El pasado jueves 28 de junio, los cuatro candidatos presidenciales firmaron en la sede del IFE y ante testigos invitados, un pacto de civilidad en el que manifestaron su voluntad de aceptar los resultados de la eleccion del 1 de julio, respetar al ganador de la elección, así como un absoluto respeto y reconocimiento de las leyes e instituciones electorales vigentes.

Los puntos medulares del acuerdo son: 1) Reconocimiento de que los partidos políticos han participado en la construcción de los instrumentos electorales, en todas las etapas y decisiones del proceso electoral y que cuentan con los mecanismos para vigilar el desarrollo de la votación, las actividades y las decisiones que han conformado el proceso electoral; 2) Reconocimiento a la entrega cívica de los ciudadanos como funcionarios de casilla que abonan a la legalidad del proceso electoral; 3) Compromiso de respeto a las decisiones que dicten el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 4) Compromiso con la civilidad y tranquilidad, que incentive a los mexicanos a ejercer su derecho al sufragio; 5) Rechazo enérgico al uso de recursos públicos y programas sociales para coaccionar el voto; 6) Repudio a todo acto de violencia que inhiba la participación ciudadana en las elecciones; 7) Compromiso con la sustitución pacífica de los poderes Ejecutivo y Legislativo; 8) Un llamado a la ciudadanía para acudir a votar.

Uno de los testigos del acto fue el líder del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Gerardo Gutiérrez Candiani, impulsor del pacto que tuvo como principal objetivo que los presidenciables se comprometieran -por escrito- a respetar el resultado de la elección y transitar, así, pacíficamente, por vías institucionales y con apego a las leyes de la materia, a la renovacion del Poder Ejecutivo Federal. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, expresó a los candidatos que acudieron a la firma que “No se pide renunciar a lo que establece la ley, sino mantenerse a lo que esta establece”.

Por su parte, el consejero presidente del Instituto Federal Electoral, Leonardo Valdés Zurita expresó sobre el pacto que: “Acatar las reglas no significa declinar a las convicciones, ni mucho menos abandonar los principios” y pidió a los aspirantes presidenciales y a sus partidos promover la tolerancia entre sus seguidores y renunciar a la violencia.

Después de estos buenos deseos convertidos en compromisos escritos y firmados por los cuatro candidatos, pasó el 1 de julio con los resultados que oficialmente han sido dados a conocer por el Instituto Federal Electoral: El candidato de la coalición PRI-Verde Ecologista, Enrique Peña Nieto, ganó la elección presidencial con una ventaja de más de 6 puntos sobre el segundo lugar.
Como se vaticinó, no dudaron en reconocer los resultados, el presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, así como los candidatos del PAN, Josefina Vázquez Mota y del PANAL, Gabriel Quadri de la Torre.

Como algunos suponían, no sucediió lo miismo con el candidato de la coalición PRD-PT-Movimiento Ciudadano, Andrés Manue López Obrador, quien -habiendo obtenido el segundo lugar en las preferencias- tan solo algunas horas después de concluído el proceso electoral, lo descaificó y aseguró que lo impugnaría.
Aunque López Obrador ha negado haber convocado a las movilizaciones que se han efectuado para protestar contra el resultado de la elección, al grito de “fraude” y con diversas marchas en ciudades del país, como la multitudinaria de cerca de 70 mil personas que se realizó ayer en el Distrito Federal; lo innegable es que las consignas en todas ellas, son a su favor y en contra de Enrique Peña Nieto y de su partido, el PRI.

No cabe duda que Andrés Manuel Lopez Obrador tiene todo el derecho de impugnar parcial o tatalmente el cómputo electoral ante las autoridades electorales -Instituto Federal Electoral y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación- sin que ello pueda considerarse un incumplimiento al Pacto de Civilidad que suscribió; sin embargo, una vez que agote la instancia jurisdiccional, deberá cumplirlo a cabalidad aceptando la resolución emittida, tal y como lo establecen nuestras leyes, horando su palabra y firma.
De no hacerlo así y de continuar alentando a sus seguidores a las movilizaciones y protestas, tendrá que cargar con el rechazo de liderazgos de solvencia profesional y ética que lo acompañaron en su proyecto y que no consentirán un daño innecesario a la estabilidad política del país, ni la afectación que ello ocasionaría al PRD y partidos de la izquierda que, especialmente en este momento, tienen que aprovechar el avance electoral conseguido para construir su futuro; y, sobre todo, tendrá que asumir el rechazo de la mayoría de mexicanos que sabemos bien que nuestra democracia es imperfecta, pero estamos seguros que el camino para mejorarla no es el de “mandar al diablo a sus instituciones”. ¿No lo crees?