Liberan a 23 alumnos de Tabasco; acusan torturas
El gobierno de Tabasco informó que liberó bajo las reservas de ley a 23 alumnos de los 27 detenidos en el Instituto Tecnológico Superior de Macuspana, luego de que un grupo de porros y policías antimotines los desalojó de las instalaciones que mantenían tomadas desde hace casi un mes.
En un comunicado, el gobierno estatal informó que los jóvenes son acusados de “daños y lo que resulte” contra el plantel. En el caso de los liberados, “no existen pruebas suficientes para su detención”.
Los cuatro restantes, considerados los líderes, sí serán procesados “y se les garantiza que se respetarán sus derechos”.
Sin embargo, los jóvenes liberados acusaron que los hombres fueron golpeados y que cinco mujeres tocadas sexualmente por los uniformados, además de la irregularidad de permitir que la policía “cuidara” a los porros mientras éstos los agredían.
Luis Felipe Salvador Álvarez, vocero de los estudiantes, narró que durante la agresión en la madrugada del miércoles, los porros “traían machetes, garrotes y piedras, nos refugiamos en las instalaciones cuando vimos llegar a los policías, pensamos que la habíamos librado y nos iban a apoyar contra los vándalos, pero no fue así, llegaron a pegarnos”.
“A los hombres nos golpearon en el piso y a las compañeras las tocaron en sus partes íntimas”, acusó.
Desde el pasado 6 de marzo los jóvenes exigen la salida del director Enrique Bellizia Rosique, por presuntamente mantener en abandono las instalaciones, pese a haber ejercido como presupuesto 70 millones de pesos en los dos últimos años.
El abogado Javier López Cruz acusó que la Procuraduría estatal no permitió el acceso a siete defensores de los estudiantes a las declaraciones que les fueron tomadas presuntamente bajo presión, violando su voluntad de hacerlo en los términos de la Constitución.
Ayer, detalló, se solicitó un amparo federal para que los cuatro jóvenes detenidos pudieran hablar con sus abogados, pues estaban incomunicados.
Además, los 23 estudiantes liberados presentaron una denuncia ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por las lesiones que presentan y que los médicos legistas se negaron a certificar.
Antonio Villegas/Tabasco








