En medio de la entrevista que concedió al programa de televisión Tercer Grado, el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, fue cuestionado por Carlos Marín acerca de la política cultural. Hipersensible al tema, luego del tropiezo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara donde no acertó a mencionar correctamente libros y autores, cualquiera hubiera creído que no lo iba a volver a abordar; y de hecho, no lo hizo: en el mejor de los casos Peña fue elusivo y apuntó algunas vaguedades que no fueron más allá de señalar que si algo se había hecho bien durante el sexenio calderonista en esta materia, él lo retomaría.

Cierto es que el tiempo del que disponía para responder era claramente insuficiente, pero no hay ninguna constancia de que el asunto le preocupe o interese mayormente. Su caso, por lo demás, no es el único, si nos atenemos a lo dicho en otras entrevistas con los principales candidatos a la Presidencia e incluso al primer debate que sostuvieron hace unas semanas. La cultura simplemente no está entre los ejes programáticos que suelen presentar en sus encuentros con la ciudadanía; a lo más, se la menciona como un segmento de la política educativa, o bien, se la expone con fórmulas imprecisas teñidas de un populismo barato (“cultura para todos”, “más espacios culturales”, etcétera).

A los candidatos, pues, no les importa; pero si me guío por la ausencia de exigencias y propuestas al respecto, deduzco que tampoco despierta gran interés entre los mismos sujetos y actores del sector cultural, donde priva una suerte de conformismo que solo en las sobremesas se transforma momentáneamente en supuesta indignación, preocupación o esperanza de que las cosas cambien.

Nuestra inteligencia becaria, como la he llamado en otras oportunidades, no siente ningún apuro porque las cosas cambien en el terreno mismo de su quehacer cotidiano. Buena parte de este sector se llena la boca de antipriismo todos los días, pero la obra institucional del PRI en materia cultural, y en la que ellos se desenvuelven tan bien, pareciera que es perfecta, porque no les merece ningún comentario.

Por los rumbos de la capital, discutir la política cultural resulta ocioso para muchos, sobre todo si se vive en una de esas colonias que cuentan con librerías, cines de arte, museos y otros espacios. Sin embargo, en el resto del país el ánimo es muy diferente; de ahí que me llame la atención que en lugares como Sinaloa se produzcan encuentros e intercambios que tienen como punto de partida ideas que habría que tomar en cuenta si se quiere pensar en una política cultural auténticamente nacional, y no una política cuyos horizontes (y beneficiarios) terminen básicamente en la Condesa, Polanco, Roma y anexas.

Como ejemplo, me refiero a un documento presentado por Fernando González Sánchez, candidato a senador por Sinaloa del partido Nueva Alianza, ante artistas e intelectuales de aquel estado. En él, asegura en primer lugar que “los gobiernos panistas no han hecho más que ensanchar la marcada brecha existente entre la política cultural federal y los requerimientos reales de las regiones, estados, municipios y comunidades de la república”. Sería cosa de ver los números a detalle, pero según González Sánchez, “las cosas en este terreno siguen básicamente igual que como las dejaron los gobiernos priistas, con el agravante de que el estancamiento, en este como en cualquier otro tema, es sinónimo de atraso”.

Como en otros rubros, el centro sigue partiendo y repartiendo según criterios no siempre transparentes, pero a eso se suma que algunas veces los recursos no se destinan para los proyectos prioritarios o los que reclaman las instituciones culturales locales.

Tras este apunte inicial, el documento de González Sánchez señala algunos temas que sin duda tendrán que estar —ya por acción, ya por omisión— entre las principales definiciones de política cultural del próximo gobierno, sea cual sea. Uno de ellos, que resulta impostergable, es que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes “sigue operando con la misma estructura, el mismo marco legal y los mismos programas con que nació en 1988”, de tal modo que “su relación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA) continúa estando signada por una contradicción de origen: el estatuto jurídico de éstos es superior al de aquél; mientras unos fueron creados por decreto legislativo, el otro lo fue por decreto administrativo del Ejecutivo”.

¿Debe cambiar su estructura y marco legal el Conaculta? La discusión se ha dado, como se sabe, entre los expertos jurídicos y quienes han participado de los diversos foros organizados en este sexenio, pero nunca se resolvió cuál deberá ser el futuro de esta instancia. Y la respuesta no tiene que ver con que las cosas se estén haciendo mal (o que lo que se ha realizado sea inservible), sino con el hecho fundamental de que el país necesita que se hagan mejor.

Pero de esto, si me permiten, hablaremos con más detalle el próximo sábado.