Los derechos culturales y la CNDH

Cambio y fueraAdriana Malvido

2012-04-04 • Política

El derecho de los huicholes a preservar su santuario en Wirikuta. El de los artesanos, a comercializar su trabajo en condiciones justas. El de las poblaciones marginadas, a contar con una estación de radio comunitaria sin ser perseguidos. El de los creadores, a vivir de su trabajo dignamente. El de las culturas indígenas, a ser tan respetadas en la vida cotidiana como en los museos. El de los emprendedores culturales, a recibir financiamiento y apoyo a la exportación como cualquier otra Pyme; el del acceso de todos los ciudadanos a la banda ancha y a la capacitación tecnológica… Todos son derechos culturales, ¿quién vela por que se cumplan?

En octubre de 2008 se elevó a rango constitucional el derecho de toda persona “al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales”. Además, el mismo artículo 4 establece: “El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural”.

Lo anterior fue recibido por la comunidad cultural como un buen principio. Sin embargo, ha pasado inadvertido a falta de un reglamento que, al día de hoy, no se ha promovido, por lo que el único recurso ciudadano, en caso de incumplimiento de la ley, es mediante una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Por eso, el Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura (Grecu) de la UAM-Xochimilco, que encabeza Eduardo Cruz Vázquez, se reunió la semana pasada con el doctor Raúl Plascencia, presidente de la CNDH. Acordaron acciones conjuntas frente al Ejecutivo y el Legislativo para que cumplan con su responsabilidad; promover los derechos económicos, sociales y culturales (DESC); la difusión de la ley; la intermediación del Grecu, como conducto, para canalizar quejas y demandas de aquellos que estimen que no fueron respetados sus derechos. La promoción de foros y estudios con énfasis en los derechos económicos, por lo que atañe a la economía cultural, los emprendedores y las empresas culturales.

Se ventilaron múltiples ejemplos. Entre ellos se habló de un subejercicio presupuestal de Conaculta que, según se dijo, asciende a más de mil millones de pesos; de la amenaza de la ley SOPA “con la que los grandes consorcios aplastarán el derecho al acceso a la cultura y la libertad de expresión en línea”; de la falta de incentivos y facilidades para exportar productos culturales en el caso de pequeñas y medianas empresas; del rezago en el acceso a las nuevas tecnologías, que reduce la posibilidad de obtener un empleo en un porcentaje considerable de la población…

Los derechos económicos, sociales y culturales, de la mano. La ley está, falta que se ejerza, y que los emprendedores culturales conozcan y defiendan sus derechos. Por lo pronto, el Grecu y la CNDH han dado un primer paso. Tendrán trabajo.