Después de Vietnam y salvo los genocidios tribales africanos, se considera que la invasión rusa a Afganistán ha sido el conflicto bélico más cruento de la época contemporánea, donde en diez años de intervención armada murieron alrededor de 15 mil soldados soviéticos en una guerra irregular.

México, en sólo tres de administración calderonista, se acerca a 25 mil asesinados al fragor de una fallida guerra contra el narcotráfico, sin contar con la cifra negra de los desaparecidos cuyo número conservador en proporción de diez a uno, elevaría los guarismos a montos espeluznantes. Sin precedente mundial, sobra decir que un número creciente de víctimas son civiles (incluidos infantes) atrapados entre fuegos cruzados. Víctimas denominadas por los generales mexicanos con atroz anglicismo acuñado por el Pentágono en la invasión de Irak: “Daños colaterales”. “Son los de menos”, aclaró a todos el presidente Calderón sin despeinarse las pestañas.

El puro dato anterior, más la cifra real de los esforzados militares muertos en acción, ya debería mover a reconsiderar sin ambages esa política de militarización contra el narcotráfico. Una enfocada –sin tocar sus circuitos financieros– a su persecución armada, de manera incierta, por medio de un Ejército sacado a la calle en forma inopinada, desprovisto de una estrategia real que lo avale; y sobre todo sin una cobertura jurídica que no esté prendida con alfileres y lo ubique en constante riesgo de violar garantías individuales.

Dejando de lado numerosos señalamientos que la lucha está sesgada a favor de un cártel, el mismo término guerra empleado para esta política, mueve a inquietudes: ¿dónde está el frente, dónde la retaguardia? ¿Dónde se está salvo? Y sobre todo: ¿se está ganando o se está perdiendo? No hay parámetros salvo el terror creciente y generalizado. Con el enemigo a la vista sitiando plazas en el país e imponiendo su ley a sangre y fuego, el régimen responde obtuso: es que los narcos están desesperados... ¿¡Ellos!?

Por eso sorprende que en la prensa a últimas fechas, opinadores relevantes usualmente bien informados, se adhieran a una suerte de defensa del papel que ha jugado el Ejército mexicano en éste conflicto con argumentos tan tergiversados que hacen sospechar una campaña mediática, quizá emprendida por el mismo Gobierno para contrarrestar las críticas que llueven al por mayor. En modo análogo al emprendido por los voceros de la Iglesia que usan argumentos de estulticia para cegarse a la realidad de una pederastia inocultable, algunos columnistas descalifican por “insensatos” y hasta “frívolos” a quienes hacen pasar por el tamiz del análisis lo que están haciendo las fuerzas armadas del país y sus efectos entre la población. Haciéndose eco de esa campaña que solicita a la sociedad un cheque en blanco para ellas, el propio Calderón afirma que “se regatean sus méritos y sacrificios”.

Se trata de una moda: “criticar al Ejército se ha vuelto chic”, aducen ellos sí insensatos y frívolos. Quienes así opinan pasan por alto que la crítica no es per se a la institución o a sus elementos en particular, sino al hecho que siendo cuerpos armados entrenados por definición para usar la fuerza extrema, en numerosas ocasiones sometidos a las cruentas realidades de una guerra irregular urbana, transgreden el Estado de Derecho al que supuestamente están llamados a defender.

Es decir, elementos sin capacitación en conflictos civiles que no discriminan el axioma inaceptable de usar la misma lógica de violencia irracional del crimen organizado para perseguirlo. Un general llegó al exceso caricatural: “Si nos atacan con cohetes no vamos a responder con florecitas de derechos humanos”. Por supuesto que no, aunque no estaría mal que releyeran la cartilla que por reglamento los militares llevan consigo. Pero tampoco por citar sólo un caso, se trata de repeler sicarios imaginarios, como los que al parecer “vieron” los soldados (y nadie más) que atacaron a granadazos y con cientos de balas a la familia Almanza en la carretera Ribereña, aún cuando sus miembros salían gritando de su vehículo con niños en brazos que perdieron la vida en el suceso. El extremo ejemplar de lo que se ha vuelto moneda de cuño corriente es lo que declaró hace días un gobernador como Rodrigo Medina en NL: “No se tiene conocimiento de cuántos elementos de Seguridad Pública del estado fueron retenidos por la Marina Fuerza Armada de México” (¡!).

Reducida así su Procuraduría a virtual oficialía de partes de las Fuerzas Armadas, en el dicho del Ejecutivo sumiso está implícito que al menos en la circunstancia narrada y muchas otras semejantes, las órdenes de aprehensión ya son meras entelequias. Y polvo de otros tiempos aquello de que “nadie podrá ser molestado en su persona sin mandamiento judicial expreso”. Eso es lo que verdaderamente está en juego: la inexorable militarización de la vida civil con sus excesos en detrimento del orden constitucional. Que no se diga es una insensatez o una frivolidad alarmarse por ello.