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Fin de la vida privada del hombre público

Revista Closer
(Especial)

Un internauta del diario Le Monde ironizaba la semana pasada sobre al desliz de François Hollande en torno a la “escandalosa” intromisión en la vida privada del presidente francés —quejoso porque se hubiesen hecho públicas sus salidas nocturnas en moto para encontrarse con su amante—, cuando las calles de todo el mundo están saturadas de cámaras y los servidores de internet, los bancos, en fin, los gobiernos, son dueños de nuestros datos y movimientos, a disposición en todo momento, para hacerse públicos.

El internauta hacía ver que gobernantes y gobernados no son medidos con la misma vara ni quieren serlo. Y no lo son, sin duda, porque los ciudadanos así se los hemos permitido.

El débil presidente que ha sido François Hollande desde que tomó posesión hasta la fecha es aún incapaz de entender que los tiempos han cambiado y que sus escapadillas nocturnas, como las llamaría Ned Flanders, no pueden quedarse en el anonimato como si él fuese un monsieur tout le monde, tal y como se le llama en Francia a un “don nadie”, y no el hombre que fue elegido para gobernar a una nación —la segunda economía de la zona Euro—, que dijo que su presidencia sería “normal” y que prometió ante todo el país que cada acto suyo sería ejemplar.

No es la moral del señor presidente lo que los franceses juzgan con indignación, acostumbrados a lidiar con la libido de sus gobernantes, como sí lo fue en Estados Unidos, una sociedad conservadora y poco astuta para comprender la evolución del mundo, cuando se acribilló a William Clinton por una felación, sino la ligereza, torpeza y hasta estupidez de un presidente, Hollande, que se pone en riesgo, que pone en riesgo a sus compatriotas al ponerse en riesgo él, y que, en medio de una crisis de acción, credibilidad y corrupción de su gobierno (el caso más sonado, el de su antiguo ministro del presupuesto, Jérôme Cahuzac), le sobra el tiempo para distraerse o relajarse con una amiguita que conoció en campaña y le ayudó a promocionarlo, haciendo propaganda de él con videos en los que decía que era un hombre “verdaderamente formidable”, mientras el país vive horas bajas.

La polémica sempiterna sobre lo público y lo privado en la información, que apenas muy pocos estudiosos han sabido dilucidar, menos aun periodistas, y casi ningún gobernante —o ninguno—, debería quedar cerrada con una sentencia lapidaria: los presidentes no tienen vida privada, salvo cuando van al baño y duermen. Con una excepción: si cuando van al baño, encerrados en sus cinco metros cuadrados, consumen cocaína, entonces su acto privado, realizado en un lugar privado, en intimidad, silencio y soledad, debe hacerse obligatoriamente público. No por una cuestión moral, repito, sino porque al hacerlo estaría cometiendo al menos un delito.

En otras palabras, la vida privada de un funcionario público se acaba cuando interfiere con el interés común, el de quienes dice representar, de manera que ni todo acto privado realizado en un lugar privado, es privado, ni todo acto público, realizado en un lugar público es público (un ejemplo muy sencillo: no toda conversación de dos funcionarios públicos, en un restaurante —lugar público—, es un asunto público).

Hay varios estudiosos (Eduardo Novoa Monreal, Ernesto Villanueva, entre otros) que han explorado los límites y términos del derecho a la información y su acceso, si bien la discusión sobre la vida privada es un asunto decimonónico. El concepto del derecho a la vida privada tiene su antecedente en 1890, en Estados Unidos, y entonces era ejemplificado como el “derecho a ser dejado tranquilo”; ese derecho ha ido evolucionando, y se ha integrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y en el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, de 1966.

El sentido común y la ética han ido aclarando poco a poco la lectura que debe hacerse de esos derechos estipulados en constituciones y declaraciones universales, pero sobre todo, las obligaciones y responsabilidades de las personas a las que ampara.

Un presidente es inmune, pero no puede ser invisible, como lo pretende Hollande, cuya intimidad ha sido vulnerada precisamente porque el hecho de que un presidente tenga una amante incumbe a todos sus gobernados: ¿quién es?; ¿una actriz?, ¿una narcotraficante?, ¿una espía?, ¿una puta que le pagamos todos? Irse persiguiendo faldas, cuando se ocupa el más alto cargo público, con un guardaespaldas despistado que le lleva croissants, dejándolo a la buena de dios, es un asunto serio; un presidente que estudió leyes debería saberlo.

El argumento más manido utilizado por funcionarios públicos cuando los pillan en actos deshonrosos, inmorales, penosos e, incluso, delictivos, es la defensa de la vida privada —Dominique Strauss-Kahn, el ex patrón del Fondo Monetario Internacional y precandidato en ruina a la presidencia francesa, quiso hacer pasar una presunta violación en vulneración de su vida privada, algo así como:

“si violé, es un asunto íntimo”—; dicho argumento, en un mundo en el que domina la propaganda individual y la mentira, en el que todo se compra y todo se expone por cámaras en vivo, debe, sin duda, ponerse en tela de juicio.  

Juan Manuel  Villalobos

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