Cuántas parejas más tienen que llorar la muerte de sus hijos antes de que se asuma en los hechos (no en los discursos siempre políticamente correctos) que la principal obligación de un Estado con responsabilidad social es otorgarle precisamente a los niños y niñas un ambiente seguro, calidad de vida, dignidad y futuro. Hasta qué punto vamos a tolerar que se haya renunciado, abdicado de la obligación gubernamental relacionada con el cuidado y la atención de lo más preciado —que son los niñ@s— bajo el argumento pueril de que es más barato subrogar un servicio y depositar en manos privadas (en las que siempre predominará el interés particular) lo que debe asumirse desde la perspectiva de lo público. Hasta cuándo vamos a aceptar que imperen los criterios de costo-beneficio en lo que deben ser considerados derechos básicos y universales a los que cualquier niño debe tener acceso por el simple hecho de serlo. En qué momento vamos a ponerle un hasta aquí a esta lógica salvaje que deja lo más importante al arbitrio del mercado, en lugar de garantizar con políticas públicas el predominio del interés superior de la infancia. Estas y muchas otras preguntas más se pueden formular a propósito de lo sucedido en la guardería ABC y también en otros casos como el de los niños desaparecidos de Casitas del Sur. En ambos, lo que está en el fondo, más allá de las responsabilidades directas, es la lógica adoptada hace tiempo de achicar al Estado, de traspasar a particulares los servicios/derechos relacionados con el cuidado, la salud, la educación, la seguridad, el bienestar de los niños mexicanos. Si algún sentido tiene todo este debate es precisamente ubicar el fondo del problema, colocar en el banquillo de los acusados a un Estado que hace mucho tiempo no cumple con sus responsabilidades. Obligarlo a dar un golpe de timón. Colocar sobre la mesa la definición de una política pública de gran aliento que convierta el ejercicio pleno de los derechos de la niñez en una realidad. Es darle contenido a un nuevo pacto social a partir de lo prioritario, de entender que una perspectiva de este tipo es la que permitirá prevenir, construir para el futuro, asegurarse de que los niños de hoy serán ciudadanos responsables y comprometidos el día de mañana.

Lamentablemente no es ese el enfoque que anima a nuestros gobiernos. Muy por el contrario, como lo acaba de establecer la Unicef (ni más ni menos) en su reciente informe “Los derechos de la infancia y la adolescencia en México”, los niños mexicanos están desprotegidos ante las diversas formas de violencia de las que son objeto (maltrato, explotación sexual, tráfico y trata, homicidio, etc.). Asimismo, señala que de los once millones que tienen entre cero y cinco años, 61 por ciento tiene pobreza patrimonial y 27.4 alimentaria (indicadores superiores a la media nacional) y, entre otros aspectos, en los servicios de cuidado infantil (cuando los hay, pues 90% en edad de requerirlos carece de esta posibilidad) se ha privilegiado un aspecto muy importante, pero no único, que es el de facilitar la incorporación de la mujer al mercado laboral. Mientras esto persista, nuestros niños no están seguros. Mientras el Estado considere que es más barato darle a otros lo que es su tarea (sin importar calidad, lo que también es un derecho) estamos sentenciando a millones a un futuro de incertidumbre, de violencia, de inseguridad. Les estamos cerrando los caminos. Los estamos condenando a ser las víctimas o los victimarios. Es momento entonces de un cambio. De confrontar la visión predominante que ha propiciado el desmantelamiento de las responsabilidades sociales del Estado (que, no hay que equivocarnos, inició con los gobiernos priistas), y que se ha traducido en dolor y muerte. Es tiempo de asumir que una política integral de protección, seguridad y cuidado (sobre todo en la primera infancia) es un asunto de Estado, de proyecto de país, de construcción de la república (la única posible) de iguales.

Ser… o neceser

De acuerdo con la diputada Leticia Salazar, de la Comisión de Asuntos Fronterizos, en lo que va de 2010 agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos han asesinado a diecisiete migrantes mexicanos. No hay duda de que de ahora en adelante hay que llamarla Murder Patrol.