Fuerte polémica desató la reforma a la Ley de Seguridad Pública que permite brindar protección a funcionarios o ex funcionarios de las áreas de seguridad pública, procuración e impartición de justicia.

¿Qué opinión tendrán al respecto el ex secretario de Seguridad Pública, general Francisco Fernández, y el ex subprocurador Alex Alvarez? Ambos sobrevivieron de milagro a atentados perpetrados por sicarios.

Diversos actores y sobre todo candidatos consideraron innecesaria tal reforma, fundamentalmente por el aspecto económico que implica.

En el dictamen emitido este lunes en el Congreso local se establece que “dicha garantía no constituye un privilegio, sino una necesidad y aliciente para que los servidores públicos a quienes se les brinde protección, desarrollen sus funciones con mayor seguridad, compromiso y profesionalismo en el combate a la delincuencia”.

Fuera de discusión está que el tema de la inseguridad es muy diferente con relación a sexenios pasados, tanto a nivel nacional como estatal. No son las mismas circunstancias

Por ello el argumento de la reforma es en virtud de los ataques registrados contra los servidores públicos de esas áreas por parte de la delincuencia organizada, que busca amedrentar a las autoridades para cesar la lucha por combatir la inseguridad en la entidad.

Habrá que recordar aquellos dos atentados, uno en marzo del 2007 en contra del secretario de Seguridad Pública, general Francisco Fernández Solís, quien recibió en el cuerpo tres esquirlas de balas, su chofer José de la Luz Pérez Mayo resultó muerto y herido su secretario auxiliar Leobardo Pérez Mayo. Su vehículo recibió 103 disparos de armas largas Ak-47 y R-15.

La segunda agresión fue en mayo de 2009 en contra del subprocurador Alex Alvarez Gutiérrez, quien sobrevivió cuando lo interceptó un comando de sicarios transportados en seis vehículos.

El saldo rojo en esta ocasión fue de un civil muerto y dos escoltas lesionados. Alex Alvarez logró escapar gracias al blindaje de su vehículo y que estaba cerca de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública.

El artículo 75 de la referida ley señala que dicha seguridad se le otorgará al gobernador del estado, al secretario de gobierno, al procurador general de justicia, al secretario de Seguridad Pública, al presidente del Tribunal Superior de Justicia, al subprocurador de justicia, y al director de Averiguaciones Previas, cuando hayan estado al menos un año en el cargo y de acuerdo con la modificación planteada por la Comisión orgánica al artículo 74 de dicha normatividad, también gozarán de esta salvaguarda, las familias de dichos funcionarios, sus familiares en línea ascendiente hasta el primer grado y descendiente hasta en un segundo grado.

La reforma ya se ha politizado en pleno proceso electoral. Ante la crítica de que se erogarán importantes recursos, la ley indica que el plazo de seguridad a proporcionar dependerá de la disponibilidad presupuestal y las circunstancias particulares del caso.

Igualmente queda establecido que no podrá exceder del tiempo que el funcionario ejerció el cargo y podrá ser prorrogado si persiste la causa.

TIEMPO FUERA.- De cualquier manera, alguien en el Congreso local necesita urgentemente una calculadora portátil y enterarse que el Segundo Periodo Ordinario de sesiones comienza en septiembre.