La controversia constitucional fue promovida por la administración que encabeza el panista José Ángel Pérez, ante la creación de una Secretaría de Desarrollo Regional para La Laguna, que —acusa— invade funciones municipales.

La cancha del conflicto entre dos “equipos” gubernamentales por el control de la obra pública ya se extendió al territorio nacional y fue más allá de Coahuila. Ahora otro jugador entró de suplente para reforzar: Manuel Espino, dirigente panista, quien le dijo al gobernador coahuilense este sábado 4 de agosto que en la entidad se abusó, porque en la administración de Humberto Moreira Valdés se trata de suplantar las funciones de los gobiernos municipales, “como es el caso de Torreón”, administrado por José Angel Pérez Hernández, uno de los aspirantes más fuertes para la candidatura panista al gobierno coahuilense.

Tras avivar el fuego entre ambos equipos, sugirió, en Saltillo, dónde acudió para inaugurar el nuevo edificio panista,: “Tomen el camino del diálogo para resolver estas diferencias”.

Esas diferencias mantienen paralizada la obra pública con inversión estatal y municipal en Torreón, “la perla de La Laguna” y la que también es el objeto del deseo de un priismo que ha mantenido la hegemonía política en el estado norteño de Coahuila: un gobierno estatal, el control de la mayoría del Congreso local y de 29 de los 38 municipios.

Las desavenencias, por debajo de la mesa, comenzaron tras la creación de una Secretaría de Desarrollo Regional, encabezada por el candidato priista perdedor al municipio de Torreón, Eduardo Olmos Castro, y que atendería los municipios de Matamoros, Viesca, Madero, el perredista, San Pedro, y el panista, Torreón. La manzana de la discordia.

Moreira Valdés planteó la necesidad de desconcentrar la obra pública mediante la creación de esta secretaría para La Laguna, que no existía en el organigrama gubernamental de Enrique Martínez y Martínez su antecesor. La que fue llamada "supersecretaría" por columnistas locales, recibió el rechazó inmediato del panismo coahuilense. Entre ellos, el diputado federal Jesús de León Tello.

El asunto de fondo para el legislador es que Torreón demanda que se declaren inconstitucionales las reformas a la Ley de Administración Pública, que crearon la Secretaría de Desarrollo Regional de La Laguna porque se cedieron facultades que son exclusivas de los municipios.

Basados en esa percepción, los regidores del Cabildo de Torreón, sin el alcalde José Angel Pérez Hernández porque no estuvo de acuerdo en su momento, lanzaron una ofensiva contra el gobierno estatal a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su rechazo se tradujo en una controversia constitucional contra la creación de la secretaría de Olmos.

En su momento, hasta el mismo presidente municipal dudó que esta acción legal tuviera repercusiones más allá de un simple llamado de atención al gobierno estatal. Y así lo dio a conocer públicamente. Pero el 20 de julio de 2007, la Corte emitió su dictamen. Le dio entrada a la controversia y solicitó: “la suspensión para el único efecto de que a partir del momento de su concesión, el Ejecutivo del Estado y sus dependencias, suspendan las obras respectivas, hasta en tanto el ayuntamiento del municipio de Torreón las avale y en su caso firme con el gobierno del estado los convenios correspondientes.”

El alcalde tuvo un momentáneo ataque de amnesia: “La ley nos dio la razón”, afirmó cuando se le cuestionó sobre la controversia, a pesar de mostró su desacuerdo cuando se elevó la controversia ante la SCJN.

Enterado del problema, Moreira Valdés se replegó. El fantasma de otra controversia constitucional, el fantasma de Andrés Manuel López Obrador, le recordó al gobernador coahuilense que con la ley no se juega. Tampoco deseaba enfrentarse a un desafuero por desacato a la SCJN. De acuerdo con su asesor legal, Armando Luna Canales, sub secretario de Asuntos Jurídicos, ese era el escenario más próximo al que podía enfrentarse.

Moreira, en entrevista telefónica, detalló que tanto la construcción del Sistema Vial Centenario —una mega obra para desfogar y organizar la vialidad en el oriente de Torreón—, como la reconstrucción y demolición del Distribuidor Vial Revolución, construido en el sexenio de Enrique Martínez y Martínez y decretado como inseguro por especialistas de la Universidad de Nuevo León y de la UNAM- se paralizarían.

Ante la decisión, Humberto Moreira Valdes cuestionó la actuación del alcalde José Angel Pérez Hernández, “porque hicieron su travesura —la controversia— y pensaron que esto tendría repercusiones mediáticas, que nos iban a dar un coscorrón solamente.

"Estoy desconcertado. No sé si por una parte están acordando algo y se están moviendo en otro sentido. Me tomó por sorpresa, y cuando se pierde la confianza, ya no puede recuperarse”.

De entonces a la fecha, en la cancha han jugado los locales. Desde empresarios de peso específico como Pedro Luis Martín Bringas, miembro de una de las familias más influyentes de la región, y más recientemente el dirigente nacional del PAN, Manuel Espino, tienen una opinión. A favor o en contra, según sea la militancia partidista.

Las palabras de Martín Bringas reflejaron algo de lo que en las calles, los cafés y los bares, se dice: “Hay que traer a Ripley para que tome nota porque esto es increíble. El ex alcalde panista de Torreón, Guillermo Anaya, demostró que se pudo hacer obra en forma coordinada con el gobierno de Enrique Martínez y veníamos de un gobierno de Rogelio Montemayor que tuvo un trato vergonzoso con (Jorge) Zermeño, pero fue una experiencia de la que debimos haber aprendido. Zermeño —ex alcalde de Torreón— tenía la disculpa de que Rogelio no le ponía ni un cinco. No me interesa si el actual gobernador le quiere meter mucho dinero a Torreón porque quiere ser presidente de la República o senador; me interesa que le mete mucho dinero y es lo que nos beneficia. Y si es Eduardo Olmos o Juan Pérez el coordinador, no importa; aquí se trata de que debe haber un coordinador con el municipio”.

Lo cierto es que ante la decisión de la Corte ocho obras se mantienen suspendidas, por un monto global de 460 millones de pesos y por cada día que el Sistema Vial Centenario está parado los costos se disparan a razón de 45 mil pesos, de acuercon con el subsecretario de Obras Públicas, Gerardo Berlanga Gotés.

El capítulo más reciente tiene que ver con las interpretaciones al mandato de la Corte, el envío de una carta del municipio al gobierno estatal, donde le dan su anuencia para que continúen las obras suspendidas y la solicitud del ayuntamiento a la SCJN para que diga si la creación de la Secretaría de Desarrollo Regional violentó la autonomía municipal o no.

En tanto, las palabras de Olmos Castro, la manzana de la discordia, flotan en el ambiente: “No tengo la menor duda de que el alcalde José Angel Pérez tenga la mejor intención para su municipio. Es un hombre bien intencionado. Así como a mí me consta que el gobernador Moreira quiere lo mejor para Torreón, para La Laguna y el estado”.

La reflexión, atribuida al PRI, también queda: la política no debe ser conflicto permanente.

Marcela Moreno Casas Periodista y directora editorial de La Opinión MILENIO