En la democracia moderna no basta obtener el triunfo con la mayoría de los votos; es necesario lograr, también, que los adversarios y quienes votaron por ellos estén convencidos de que fueron derrotados en una competencia equitativa.

Solo así se logrará que la inmensa mayoría de la población acepte, de buen grado, convivir en paz con los que piensan diferente o tienen intereses distintos.

El país lo consiguió en el 2000, pero en el 2006, por diversas razones, la ilegitimidad rondó al gobierno de Calderón.

Un triunfo más “a la legalona” o “haiga sido como haiga sido”, donde las campañas y el proceso electoral se consideren inequitativos y tramposos, solo traerá, una vez más, malestar, desobediencia y más violencia (ahora política).

Si de verdad Peña es un ganador indudable, cuyo triunfo está cantado meses antes de las elecciones, ¿qué necesidad hay de ensuciar su victoria con maniobras y triquiñuelas que ya empiezan a denunciar los observadores internacionales y los mismos consejeros y magistrados de los órganos electorales? (Córdova y Nava).

El magistrado del tribunal electoral Salvador Nava Gomar lo dijo claramente: “No existe certeza de si las emisoras que harán la transmisión cubrirán la totalidad de las entidades federativas… Sería trágico que el ciudadano de alguna entidad quisiera ver el debate y no pudieran hacerlo” (Universal, 5/5/12).

¿Qué no se pudo encontrar un justo medio, para no caer en el falso dilema de obligar a algunos candidatos a solicitar la cadena nacional autoritaria por un lado, y, por el otro, maniobrar para solo transmitir los debates por canales restringidos?

En un país tan grande, solo las redes nacionales de los canales 2 y 13 cubren con señales gratuitas todo el territorio nacional. ¿Qué no se pudo transmitir el debate por ellas y así ofrecer a todo el país la posibilidad de verlo, mientras por los canales 4, 5 y 7 se transmitía el entretenimiento habitual?

Legalidad significa que el que tenga la mitad más uno de los votos ganará. Legitimidad, que los candidatos perdedores, los votantes derrotados, las autoridades electorales y los observadores internacionales acepten, ante las evidencias, el resultado, porque se realizó en equitativa competencia. Porque fue un proceso electoral auténtico y razonable, con el propósito de instaurar poderes y autoridades asentadas en un sólido consenso social que facilite el mando y el ejercicio del poder, para que solo tengan necesidad de la coerción de manera excepcional.

De otra manera, como nos ocurrió en la elección pasada y ocurre en otros lugares, la transición y la alternancia estarán viciadas.

¿Queremos parecernos a Rusia o a Venezuela?

¿Otra vez resucitar la dictablanda, ahora con rostro juvenil, pero igualmente siniestra y autoritaria?

¿Otra vez cerrar, como en 68, los caminos para los disidentes pacíficos?

¿Otra vez propiciar marchas, plantones y quizá guerrillas y terrorismo?

¿Otra vez meter al país al terreno del fango político?

Es conveniente que, antes de que avance más el proceso electoral, los punteros en las encuestas realicen un esfuerzo de prudente autocrítica y acepten convencidos competir efectivamente en la equidad. Darle al país campañas de calidad de donde surjan electores bien informados y autoridades claramente legitimadas.

Todos resultaremos beneficiados… sobre todo quien se gane la rifa del tigre.