Ordenan a Ensenada informar sobre gastos de Subsemun

El gobierno municipal de Ensenada deberá informar sobre cuánto y cómo utilizó los recursos federales para la seguridad del municipio, o será sancionado.

Tijuana

El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) del estado, ordenó al Ayuntamiento de Ensenada, entregar información sobre los gastos ejercidos por la dirección de Seguridad Pública de ese municipio durante 2011 y 2012, a través del programa de Subsidio para la Seguridad de los Municipios (Subsemun).

La solicitud fue realizada por un ciudadano durante la administración pasada, encabezada por Enrique Pelayo Torres, quien pidió información sobre la cantidad de recursos federales asignados para la ciudad, cómo fueron ejercidos y el nombre de los proveedores contratados.

En respuesta, la dependencia municipal informó que habían recibido 98 millones 327 mil pesos, pero sin precisar en qué tiempos ni responder las demás preguntas, justificando que es información confidencial y que además no le corresponde tener, lo cual lamentó el presidente del instituto, Enrique Alberto Gómez Llanos.

"La información se refiere únicamente al desglose de productos y servicios comprados, mas no a la descripción de uno de ellos, información que podría clasificarse como reservada, sin embargo en este caso concreto esa información no pone en peligro la seguridad del Estado, además de que como dicen, es información pública de oficio, razón de ello de que debe ser entregada".

La consejera ciudadana del instituto, Bibiana Maciel, explicó que el solicitante, inconforme, pidió un recurso de revisión ante el ITAIP, quien finalmente resolvió este martes por unanimidad, modificar una de las respuestas y revocar el resto, ya que consideró que es inválido el argumento de la dependencia.

"La información no se reserva sino que se encuentra supeditada a la existencia de un acuerdo de reserva, esto es que no es suficiente para estimar una información como reservada el solo hecho de que el documento contenga una leyenda que lo clasifica como tal".

Durante la sesión los consejeros también acordaron que de no cumplir con la resolución el instituto entregará de oficio al Órgano de la Contraloría para que inicie un procedimiento administrativo en su contra, que podría terminar con una multa, despido o juicio político.