Cuando menos hasta hace pocos días, el artículo 35 constitucional sigue diciendo que “son prerrogativas del ciudadano… I. Votar en las elecciones populares…”; mientras que el artículo 36 señala que “son obligaciones del ciudadano de la República… III: Votar en las elecciones populares en los términos que señale la ley…”. Tres preguntas saltan a la vista de manera inmediata: ¿el ciudadano contemplado en el artículo 35 es el mismo del artículo 36 (este segundo es “de la República”)? ¿Cómo es que algo puede ser a la vez tanto una prerrogativa como una obligación? ¿Cuáles son los términos que señala la ley? Abordemos esta última y dejemos las primeras dos a los que saben.

Al igual que otras obligaciones presentes en nuestra carta magna, la contenida en la fracción III del artículo 36 es una norma imperfecta ya no digamos por su sentido —lo que en todo caso es debatible, claro está—, sino por la ausencia de sanciones ante su incumplimiento. El nuestro es pues uno de muchos países que consideran obligatorio votar, pero no tienen forma de exigirlo y, por ende, aplicar la ley. Si bien el voto es el ritual más significativo de las democracias modernas aunque no haya sanción para quien no desea votar, ¿por qué querer obligar a los medios a transmitir información sobre la cual no están legalmente obligados? ¿Por qué tratar al ciudadano como si fuera un menor de edad, incapaz de dar con cierta información que supuestamente debe interesarle si no se le pone literalmente enfrente?

Seguramente este domingo por la noche los cines seguirán mostrando sus funciones como de costumbre. Los restaurantes y bares que viven esa extraña pretensión de creer que sigue habiendo vida un domingo por la tarde, también. Las plazas en los pueblos seguirán ahí para que den vueltas alrededor los jóvenes que estén más interesados en ello que en otros temas (futbol incluido), y en muchas casas lo relevante será prepararse para el inminente inicio de la semana. Claro que cualquier sociedad se fortalece en la medida en que la gente se interesa por la cosa pública, pero creer que la democracia ha sufrido un tiro de gracia porque una televisora decide no transmitir un debate —al cual pudiera argumentarse que está moral más no legalmente obligada— es un despropósito, más propio de la desesperación que de la razón jurídica.

¿Cadena nacional por tratarse de una “información de trascendencia”? Sería ideal que se diera en la práctica como resultado del interés ciudadano en los temas electorales, mas no como resultado de una decisión impuesta además mediante un cuestionable sustento de ley. Normalmente ya tiene el pueblo bastantes “cadenas nacionales” (de otro tipo) para endilgarle otra más, además de que Mitofsky revela que 18% de los encuestados manifiesta tener mucho interés por los sucesos políticos, mientras que a 53% le interesa poco o nada la política. ¿De verdad mejoraremos nuestra cultura cívica mediante la imposición de transmitir dos horas de un debate cuando hay múltiples otras vías de hacerse de esa información para quien lo desee?

Será que algunos se sienten sorprendidos por lo que interpretan como una ausencia de Estado. O será que hemos pasado del “soldado del PRI y del Presidente” al “si quieren debate, véanlo por Televisa, si no, vean el futbol por Azteca. Yo les paso los ratings al día siguiente”, lo cual, por cierto, nos coloca ante una situación interesante: constatar mediante un tercero independiente los ratings de las opciones del domingo por la noche. Sería un termómetro fiel del estado de nuestro interés por la cosa pública y la democracia, que no de nuestro futbol, pues ese ya se sabe que anda más bien de capa caída.

No es común que puedan darse coyunturas como ésta; aprovechémosla, en lugar de andar recolectando firmas para exigir a la Secretaría de Gobernación que obligue a transmitir el debate el domingo. El tema no es la motivación de la participación política, la que hay que incentivar, sino los vehículos para ello, en los que no deben caber pretensiones de grupos de ciudadanos por hacer extensivas sus preferencias a los demás. Trabajar para consolidar una sociedad informada y madura pasa por el camino de la libertad y por el respeto al derecho de los otros, aunque no nos gusten ni nos convenzan.

Del otro lado

Se informa que hasta el momento solo está cubierto 50% de los cargos de funcionarios de casilla… al parecer habrá ahí un ausentismo similar a la falta de cumplimiento de la obligación de votar.