Durante los varios años que trabajé en Estados Unidos, cubrí una docena de elecciones: municipales, estatales, federales, presidenciales.

Nunca. En ninguna de ellas, me enteré de cómo se llamaba, o dónde era la oficina, o quiénes trabajaban en el órgano responsable de organizar cada una de esas elecciones.

Las elecciones se trataban de los partidos, los candidatos, lo que proponían, sus estrategias y tácticas, sus movilizaciones y mítines.

Las reglas son claras, no demasiado complicadas, las impugnaciones se resuelven en tribunales comunes y corrientes. El centro de la elección es… la elección.

Revisé ayer en la prensa nacional a los moneros y me encuentro que, al menos ayer, el personaje que más se repite es Leonardo Valdés Zurita, el consejero presidente del Instituto Federal Electoral.

¿Cómo es que el hombre que representa al instituto organizador de la elección se convierte en el personaje político de la temporada?

Acaso estamos acercándonos peligrosamente al escenario de hace seis años, cuando la ira de los perdedores de la elección encontró buen chivo expiatorio en el presidente consejero del IFE.

El árbitro en el centro.

A este Consejo General todo se le ha juntado:

Una ley que acumula facultades y responsabilidades —excesivas, algunas absurdas— en una institución diseñada originalmente para otra cosa.

La abierta confrontación de la industria de la radio y la televisión, molesta por una ley que le quitó ingresos millonarios en tiempos electorales, y que ha preferido hacer enemigo al instituto y no a los partidos que diseñaron y aprobaron la reforma.

La ausencia de tres consejeros por meses que atrasó cosas y cargó de chamba a algunos. Los tres recién llegados no han tenido espacio para ninguna curva de aprendizaje de los usos y costumbres de la institución.

Y por último, partidos dispuestos a litigar frente al Consejo General hasta el último de los detalles.

Esta semana es un buen ejemplo.

El asunto eran los debates.

La ley le impuso al instituto organizarlos y producirlos.

Mañana se estrenarán como realizadores de televisión. Y en la negociación de formato terminaron cediendo a la voluntad de los políticos y, aunque usted no lo crea, las preguntas que mañana se harán a los candidatos están seleccionadas por miembros de las campañas o muy cercanos a ellas. Novateados.

Organizado el debate, una de las televisoras decidió no transmitirlo.

¿A quién se culpó? Al Instituto Federal Electoral.

Por una mezcla de protagonismo de los consejeros y la mala voluntad de televisoras y partidos, el asunto acabó en manos del instituto, que tuvo que negarse —como era lógico— a exigir a la Secretaría de Gobernación que mandatara una cadena nacional.

Es decir: una ley aprobada por los partidos nos dio solo dos debates y millones de spots. Los miedos de los candidatos nos darán debates constreñidos. Una televisora se niega a transmitirlos y ¿quién tiene la culpa de todo? El IFE.

Pero nadie la carga la mano al instituto más que los partidos políticos, aprovechando la ley de 2008.

Ya he escrito en esta columna de la inédita estrategia de los partidos de la izquierda, por ejemplo, de cuestionar miles de designaciones de capacitadores electorales.

En estos días, la Secretaría Ejecutiva del IFE ha entregado un informe sobre cómo han utilizado los partidos la figura de la petición de “medidas cautelares” contra tal o cual partido. El informe, que describe el laberíntico procedimiento para desahogar cada una de estas quejas, dice: “Desde 2009, los partidos políticos han recurrido a las medidas cautelares de una forma permanente y consuetudinaria durante los procesos electorales y aun fuera de ellos. A la fecha de corte de este informe, los partidos han solicitado, en conjunto, 103 medidas cautelares, mientras que el IFE ha otorgado en 41 ocasiones la procedencia de las mismas. Es decir, en 40 por ciento de los casos. El partido que más ha solicitado la aplicación de medidas cautelares es Acción Nacional, en 42 ocasiones. El Revolucionario Institucional lo ha hecho en 37 ocasiones y el de la Revolución Democrática en 24.

“El partido que en mayor medida ha logrado que la autoridad electoral adopte un mayor número de medidas cautelares es el Revolucionario Institucional: con 17 cautelares otorgadas. El PAN ha logrado suspender propaganda mediante cautelares en 14 ocasiones y el PRD, en 10”.

Otro ejemplo de cómo la ley, los partidos que la aprobaron y los afectados por ella se unen para cargar al IFE de chamba, responsabilidades y, al final, desgastarlo.

Hace un año, Héctor Aguilar Camín escribió en estas páginas que el IFE parecía estar debilitado ante la inmensa tarea que le tocaba.

Respondieron con enjundia consejeros a rebatirlo. A debatir con él. A negar que eso fuera cierto.

Cuando —un año después— el personaje más importante de la quinta semana de campañas es el árbitro, algo anda mal en nuestras elecciones.

Twitter: @puigcarlos