¿Quién es Jesús Alberto Capella Ibarra?

El dos veces titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en Tijuana fue nombrado este lunes como secretario de Seguridad de Morelos
Reconocen médicos de Tijuana a Capella Ibarra por mejora en seguridad
(Marcos Morales)

Tijuana

Jesús Alberto Capella Ibarra es un abogado tijuanense. De activista se convirtió en funcionario durante los años de mayor violencia de la ciudad. Un personaje sin carrera policial, que pasó de reclamar a las autoridades a dirigir la seguridad pública y que al finalizar su gestión en Tijuana dejó un repunte de homicidios que atribuyó a la transición de gobierno.

Fue dos veces titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) en Tijuana: de 2007 a 2008 y de 2010 a 2013.

Su segundo nombramiento, por parte del entonces presidente municipal, el priista Carlos Bustamante Anchondo, causó sorpresa porque en su primera gestión había sido destituido tras un fin de semana en que se registraron casi 40 homicidios en Tijuana.

Bustamante defendió la designación asegurando que a Capella se le debe que Tijuana recuperara los niveles de seguridad tras la ola violenta que registró entre el 2008 y hasta finales del 2010.

De abogado a "Rambo tijuanense"
Capella inició su carrera pública apenas dos años antes de volverse funcionario, primero como coordinador en Baja California del Consejo Ciudadano por la Transparencia y el Combate a la Corrupción, luego como consejero del Comité de Participación Ciudadana de la Procuraduría General de la República (PGR) y finalmente como presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California.

Ya como presidente del Consejo, -en 2006-, encabeza una serie de marchas multitudinarias donde los tijuanenses, vestidos de blanco, exigen a las autoridades acabar con la ola de secuestros, homicidios y asaltos.

Estas marchas fueron las primeras de su tipo en la ciudad y las primeras también en que la clase media y alta se manifestaba en las calles. Fue entonces que se daba una especie de éxodo de la clase pudiente, que se fue a vivir a Chula Vista, California.

Esta serie de protestas culminaron en una marcha de más de dos semanas a lo largo de todo el estado, en la que Capella y la sociedad civil organizada exigieron a las autoridades a frenar la delincuencia.

En su discurso, Capella denunció corrupción en las corporaciones policíacas y en el gobierno y al concluir el recorrido de 500 kilómetros instaló en Tijuana cuatro piezas de un rompecabezas con palabras que aludían a la seguridad y la paz, anunciando que las retiraría cuando se lograra el mensaje contenido en las esculturas de metal.

Luego de las marchas, Capella denuncia haber sido amenazado de muerte -presuntamente por miembros del cártel Arellano Félix-, amenazas que culminaron cuando un comando armado atacó a balazos su casa, el 27 de noviembre de 2007.

Según su recuento del ataque, el abogado-activista tuvo que repeler el ataque con un arma larga que uno de sus escoltas había olvidado en su casa, sin recibir apoyo de agentes municipales o ministeriales, cuyo cuartel está a menos de 100 metros de la casa donde vivía y que no acudieron a pesar de que se pueden escuchar los disparos.

Su historia de haber repelido un ataque armado solo y sin experiencia con el manejo de armas fue recibida con incredulidad por los medios y el público en general, por lo que no tardaron en apodarlo "el Rambo tijuanense".

Un mes después, el Cabildo de Tijuana lo nombra titular de la Secretaría y al teniente coronel Julián Leyzaola como director de la Policía.

Desconfianza
Su llegada al servicio público fue vista con recelo por la sociedad civil, que perdía un aliado, pero también por los policías que vieron con desconfianza la entrada de un civil sin carrera de policía a sus filas.

Una de sus acciones más controversiales fue la suspensión de policías municipales que no habían aprobado los exámenes de control y confianza; incluso fue acusado por el abogado de 33 de los agentes destituidos de haber contactado autoridades del Consulado de Estados Unidos en Tijuana, para que les retiraran las visas de turista a los policías suspendidos y a sus familias.

En diciembre de 2008, en medio de una ola de violencia resultado de la guerra entre cárteles y pasado un fin de semana con casi 40 asesinatos, Alberto Capella fue removido de su cargo como secretario y en su lugar quedó Julián Leyzaola, hasta el final del trienio del alcalde panista Jorge Ramos Hernández, en diciembre de 2010.

Leyzaola, militar retirado, con mano dura y vínculos cercanos con los mandos militares de la entidad, a quien se le ha atribuido la calma que siguió a este periodo y al mismo tiempo se le acusa de tortura de detenidos y agentes policíacos con presuntos vínculos con el crimen organizado, fue nombrado secretario de Seguridad Pública de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Queda al frente de la policía la mano derecha de Leyzaola, el capitán de Infantería del Ejército Militar, Gustavo Huerta, hasta que el 4 de octubre de 2011, el entonces presidente municipal de Tijuana, Carlos Bustamante, nombra a Alberto Capella como nuevo secretario de Seguridad Pública Municipal, por segunda ocasión.

A partir de entonces salieron los mandos militares, desde Gustavo Huerta Martínez, y el capitán Ricardo Hernández Garduño, quien había sido director de la Policía Municipal.

Dignificar la profesión
En su paso por la Secretaría, Capella asegura haberse rodeado de los elementos más capaces y también trajo su experiencia como empresario, vinculando a este grupo con los policías, cuya imagen pública estaba muy deteriorada.

Establece un programa de premios a policías honrados y detiene a policías sorprendidos en actos de corrupción.

Bajo su gestión también se dan los primeros arrestos a ciudadanos que intentan extorsionar a policías, porque bajo su óptica, son dos los que incurren en el delito y el ciudadano pocas veces vive las consecuencias de sus actos.

Los policías honrados reciben desde tarjetas de descuento en tiendas locales, hasta dos casas donadas por empresarios, que mostraron así su agradecimiento a policías honestos, quienes denuncian intentos de soborno o que reportan grandes cantidades de droga y dinero en efectivo encontrados en operativos.

A finales de su mandato, en Tijuana hubo un repunte de homicidios y de incidencia delictiva, resultando en 534 homicidios en Tijuana en 2013, cifra equiparable al total de homicidios en todo el estado (590) en el año anterior.

Cuestionado por el repunte, el nuevo jefe policíaco de Morelos lo atribuyó al cambio de gobierno -que inició el 1 de diciembre pasado-, y a los deportados que llegan a la ciudad de manera constante y al no tener trabajo se integran a filas de organizaciones criminales.