¿Cuánto cuestan las operaciones más peligrosas del gobierno mexicano? ¿Qué tan caro sale infiltrar al narcotráfico? ¿O crear una nómina de informantes? ¿O tender trampas a narcos y mantener en el exilio a testigos protegidos? La respuesta: 12 mil millones de pesos.

Tras el escudo del secreto de Estado, el gobierno de Felipe Calderón ha destinado a lo largo del sexenio casi mil millones de dólares para “gastos confidenciales” en el combate al crimen organizado, dinero que habría sido empleado en distintos rubros clasificados, desde pago de operaciones encubiertas y renta de casas de seguridad, hasta preparación de operativos sorpresa para capturar a capos del narcotráfico.

Una investigación de MILENIO en torno a algunos programas sensibles del gobierno mexicano revela que la administración calderonista ha echado mano de una partida presupuestal poco conocida, reservada por ley para “gastos de seguridad pública y nacional”, para complementar con dinero duro las partes más reservadas de su estrategia antidelincuencia.

Se le conoce como partida 33701 y opera bajo la más estricta reserva del Estado mexicano. Su uso es tan confidencial que, por ley, sólo algunos secretarios, la procuradora general de la República y el titular del Cisen tienen autorización para activarla. Y sólo ellos saben a qué exactamente es destinada.

Si bien es secreta, su uso ha sido extenso y millonario: nueve dependencias del gobierno federal, incluidas las fuerzas armadas y los servicios de inteligencia, han sido beneficiadas con acceso a cientos de millones de pesos provenientes de la partida, que pueden ser empleados para financiar una amplia gama de acciones, según se desprende de informes de la Auditoría Superior de la Federación, el Diario Oficial y reglamentos internos gubernamentales. En realidad es un gasto que queda a la libre interpretación de cada dependencia.

Según distintos registros, para la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad Pública la partida 33701 cubre los gastos en operaciones encubiertas y usuarios simulados, además de financiar la infiltración de agentes en redes criminales. Para la Presidencia de la República, conlleva la adquisición de equipo de seguridad adicional para la protección de Felipe Calderón. En cambio, la PGR la emplea para el pago de recompensas por información que lleve a la captura de delincuentes y el mantenimiento de su programa de testigos protegidos.

Aun así, en otras áreas es aún más secreta. No existen registros de cómo los recursos de la partida 33701 son empleados por Cisen, Marina y Ejército, por ejemplo.

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Luego de la intervención del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección a Datos Personales, MILENIO obtuvo vía Ley Federal de Transparencia los únicos datos públicos que existen en torno a la partida: una relación actualizada de los gastos que han sido asignados bajo su auspicio.

La descripción oficial de la Secretaría de Hacienda sobre la partida da una idea general de su uso y de cómo puede ser empleada. Sus recursos, establece el Clasificador por Objeto de Gasto Gubernamental, “serán destinados a la realización de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y nacional (…), cuya ejecución implique riesgo, urgencia y confidencialidad extrema. Incluye los recursos para la contratación temporal de personas y la adquisición de materiales y servicios necesarios para tales efectos”.

La cifra del gasto ejercido dentro de esta partida es mayúscula. Esdifícil definir en qué se invierten sus recursos por obvias razones: un cálculo realizado por este diario detalla que el monto asignado a erogaciones confidenciales desde 2006 es casi 11 veces el presupuesto de la Presidencia de la República (mil 700 millones) o dos veces más que el programa Oportunidades (5 mil millones de pesos).

Algunas cifras adicionales evidencian el tamaño de los gastos de seguridad nacional de la actual administración. Superan el presupuesto asignado en 2010 a dependencias enteras como la PGR (11 mil millones de pesos), Energía (3 mil millones de pesos), Turismo (3 mil 953 millones de pesos), Reforma Agraria (5 mil millones de pesos), Función Pública (mil 284 millones de pesos) y hasta el presupuesto global de la Cámara de Diputados y el Senado (4 mil 753 millones y 3 mil millones de pesos, respectivamente).

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De la información obtenida mediante la Ley de Transparencia se desprende que una de las agencias más beneficiadas con fondos confidenciales es la Policía Federal, que trató en principio clasificar por seis años la información relativa a los recursos recibidos mediante la partida 33701.

En sus argumentos contra la solicitud de información 0413100034811 presentada por este diario, la Policía Federal advirtió que dar a conocer la cifra de lo recibido y gastado pondría en riesgo la seguridad nacional, pues se revelaría el estado de fuerza de la agrupación y se daría al crimen organizado una idea general sobre cómo defenderse de sus operativos.

En su negativa, la Policía Federal dio algunos detalles adicionales de lo que se hace con la partida más secreta del gobierno: “El presupuesto ejercido en (el rubro) Gastos de Seguridad Pública y Nacional es utilizado para atender los requerimientos de los diversos operativos confidenciales (…) a través de acciones encubiertas, trabajo de inteligencia e intercambio de información con otras instituciones de seguridad nacional y corporaciones policiales del ámbito estatal y municipal”.

Conocidas comúnmente como “operaciones negras”, en la corporación estas actividades están a cargo de la Coordinación de Operaciones Encubiertas, un área que, de acuerdo con su reglamento interno, puede trabajar con “usuarios simulados” y obtener información por vías diversas, como infiltración de agentes en estructuras criminales. Es decir, de la partida se pagan los salarios de un número indefinido de hombres y mujeres que han logrado infiltrar a las redes criminales del país.

MILENIO recurrió la decisión de la Policía Federal ante el pleno del IFAI, al considerar que una cifra global no tendría por qué poner en riesgo la seguridad de las operaciones encubiertas en curso. Luego de tres meses de deliberación, los comisionados del instituto ratificaron de forma unánime ese punto de vista y ordenaron a la dependencia revelar el monto de lo recibido.

En consecuencia, la Policía Federal desclasificó la información y reveló que desde 2006 se han transferido a sus operaciones confidenciales más de 5 mil 300 millones pesos, equivalente a casi 400 millones de dólares al tipo de cambio actual.

En una solicitud por separado, la Secretaría de Seguridad Pública informó —sin hacer uso del recurso de clasificación— que ha recibido también considerables transferencias de fondos confidenciales: 5 mil 859 millones de pesos o 438 millones de dólares.

De manera pública, la Policía Federal sólo ha informado de dos operaciones encubiertas que han sido sufragadas con la partida confidencial.

Una de ellas, con nombre clave Colmena, permitió en marzo pasado la captura de Víctor Manuel Félix, compadre de Joaquín El Chapo Guzmán y cabeza de una célula dedicada al tráfico de drogas entre Sudamérica y México.

En 2010 otra operación encubierta —mediante la cual se crearon cuentas bancarias ficticias— permitió la caída de Javier López Medina, lugarteniente de La Familia michoacana.

Víctor Hugo Michel