Durante décadas lucharon por su territorio, y sólo después de perder la mayor parte de la tierra que ancestralmente les correspondía, ya sea por despojo a manos de familias poderosas política o económicamente, o por vender para resolver sus problemas financieros, por fin lo anexaron al ejido El Porvenir y en los años 90, en una acción de buena voluntad, se oficializa como ejido San José de la Zorra.
Son casi 1 mil indígenas nativos del municipio de Ensenada, asentados en pequeñas comunidades del Valle de Guadalupe, que están excluidos del reglamento de la Ruta del Vino, y por años han sido relegados de la toma de decisiones.
Las comunidades que radican en San Antonio Necua y San José de la Zorra se rigen por un reglamento interno inscrito en la reforma agraria, pero al mismo tiempo mantienen diversas demandas penales por despojo de tierras e intrusión de vecinos en sus territorios.
Los ejidos habitados por indígenas Kumiai, una de las cinco etnias que poblaron Baja California, carecen de certidumbre jurídica para demostrar la legalidad de sus tierras, y la invasión amenaza zonas arqueológicas. Además, limita el área de esparcimiento de las casi 200 familias que sostienen un vínculo estrecho con los pobladores para no perder el lenguaje y tradiciones.
Según antropólogos, desde hace 4 mil años hay registros de la presencia de tribus de estas comunidades que se desplazaban desde el Valle de Guadalupe y Sierra Juárez hasta la costa. El ciclo estacional dependía del flujo de agua y alimento.
Ellos fueron los primeros indígenas en asentarse, después se formaron las misiones y por último las familias rusas que encontraron en el Valle el espacio para formar sus colonias.
Paula Vega, comisaria ejidal de San José de la Zorra, confiesa que hay un conflicto comunal en el que un grupo de personas pretende apoderarse de 5 mil hectáreas que le corresponden a los residentes, y por el momento tienen un polígono de 1 mil 782 hectáreas. En el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, en los años 50, cedió dichas tierras al Capitán de Indios José Manuel.
Claudia Morales Dominguez, comisaria de San Antonio de las Minas, calculó que el conflicto de las tierras tiene más de 11 años, y que todo desarrollo les afecta porque no hay agua para las familias de Necua.
En estos años han vivido en condiciones marginales, y en el 2004 obtuvieron un apoyo del gobierno federal con el que introdujeron un sistema de agua potable. Esta inversión detuvo la mortandad de indígenas que cada año fallecían por problemas de salud a causa de agua contaminada.
"La verdad yo no estoy bien informada de qué tanto nos afecta la problemática del agua. Nosotros lo que estamos pidiendo es más ampliación de red eléctrica y sobre todo tecnología para que los estudiantes hagan por internet. Que quieren cambiar las tierras, que van a poner casas, pero creo que van a poner para gente de dinero que va a hacer más pozos de agua", mencionó.
Casi el 90 por ciento de las mujeres vive de la elaboración de artesanías con materiales recolectados en sus tierras como barro, sauce, junco y semillas silvestres, mientras que los hombres son, en su mayoría, jornaleros.
A pesar de que fueron los primeros residentes de la región, por años han sido excluidos de la toma de decisiones. Aunque no se puede decir que el Valle fue alguna vez indígena, éste es afectado con los cambios, que no contemplan caminos vecinales, por ejemplo.
Laura Cota, miembro del Consejo de Desarrollo Sustentable del Noroeste, detalló que para las comunidades indígenas el peligro no sólo es por el despojo de sus tierras. Por años, quienes se las han arrebatado, también se apropiaron del agua y de los demás recursos naturales, dejándolos sin la materia prima de su trabajo.
"En algunos casos llegan rentando o llegan pidiendo la anuencia de la comunidad para poder internarse en territorio y ahora sí que le hacen como los sapos, se hacen más anchos y nos sacan de los espacios, ¿no? Como ocurrió con L.A. Cetto, como es con otras personas que de alguna u otra manera sí han entrado y se han quedado ahí", expuso.
Una de las irregularidades, a decir de Laura, son los permisos que otorgó la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para la sobreexplotación del recurso líquido en el Valle de Guadalupe, ya que para entregarlos debió existir un estudio territorial que los previniera sobre este problema, pero hasta la fecha se desconoce si las autoridades no sabían u omitieron la información.
