades e insuficiencias, lo que ocurre aquí no es muy distinto de lo que acontece en otras latitudes, pero acá la inconformidad poselectoral es la regla y no solo es atribuible a López Obrador o a la izquierda. Lamentablemente se ha vuelto hábito el intento de ganar en la barandilla lo que no conceden las urnas.

La ley es forma y es rigor; la eficacia del proceso judicial para salvaguardar derechos es limitada y tiene un cauce que al quejoso puede parecerle muy estrecho, pero esto es garantía para todos; un juez con amplios poderes discrecionales es una bendición si de ángeles se tratara, es una maldición en el mundo terrenal, sobre todo en procesos de única instancia. El reclamo de López Obrador ahora transita a los tribunales; es bueno que así sea porque da oportunidad de valorar dichos y pruebas, pero esto debe tener lugar con las formalidades del proceso, garantía y premisa necesaria para un juicio justo. No hay justicia que no sea formal y es preocupante que, desde ahora, el quejoso no solo ponga en tela de juicio al juez, también que dicte cómo debe operar la justicia.

¿Se conformará López Obrador con la decisión final del Tribunal Electoral, si la resolución confirma lo que hasta hoy ha prevalecido, que es la legalidad de los comicios? Es evidente que no. Si millones de votos no le convencieron, mucho menos el de los siete magistrados. ¿Qué sigue? Ya está en el libreto: mandar al diablo a las instituciones e iniciar un largo peregrinaje rumbo al 2018. AMLO está en su derecho, impugnar, presionar y cuestionar; también de reemprender su nuevo periplo por la Presidencia de la República. Su notoria persistencia y el indiscutible liderazgo que a muchos convoca no deben tener como respuesta la intolerancia, sino el respeto a quien piensa y actúa distinto. Su lucha es pacífica, aunque su característica violencia verbal e intolerancia no sean temas menores. En todo caso, lo que sí debe preocupar es que la izquierda no cumpla con el mandato democrático en los gobiernos locales o en el Congreso por mantenerse en línea a la polarización y descalificación de quienes ganaron.

Los problemas del país continúan. El déficit de legitimidad se vuelve caldo de cultivo para el chantaje y para el descrédito a las instituciones. Esta insuficiencia no puede resolverse con golpes espectaculares que reaviven la vena autoritaria, como ocurrió después de los comicios de 1988; tampoco con acuerdos dominados por el chantaje de los perdedores como en 2006. La legitimidad democrática tiene como fundamento la legalidad y las instituciones, su vigencia está en el actuar de la autoridad, en su capacidad para cumplir su tarea. Queda claro que el equilibrio político de la elección del 1 de julio no solo define ganador, también a las oposiciones que, por el sentido del voto, tienen una responsabilidad mayor en un régimen presidencial de gobierno dividido por el peso de la pluralidad en el Congreso.

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