Familiares, amigos y conocidos de Agnes Torres Hernández, activista por los Derechos Humanos de la Comunidad Lésbico Gay, Transexual y Bisexual (LGTB), reportaron su desaparición el sábado pasado. El viernes por la noche había salido de su domicilio con una maleta en su vehículo Golf, blanco, con placas TWT5919 a una fiesta en Chipilo, según se reportó en las redes sociales Facebook y Twitter. El mismo día, en la tarde-noche, fue localizado el cuerpo sin vida de Abraham Torres Hernández, conocido como Agnes Torres Hernández, de 28 años de edad, en la barranca Xaxocuapatle, a un kilómetro del puente que cruza la autopista Siglo XXI.

El hombre, quien permaneció en calidad de desconocido por varias horas, fue localizado semidesnudo, vestía blusa de tirantes, faja, chamarra café, y de la cintura para abajo sólo tenía su ropa interior. El cuerpo fue encontrado por vecinos del lugar, quienes dieron parte a la policía y posteriormente al agente del Ministerio Público.

El personal que se encargó del levantamiento de cadáver, que quedó asentado en la averiguación previa 406/2012/Atlixco, dijo que Torres Hernández, quien tramitaba su cambio de identidad en el Distrito Federal, presentaba quemaduras en diversas partes del cuerpo, por lo que se presume que fue torturado.

La noticia del crimen trascendió a nivel nacional, una vez que se confirmó que se trataba de un crimen de odio hacia la activista. Ante el repudio del crimen en las redes sociales, la PGJ emitió un comunicado en el que aseguró que se están realizando las investigaciones pertinentes en coordinación con la Policía Ministerial y la Dirección de Servicios Periciales para esclarecer la muerte de Agnes Torres, quien murió a consecuencia de un choque hipovolémico secundario al ser degollado.

La dependencia asegura que existe que recabará la información necesaria para analizar posibles indicios localizados en la escena del crimen, que permitirán conocer la identidad de él o los responsables del asesinato.

Además, la Comisión Estatal de Derechos Humanos iniciarán una investigación para determinar si hubo o no omisión de las autoridades hacia los derechos de Agnes Torres Hernández.

Previo a la manifestación que realizó la comunidad lésbico-gay en el zócalo capitalino, trascendió el homicidio de César González Martínez, de 37 años, quien fue localizado en su vivienda en San José Momoxpan con la cabeza envuelta en un trapo con cinta canela, atado de pies y manos.

A la vivienda ubicada en la calle Circuito Central 78 acudió el agente del Ministerio Público de San Pedro Cholula para realizar las diligencias e investigaciones del asesinato; las líneas de investigación incluyen un asalto, ya que de la vivienda desaparecieron varios objetos, incluida una camioneta Ford Sport Track blanca.

Hasta siempre

El olor a rosas se percibe al cruzar el zaguán que conduce al interior del domicilio en la Calle Lerdo de Tejada en el Fraccionamiento Reforma, donde vivía Agnes Torres. Ayer, por última vez, estuvo rodeada de familiares y amistades.

Frente al féretro blanco, rodeado de arreglos florales estaba fijada en la pared una de las últimas fotografías de la activista que en los últimos 6 años se convirtió en una defensora de los derechos lésbico-gay; que llegó al Congreso local con propuestas para erradicar la discriminación hacia este sector.

La activista regresó a Tehuacán, donde será despedida con una misa de cuerpo presente a las 9 horas en la parroquia de San Lorenzo Teotipilco, para ser enterrada en el cementerio de la población.

Agnes fue asesinada 13 días antes de cumplir 29 años de edad, cuando gestionaba su título como psicóloga en la Universidad Veracruzana, donde se graduó con Mención Honorífica; el documento no pudo obtenerlo por su situación de género, ya que ella quería que saliera con su nuevo nombre y sexo, obtenerlo era una de sus metas, por eso, este 13 de marzo, uno de sus amigos en Tehuacán la acompañaría a la universidad para hablar con el rector y destrabar el caso.

AUMENTA LA LISTA DE ASESINATOS

El domingo por la tarde, un hombre de 47 años de edad, presuntamente instructor del INEGI, fue localizado envuelto en cobijas y calcinado al interior de su domicilio en la colonia Bosques de San Ángel, en Chachapa, Amozoc de Mota.

El hombre identificado como Jorge Roberto Macip fue localizado por su pareja sentimental al interior de su vivienda, ubicada en calle Olmos, donde se presentó el agente del Ministerio Público de Tepeaca para realizar las diligencias del levantamiento de cadáver.

Brahim Zamora Salazar, integrante del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos, consideró que este tipo de delitos además de aumentar, cada día van a ser más violentos, tal como ha sucedido con otros 4 homicidios de homosexuales, como el del académico Carlos Betanzo Tlaseca, asesinado a mediados de diciembre de 2011 en su domicilio en el fraccionamiento Camino Real La Hacienda.

A la lista entra el delito cometido a principios de febrero cuando Salvador de la Sota Bustamante, de 33 años, empleado de seguridad privada fue ahorcado con un cinturón, ultrajado, e incluso le sacaron los ojos. El cuerpo fue localizado en su domicilio en la junta auxiliar Ignacio Zaragoza, donde acudió el agente del Ministerio Público Especializado en Homicidios, y encontró en la vivienda algunos medicamentos para el tratamiento de VIH/Sida.

La gota que derramó el vaso

La sonrisa en las fotografías de Agnes contrastaban con los rostros tristes de quienes las levantaban para recordarla. “Desde 2005 hemos documentado casos, sólo en medios de comunicación, de 20 crímenes de odio por homofobia y todos están impunes”, explicaba Onán Vázquez Chávez, presidente del Consejo Directivo de No Dejarse es Incluirse AC.

Más de 200 personas se reunieron en el zócalo para exigir a las autoridades poblanas el esclarecimiento de la muerte de la activista política y transgénero. “Esta es la gota que derramó el vaso”, advertía uno de los oradores en el mitin que reunió a los indignados con las 6 muertes de homosexuales registradas durante 2012.

La comunidad lésbico-gay se unió en un documento con 10 puntos que harán llegar a las autoridades, donde se incluye la demanda al gobierno del estado para que esclarezca los crímenes y al Congreso local la aprobación de la Ley para prevenir y reglamentar la discriminación, congelada desde hace más de 5 años. Las agrupaciones plantearán la creación de una oficina especial en la CDH para tratar estos asuntos y que la PGJ tenga una fiscalía especializada para atraer crímenes de odio.

Violeta García, Apolonia Amayo, Tonatihu Avelino/Puebla-Tehucán