Rápido y…
Pablo Gómez
La Cámara de Diputados está obligada a elegir a los tres consejeros electorales que hacen falta en el IFE. Sobre esto no hay duda porque lo señala la Constitución. Sin embargo, esto no ha ocurrido y pocos se preguntan por qué. En cambio, se exige a gritos que los diputados elijan rápido a los consejeros faltantes para evitar —se dice así nomás— que se ponga en peligro la elección de 2012.
¿Acaso el IFE no puede funcionar con seis consejeros electorales? Sí, sí puede. El IFE no depende del número de consejeros electorales para ejecutar las tareas que la ley le confiere porque cuenta con un servicio profesional electoral y una junta ejecutiva que se hace cargo del trabajo práctico.
El número de nueve consejeros se decidió mediante un arreglo político entre los partidos para contar con un abanico amplio de pluralidad en la integración del Consejo General, pero no más. Lo que es indispensable en el IFE es que su órgano máximo funcione y tome las decisiones fundamentales. Esto se está haciendo.
El único problema es el de los empates en el Consejo General. Se ha dado una votación de tres a favor y tres en contra (las abstenciones no están permitidas), por lo que la decisión quedó postergada, pero se trataba del monto de una multa y no de una decisión que afectara la organización y funcionamiento del instituto.
Mientras tanto, en la Cámara de Diputados no hay acuerdo porque el PRI quiere proponer a dos consejeros de los tres que deben ser elegidos. Pero, ¿por qué el PRI quiere dos? Porque tenía dos de los tres que salieron recientemente. El problema de fondo es que el PRI es el único partido que cuenta con consejeros electorales que son miembros suyos. Aquí está la divergencia.
En octubre de 2003, el PRI (con su aliado el PVEM) propuso al consejero presidente y a cuatro consejeros con la idea de que actuaran como consejeros de partido. No siempre funcionó así, pero la verdad es que ésa era la intención. Al final, el PAN salió favorecido y llevó en los hechos al IFE a realizar transgresiones graves a la legislación electoral. Ahora bien, ¿qué es lo que hoy se quiere?
Con cuatro consejeros electorales, el PRI tendría mucha fuerza en tanto que los otros cinco no siempre actuarían de común acuerdo (como hoy no lo hacen los otros cuatro). Los aspectos principales que le preocupan al PRI son los relacionados con la protección de las televisoras y el respeto a las reglas vigentes sobre propaganda política, así como la vigilancia de las campañas, es decir, la aplicación de las normas que prohíben la denigración, etcétera. Un elemento importante será el tiempo de duración de los mensajes de los partidos, ya que el PRI quiere imponer su propia estrategia de propaganda en radio y televisión. Los temas de las sanciones a los partidos también le preocupan. Todos esos mecanismos de control dependen de decisiones del Consejo General, por lo que se entiende que un partido demasiado echado para adelante preste especial atención al respecto.
No es que la Cámara de Diputados no “quiera” por “irresponsabilidad”, o lo que fuera, elegir a los tres consejeros electorales, sino que no hay acuerdo hasta ahora porque se tiene que impedir que un partido tenga tantos representantes virtuales con voto, ya que en realidad no debería tener ninguno.
El método de voto-veto no se ha querido aplicar en San Lázaro porque eso podría llevar al PRI a modificar sus pretensiones. Es sencillo y se usa en muchos parlamentos: cada quien propone uno y los otros dos manifiestan su aceptación o rechazo hasta que finalmente queda el número que debe ser elegido. De esta manera, todos los elegidos resultan aceptables por los demás. Esta es la idea que se encuentra detrás de la regla de una elección a dos terceras partes de los diputados presentes. Es la que no se aceptó en la designación de consejeros de 2003. Ya vimos el resultado.









