La vieja y decadente ideología priista comprende la pretensión de la unidad política de México, la subordinación de las oposiciones, la negociación de los principios en aras del pragmatismo del poder. Este postulado ha sido tomado en parte por Felipe Calderón, pero el PRI es su principal exponente.

La noche de la jornada electoral, Enrique Peña Nieto declaró insuflado: “¡Ganó México!”, como si se tratara de un campeonato internacional de futbol o algo por el estilo. Pero no se trata de un patriotismo ritual sino de la pretensión de que la política del PRI sea el programa del país. Sin embargo, el resultado dado a conocer por el IFE le asigna a ese candidato un 38 por ciento, es decir, no se trata de una mayoría de votantes sino de algo más de un tercio, lo cual significa que cerca de dos tercios discrepan del candidato, su partido y su propuesta. Cualquiera diría que un gobernante de a tercio tiene que compartir las decisiones con otros si quiere hacer algo. Pero en México las cosas no son como en el resto del mundo.

Un problema mayor es la manera en que se ha logrado ese proclamado tercio mayor: la compra de votos, la coacción, el gasto ilegal. Recuerdo campañas priistas con ríos de dinero, pero jamás se produjo alguna intervención de la autoridad para castigar la ilegalidad, tanto aquella de carácter propiamente electoral como la relacionada con el uso indebido de fondos públicos, con la única excepción del Pemexgate, sólo sancionada con multa administrativa cuando ya el PRI no tenía la Presidencia de la República.

La concepción y práctica patrimonialista del Estado no es exclusiva de México sino un fenómeno bastante difundido, pero en nuestro país ha llegado a extremos inenarrables. No se trata sólo del gasto político cotidiano sino del extraordinario de las elecciones. Para comprar millones de votos se requieren miles de millones de pesos. Cuando observamos esa conducta en una entidad federativa no se llega a tanto dinero ni a tantos votos pero, en la dimensión nacional, como en las elecciones del 1 de julio, los desvíos de recursos públicos son estremecedores. ¿Alguna autoridad investigará de verdad los monederos electrónicos? No, ninguna. ¿Los sistemas de fiscalización de muchos estados servirán para perseguir a los gobernantes que sacaron dinero en efectivo para el gasto electoral? No, porque de por sí no funcionan.

El hecho de que no todos los gobernadores priistas hayan hecho exactamente lo mismo no es un elemento para negar el fenómeno del uso de recursos públicos para financiar la campaña de Peña. Así también, el que en ocasiones el dinero público no sea suficiente para garantizar el triunfo del PRI no es motivo para desestimar el fenómeno. En el año 2000 el PRI perdió a pesar de los mil millones sacados de Pemex, pero porque ese dinero era relativamente poco, una parte se entregó a destiempo y los votos comprados no alcanzaron a revertir la diferencia.

Es interesante destacar que durante su campaña Peña no insinuó siquiera la necesidad de combatir la corrupción, como si ésta no existiera o como si se tratara de algo residual ya superado en sus peores expresiones. En todos los Estados del mundo existe corrupción, pero no cualquiera de ellos es corrupto.

Durante los meses de campaña, y antes, se produjeron denuncias sobre recursos de origen público que eran canalizados a la actividad política y a los preparativos electorales. Sin embargo, desde entonces y hasta cuando vimos los monederos electrónicos y la entrega de dinero en efectivo, ninguna autoridad se tomó la molestia de hacer algo. Se dice que no hay facultades para intervenir, pero ¿qué clase de Estado tenemos donde ninguna institución puede responder? Después de la elección, las denuncias son las mismas de antes y tenemos muchas nuevas, pero la situación sigue igual. Esto es lo que enfurece a mucha gente. ¿Ganó México?

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