Los 6.5 millones de pesos que el auditor superior Alonso Godoy Pelayo cobró adicionales a su salario sí habían sido señalados como irregularidad en la auditoría que se realizó al Congreso del Estado de Jalisco, en lo que se refiere al ejercicio 2009, por no existir “las pólizas de egresos”, así como el “soporte documental correspondiente”, según se señaló en el documento respectivo. Sin embargo, el órgano fiscalizador a cargo del propio Godoy las dio por solventadas, sólo con la comprobación de que el funcionario sí recibió el dinero.

Para exonerarse, el auditor superior utilizó los mismos argumentos que no fueron admitidos en la investigación que hizo la Comisión de Responsabilidades y que motivaron la presentación de una denuncia penal contra quien resulte responsable por la entrega de los recursos a Alonso Godoy.

En la observación número 26 del pliego elaborado por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), se señalan inconsistencias por nueve millones 719,619 pesos, correspondientes a la partida 3827 “asignaciones a los grupos parlamentarios”. En ésta, se señalan 19 cheques emitidos en diferentes fechas de los meses de enero, marzo, abril, junio, octubre y diciembre de 2009. Para solventar esa información, el ex presidente de la Comisión de Administración, Jorge Arana Arana presentó distintos documentos, relacionados con la aprobación del Presupuesto de Egresos de 2009 del Poder Legislativo, así como sus modificaciones.

También, copias de los acuerdos emitidos por la Comisión de Administración, a través de los cuales se autorizaba al secretario general del Congreso a transferir los recursos de distintas partidas “a los diversos grupos parlamentarios mediante cheque, efectivo o transferencia electrónica, según la representación que tenga el grupo parlamentario”. Estos acuerdos tienen fecha del 30 de octubre de 2007 y 22 de enero de 2009.

Además, hay un acuerdo de la Junta de Coordinación Política del 27 de febrero de 2009, para dar cumplimiento a los anteriores acuerdos de la Comisión de Administración.

Otro acuerdo que se entrega es el que tomó la Comisión de Administración de la LVII Legislatura y ratificado por la misma Comisión de Administración, pero ahora de la LVIII Legislatura, del 2 de julio de 2008, en el cual se ha escudado el funcionario para defender el cobro de los 6.5 millones de pesos adicionales a su salario.

Con esos documentos, el auditor se exoneró, pues establece que la observación se “solventa parcialmente”, ya que ese acuerdo determina pagar las compensaciones y bonos a los funcionarios nombrados antes de la llamada “reforma anti-bonos”.

De esta forma, el auditor superior determinó que sólo se acreditó el destino que se dio a los pagos respaldados por las pólizas E120197 del 27 de marzo; E120301, del 2 de febrero, cada una por 1.5 millones de pesos, así como las pólizas E12537, E12538 y E12539, del 16 de diciembre, cada uno por 833,333 pesos cada una; y la póliza E12618 del 17 de diciembre por la cantidad de un millón de pesos.

Las pólizas, que suman seis millones 499,999, señala la auditoría, “corresponden a los pagos realizados al auditor superior del estado”.

Ante esto, el documento establece que esos recursos “están debidamente aplicados”, ya que se puede confirmar que el auditor “sí recibió los recursos materia de la observación, por lo que la misma se encuentra debidamente comprobada su origen y aplicación”.

Así, la observación se solventa parcialmente, eliminando los 6.5 millones de pesos que recibió el auditor y fincando cargos por los 3.2 millones de pesos restantes.

La auditoría al ejercicio 2009 del Poder Legislativo arrojó cargos, ya aprobados por la Comisión de Vigilancia, por 280 millones de pesos.

Guadalajara • Sonia Serrano Íñiguez