Una revisión somera de los medios durante esta semana indicaría la búsqueda de la preeminencia de tres agendas políticas distintas.

En el recurso de inconformidad interpuesto por el Movimiento Progresista no se puede ver más que el pretexto para echar a andar la movilización la semana próxima que, con el título de “Plan Nacional para la Defensa de la Democracia y de la Dignidad de México”, no es más que el inicio de la campaña presidencial de López Obrador hacia el 2018. Claro que habrá quien diga que no es así y que lo que se busca es probar la invalidez de la elección porque, según algunos integrantes de las izquierdas, se tienen los argumentos y las pruebas. Los argumentos o no se sostienen, como de manera notoria es el caso del tema de las encuestas, o están prendidos con alfileres, como lo es la cuestión de la iniquidad. Además, pruebas no hay ninguna. Y cabría agregar: ¿gente como Camacho, Núñez, Ebrard, el propio Monreal, con seriedad, piensan que se puede declarar inválida la elección y se hacen cargo de las consecuencias para el país a corto y largo plazo? No es dable suponerlo. La cercanía a López Obrador vuelve loca a mucha gente, pero no a todos. Y el mismo AMLO a ratos y ante hechos consumados tiene pensamiento estratégico. Lo ha demostrado. Que en 2018 se salga con la suya y que antes Marcelo Ebrard doble las manos, eso ya lo veremos, pero por lo pronto AMLO ya está en marcha.

Por su parte, el equipo de Peña Nieto, a diferencia de Calderón en 2006, no ha caído en la parálisis y hay señales inequívocas de intentar, al menos, poner su propia agenda en la opinión pública.

Tres nombramientos en el equipo de trabajo de EPN están acompañados de anuncios importantes en lo explícito y en lo implícito. O por lo menos así quisiera verlo uno. El personaje más importante del equipo de campaña recibió la encomienda de crear con rango constitucional un mecanismo contra la corrupción. En el mismo nivel de reforma legislativa se encontraría la ampliación de facultades al IFAI para dar transparencia a estados y municipios y se regularía la relación de los gobiernos con los medios. Son temas, como dirían los parlamentarios, de urgente y obvia resolución. La opinión pública lo exige en su inmensa mayoría.

Entre líneas de esas tres propuestas, hay una intencionalidad política que uno quisiera pensar es el sentido de la decisión. No podemos ignorar en términos de la aritmética del poder a nivel nacional que el PRI tendrá amplia mayoría de gobernadores, 21; que se encuentra al frente a nivel municipal del gobierno de casi 50% de la población nacional; que la mayor crítica y la más fácil que se le ha hecho no solo a EPN, sino a los gobernantes priistas en general, es la de una relación perversa con los medios electrónicos. Con base en esa aritmética, parecería que los tres planteamientos puestos sobre la mesa por el equipo de trabajo del candidato electo se aplicarían al PRI que sí sueña con una restauración que es imposible, que estarían sujetos a esas reformas aquellos a quienes se refirió EPN en la campaña como los que no tienen ya cabida en el partido. El tema de combate a la corrupción fue su primer planteamiento en la campaña. En su discurso de triunfo el primero de julio, la palabra PRI no existe y así ha sucedido en todas sus intervenciones hasta esta fecha. Hay priistas que no quieren ver ni escuchar. Al tiempo.

Por lo pronto, se inicia, como dirían los antiguos, el tendido de puentes hacia otras fuerzas políticas para avanzar en lo que pudieran ser algunas reformas trascendentes del periodo legislativo que comienza en septiembre. No se puede descartar que algunos de los legisladores electos, de los más sensatos, honren su palabra con los compromisos que dicen tener con algunas reformas fundamentales al país. Tomará tiempo para que el PAN sea un interlocutor articulado como consecuencia de su falta de cohesión interna y de la disputa por el partido. Pero en el escenario de negociación, el PAN es un actor indispensable.

Una tercera agenda es la que con necedad la Presidencia de la República quiere imponer, como es la devolución observada de la Ley de Víctimas o la firma del Acuerdo Comercial Antifalsificación, ACTA por sus siglas en inglés, decisiones ambas que ya la enfrentaron con el actual Legislativo y de seguro con el que ya ha sido electo. Decisiones de última hora que son inaceptables.

Veremos cuál de las tres agendas prevalece en los próximos días.