Una media docena de “grupos de autoprotección ciudadana”, creados para la defensa de comunidades afectadas por la violencia o —en casos extremos— tomar el papel de juez, jurado y verdugo, ha surgido por todo el país como resultado del incremento de la criminalidad y la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad de los mexicanos.

“En la ausencia de una policía y jueces confiables, los ciudadanos han tomado la ley en sus propias manos”, aseguró el politólogo estadunidense George Grayson, quien recopiló durante varios meses información relacionada con la gestación en México de organizaciones como el movimiento de LeBaron en Chihuahua y, al mismo tiempo, ejemplos radicales que bordean el paramilitarismo en su discurso, como el autodenominado Ejército Popular Antinarco.

Muchos de esos grupos, advirtió el investigador, cuentan con una organización y estructura definidas y hasta recursos abundantes provenientes de la propia ciudadanía: “Muchas veces tienen fondos del sector privado y políticos”.

El resultado de la investigación de Grayson, publicada casi en paralelo a la aparición del llamado grupo Matazetas en Veracruz y a dos años de que este diario documentara la existencia de El Grupo —un comando antisecuestro (MILENIO 05/18/2009)—, es la primera gran radiografía de un fenómeno poco estudiado en México.

Sus conclusiones se encuentran incluidas en un reporte publicado el 15 de septiembre pasado por el Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos (SSI, por sus siglas en inglés).

Ahí el mexicanólogo anota la aparición de lo que define como distintos “grupos de protección ciudadana” o sus prototipos en estados como Sonora, Guerrero, Chihuahua, Estado de México y Morelos, en respuesta, principalmente, a la violencia ligada al narcotráfico.

“Nacieron —advierte el investigador— para evitar los ataques de los extremadamente bien armados cárteles.”

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En su investigación titulada “La amenaza del creciente vigilantismo en México”, para la cual se basó en reportes de distintos investigadores mexicanos, comunicados emitidos por las propias organizaciones e informes en medios locales, Grayson documentó la presunta existencia de las siguientes células antinarco, grupos de protección ciudadana u organizaciones de la sociedad civil con un enfoque en directo contra de los cárteles:

* Ejército Popular Antinarco, aparecido en noviembre de 2008 en ciudades de Guerrero, Sonora, Morelos y Estado de México, con un liderazgo difuso y difícil de identificar.

* Juarenses por la Paz, basado en Ciudad Juárez. “Su liderazgo es del sector privado y su objetivo es combatir a los cárteles”.

* Comando Ciudadano por Juárez. Se le atribuyen la ejecución de seis presuntos delincuentes en 2008 y otra más este año al norte de Chihuahua.

* Empresarios Unidos, Escuadrón de la Muerte. Apareció en junio de 2008 en Ciudad Juárez y está integrado supuestamente por miembros del sector privado. El grupo se dio a conocer mediante un video en YouTube, en el que amenazó a secuestradores y criminales.

* Movimiento LeBaron: gestado en el verano de 2009 en Galeana, Chihuahua, por Benjamín LeBaron, en respuesta al secuestro de su sobrino. Su objetivo “es combatir la extorsión y los secuestros de los cárteles de la droga”. Critica el “fracaso” de las autoridades para proteger a su comunidad. En principio el gobierno estatal se comprometió a entrenarles en el uso de armas.

*Incidente de las Ratitas de Tepic. Varios presuntos delincuentes fueron torturados en 2009, según se muestra en un video subido en YouTube. “Los niños habían robado el departamento de una persona de oscura reputación. El dueño y sus secuaces no llamaron a la policía y prefirieron resolver el asunto por sí mismos”. Los torturados dijeron después que la policía les entregó al comando.

En cuanto al Comando Ciudadano de Juárez (CCJ), Grayson recordó que en su momento envió un comunicado a distintos medios informativos por correo electrónico. “Esa oscura organización aseguró estar financiada por empresarios locales hartos de los secuestros y la extorsión”, expuso.

Sus acciones: “El CCJ podría haber matado y apilado los cuerpos de seis hombres en octubre de 2008, dejando ahí un letrero: ‘Mensaje para todas las ratas (ladrones): esto continuará’. Este año otro cuerpo fue encontrado con la advertencia: ‘esto es para los que sigan extorsionando’.”

A manera de ejemplo, el reporte cita otro comunicado enviado por el CCJ en febrero de 2009, en el que un personaje apodado El Coma promete asesinar a un delincuente cada 24 horas con el argumento de que “ha llegado el tiempo para terminar con este desorden. Si los criminales están identificados, información puede ser enviada electrónicamente sobre los malosos que merecen morir (sic)”.

Grayson documentó otros casos de ciudadanos que han mencionado la posibilidad de la autoorganización, en respuesta a la violencia. “El 3 de diciembre de 2008 seis enmascarados detuvieron a Jorge y César M, cuando llevaban ganado, afuera de su rancho en Parral, una pequeña ciudad en Chihuahua.

“Los delincuentes asesinaron a César y secuestraron a Jorge. Su padre debió hipotecar la propiedad y pagar un rescate de 5 millones de pesos para obtener la libertad de Jorge. Cinco días después los rancheros locales comenzaron a reunirse con otros miembros de la comunidad para discutir la creación de una fuerza de auto protección.”

El reporte destaca el hecho de que en otros estados se han presentado movimientos similares: al menos otras dos bandas antinarco han enviado comunicados a los medios, uno en Sonora y otro en Guerrero, mientras el Ejército Popular Antinarco aseguró estar presente en cuatro entidades.

Víctor Hugo Michel